Cuestión no resuelta: los mecanismos que garantizarían la estabilidad de la democracia en una sociedad transformada son los mismos que garantizan la imposibilidad de transformarla, o al menos dificultan gravemente la transformación. En la práctica, las garantías democráticas son factores de estabilidad para cualquier sociedad. Para mantener su estructura profunda en el estado en que se encuentre.
Al conducir a una fragmentación de voluntades, y muy concretamente de las voluntades transformadoras, a las que esa fragmentación dota de sesgos particularistas, los poderes contrapuestos de la democracia garantista sirven sobre todo a los que tienen más fácil organizarse.
La percepción de esta dificultad no debe impedir la defensa de la democracia, como trasto inútil que hay que desechar si queremos llegar a otra sociedad. Pero sí debemos ser conscientes de que no se puede desmontar una estructura sin apoderarse de ella. Sabiendo que ofrecerá resistencia. En concreto, apoderarse de los poderes contrapuestos entre sí (contrapuestos sólo parcialmente), requerirá coordinación, primero contra cada uno de ellos; luego, coordinarlos en una nueva estructura, tarea que sólo un estado fuerte podrá llevar a cabo.
Porque en la fase transitoria podrán atrincherarse allí quienes tienen su interés en torpedear los procesos de cambio.
Sólo una perspectiva de clase bien fundamentada y que se coordine democráticamente para ser hegemónica en todos los aparatos del estado podrá cortar el nudo gordiano que ata falsamente a la democracia.
Jorge Ángel Hernández. Ogunguerrero.
Tradicionalmente, la historia de la Sociología Política ha relacionado la idea de Democracia con tres formas jerárquicas de aplicación:
1. La limitación de poderes a los aparatos de Estado, a través de la defensa de los derechos humanos fundamentales y el ejercicio soberano de la ley;
2. La jerarquía constitucional amparada en los valores morales, en el comportamiento ciudadano y sus direcciones éticas;
3. El carácter representativo popular del gobierno, la administración pública y los aparatos de Estado.
Ninguna, en rigor, ha conducido ni conduce a una transformación del modo de relaciones sociales. Es por eso que la idea de Democracia connota, en un ámbito simbólico social que la propia industria cultural ha generado, un acto de oposición al sistema socialista. El entramado teórico legitima aun la perspectiva de la clase dominante como perspectiva ideal de participación en sociedad.
Y así mismo ha ocurrido con la forzada yuxtaposición de los términos Estado de Derecho y Socialismo. Es decir, se consideran legítimas y redituables las normas del Estado de dominación clasista, dependiente a su vez de las relaciones monetario-mercantiles, e ilegítimas las perspectivas de transformación social de un Estado socialista que desate el nudo gordiano del capitalismo y reivindique al sujeto en su pleno derecho a la igualdad.
El Estado de Derecho, donde se interceptan los tres conceptos apuntados de práctica democrática histórica, se enmarca dentro de un modo de producción capitalista que, en última instancia, niega y enfrenta la posibilidad de un cambio de sistema de relaciones sociales y frena el curso de determinadas reformas que, por épocas, se introducen para legitimar su ejercicio de poder. Ya sea inclinando el punto hacia las relaciones de mercado, hacia los vínculos entre el Estado y la empresa privada, o hacia los marcos de participación política de la ciudadanía, el Estado de Derecho se halla limitado, en sus derechos fundamentales, por el estatuto de conservación del sistema. El equilibrio ecuacional entre libertad de expresión y libertad de mercado no es solo garante de patrones informacionales de percepción social, sino además un freno al desarrollo de nuevos estatutos que propicien la necesaria desaparición del Estado. La separación de poderes, que actúa más como una competencia entre individuos y que, en ese ámbito de competencia, segmenta abismalmente las ya limitadas posibilidades que de esta separación provienen, es un garante del ejercicio del poder desde la clase dominante, según sea el caso de las naciones que la aplican.
La teoría general acerca de la Democracia, salvo excepciones, ha ignorado los modos de la Democracia en la transición socialista, como lo pidieran los clásicos del marxismo y lo intentara, al menos en principio, Vladimir Ilich Lenin. El derrumbe de sus modelos, lastrados por deformaciones pero no vencidos en tanto sistema, ayudó a la desacreditación de toda forma de socialismo que se atreviera a proponer el cambio del sistema de relaciones sociales. Esta es, sin embargo, la base de las sociedades socialistas en transición que, a partir del triunfo de la Gran Revolución Rusa de octubre, tomaron el poder en sus respectivas naciones. Y es, por supuesto, un elemento de fondo que ninguno de los socialismos que se pongan en práctica puede darse el lujo de ignorar.
La limitación de poderes en el Estado de Transición Socialista Democrática no significa un mayor ejercicio de la democracia sino, por el contrario, un mayor grado de fragmentación de las instituciones rectoras de la sociedad. Con ello, los funcionarios estarán cada vez más tentados a limitar los marcos de actuación e incidencia de los ciudadanos en las esferas claves de la vida social, como ocurrió, en efecto, en sociedades que fueron separando las funciones del Estado del desarrollo de la sociedad como clase en el poder que trabaja para desaparecer en tanto aparato mediador del control. Al individualizar, sectorializar, o particularizar la legítima defensa del sistema de relaciones sociales, el socialismo europeo cedía ante los elementos del Estado de Derecho y, sobre todo, renunciaba a su propia agenda de valores políticos, sociales, culturales. Es un error lógico, aunque rectificable, del que el proceso revolucionario cubano no está exento.
Ciertos patrones de opinión, también con una lógica de reacción que hay que atender, proponen esfuerzos de desestatización que no siempre distinguen entre las circunstancias políticas del Estado de Derecho y las del Estado de Transición Socialista Democrática. Tanto el peso de la tradición del conocimiento en la sociología política, marcado por la legitimación burguesa de su Democracia, como las limitaciones ideológicas de la ideología socialista en el poder, frenan las posibilidades del Estado en periodo de transición y generan patrones de percepción que llevan a culparlo de prácticas administrativas anómicas y antisistémicas.
Sin embargo, cuanto más altos, intensos y profundos sean los poderes del Estado, más podrá adjudicar participación directa a la opinión pública, la sociedad civil, las instituciones jurídicas, administrativas y comerciales; más, incluso, podrá integrarse el debate acerca de las relaciones mercantiles en el interior del sistema. Y menos, además, se excluirán del proyecto socialista las influencias culturales diversas, los presupuestos éticos renovadores y las propuestas morales de reivindicación.
También, y es obvio, más podrá ese Estado acomodarse ante la tentación de trabajar dictatorialmente, sedentarizándose como una seudoclase social. O burocratizarse, atendiendo más a la racionalización burocratizadora que a la transformación revolucionaria que la propia práctica social exige. Y es lógico además que una pregunta clave surja: ¿Cómo ha de trabajar ese aparato de Estado Socialista en Transición Democrática para disponer de un alto nivel de poderes y conseguir, al mismo tiempo, que sobre sí mismo actúen los flujos diversos, contradictorios y hasta antisistémicos de la democracia participativa?
Es, desde luego, una pregunta cuya respuesta no está planificada ni puede, en rigor, planificarse. La práctica concreta debe dar los elementos de juicio para poder transformar el carácter utópico de los patrones perceptivos hacia la sociedad mejor, en un sentido práctico de mejoramiento humano, social e individual. De ahí que sean cada vez más necesarios los aportes de todos, en imprescindible ejercicio de transversalidad en el control social, y en inquebrantable vigilia de la sorda, permanente injerencia imperialista.
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