Alternativas a la crisis

El texto de Éric Toussaint propone una serie de alternativas concretas a la crisis que atraviesa Europa. Contiene 19 medidas inmediatas a tomar a escala financiera en general y de la banca en particular.

Más allá de esas medidas propone la socialización bajo control ciudadano del sector de banca y seguros. 

A continuación aborda las demás medidas a tomar para una salida de la crisis que sea favorable a la aplastante mayoría de la población:

• Detener los planes de austeridad.
• Anular la deuda pública ilegítima, insostenible, odiosa y/o ilegal.
• Anular las deudas privadas ilegítimas y/o ilegales.
• Aumentar los recursos de los poderes públicos legítimos. 
  
• Desarrollar y extender los servicios públicos. 
• Reforzar el sistema de jubilaciones por reparto.
• Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para garantizar el pleno empleo y adoptar una política de rentas para realizar la justicia social.
• Poner en cuestión el euro.
• Actuar a favor de una Europa diferente que implique reemplazar los tratados actuales vía un verdadero proceso constituyente de los pueblos. 

Se trata de propuestas susceptibles de debate. Las resumo a continuación.

Europa: Alternativas a la crisis

Éric Toussaint

Rebelión

MEDIDAS INMEDIATAS A TOMAR A NIVEL DE LAS FINANZAS EN GENERAL Y DE LA BANCA EN PARTICULAR

1. Reducir radicalmente el tamaño de los bancos a fin de suprimir el riesgo de «demasiado grande para caer» que representan los bancos sistémicos.

2. Separación de los bancos entre bancos de depósito y banca de negocios. Esto implica desmantelar los bancos universales (que mezclan las tareas de bancos de depósitos, bancos de negocios y seguros).

3. Prohibición de los productos derivados. Esto significa que los bancos y demás instituciones financieras que quieran cubrirse contra los riesgos de diferente tipo (riesgos de cambio, de tasas de interés, de no pago...) deben volver a contratos de seguro clásicos.  

4. Obligar a los bancos a demandar una autorización previa de sacar al mercado de productos financieros.

5. Prohibir las relaciones de crédito entre bancos de depósito y bancos de negocios. 

6. Separar las actividades de asesoría de las de mercado.

7. Prohibir la especulación. La adquisición por un banco u otra institución financiera de un bien material (materias primas, alimentos, tierras, inmuebles...) o de un título financiero (acciones, obligaciones o cualquier otro) con el objetivo de especular sobre su precio sería prohibida. 

8. ¿Quién debe asumir las pérdidas de los bancos? Hay que restaurar la responsabilidad ilimitada de los grandes accionistas. En caso de quiebra, su coste debe poder ser recuperado sobre el conjunto del patrimonio de los accionistas (personas físicas o jurídicas, esto es, empresas). El patrimonio global inferior a un cierto nivel, por ejemplo, como indicación, inferior a 300.000 euros, debe ser totalmente protegido. 

9. Exigir de los bancos un aumento radical del volumen de los fondos propios en relación con el total del balance. Frente a la situación actual, donde los fondos propios son en general inferiores al 5% del balance del banco, estamos a favor de elevar el mínimo legal al 20%.

10. Prohibición de los mercados financieros de mutuo acuerdo. Todas las transacciones en los mercados financieros deben ser registradas, trazables, reglamentadas y controladas. 

11. Poner fin al secreto bancario. Los bancos deben tener la obligación de comunicar todas las informaciones sobre sus responsables, sus diferentes entidades, sus clientes, las actividades que ejercen y las transacciones que realizan por cuenta de sus clientes y por ellos mismos. 

12. Prohibir las transacciones con los paraísos fiscales. Prohibir el trading de alta frecuencia y el shadow banking. Limitar estrictamente lo que puede ser puesto fuera de balance. Prohibir las ventas a descubierto y las ventas en corto.

13. Condiciones de trabajo, salariales, de empleo y tiempo de trabajo. Garantizar el volumen del empleo en el sector bancario y las condiciones de trabajo. Instauración de la igualdad completa de salario entre hombres y mujeres. Deberá haber una escala de los salarios de tal naturaleza que eleve los salarios más bajos y ponga un límite a las más altas rentas. Hay que prohibir el benchmarking y el lean management. 

14. Prohibición de la socialización de las pérdidas de los bancos y de las demás instituciones financieras privadas. Se trata de prohibir a los poderes públicos saldar con recursos públicos deudas privadas.

15. Persecución sistemática de los dirigentes responsables de delitos y de crímenes financieros.

16. Retirada de la licencia bancaria a las instituciones que no respeten las prohibiciones y resulten culpables de malversaciones.

17. Poner impuestos a los bancos. Los beneficios de los bancos deben ser sometidos estrictamente a las disposiciones legales en materia de tributación a las sociedades. En efecto, en la actualidad la tasa efectivamente pagada resulta claramente inferior a la legal, además de insuficiente. Se deben poner impuestos a las transacciones bancarias de divisas y de títulos financieros. También a las deudas bancarias a corto plazo, con el fin de favorecer la financiación de largo plazo. 

18. Salvar a los bancos de otra forma. Además de las tres disposiciones mencionadas más arriba: responsabilidad ilimitada de los grandes accionistas (sobre su patrimonio global), garantía de los depósitos hasta 150.000 euros, prohibición de poner deudas privadas a cargo de las finanzas públicas.

Se trata de crear un mecanismo de puesta en quiebra ordenada de los bancos con la creación de dos estructuras: un banco de separación de activos privado (a cargo de los accionistas privados y sin ningún coste para los poderes públicos) y un banco público hacia el que son transferidos los depósitos, así como los activos sanos.

Ciertas experiencias recientes pueden servir de fuente de inspiración, en particular la experiencia islandesa a partir de 2008.

19. Hay que reforzar los bancos públicos existentes y reinstaurarlos en aquellos países en que han sido privatizados (por supuesto sometiéndoles como todos los demás bancos a las medidas concretas mencionadas más arriba).

MEDIDAS DE SOCIALIZACIÓN FINANCIERA

1. Socialización del sector bancario bajo control ciudadano 

• Expropiación sin indemnización (o con como única indemnización simbólica de un euro) de los grandes accionistas (los pequeños accionistas serán indemnizados).
• Concesión al sector público del monopolio de la actividad bancaria con una excepción: la existencia de un sector bancario cooperativo de pequeño tamaño (sometido a las mismas reglas fundamentales que el sector público).
• Creación de un servicio público de ahorro, crédito e inversión estructurado en una red de pequeños establecimientos cercanos a la ciudadanía.
• Definición con participación ciudadana de una Carta sobre los objetivos a alcanzar y sobre las misiones a proseguir.
• Transparencia (contable) de las cuentas que deben ser presentadas al público de forma comprensible. 

La socialización del sector bancario y su integración a los servicios públicos permitirán:

• Sustraer a los ciudadanos y los poderes públicos del control de los mercados financieros;
• Financiar los proyectos de los ciudadanos y de los poderes públicos.
• Dedicar la actividad bancaria al bien común con entre otras misiones la de facilitar la transición de una economía capitalista, productivista a una economía social y ecológica.

2. Socialización del sector de los seguros y su integración en el servicio público, dada la imbricación entre las actividades de la banca y de los seguros en el seno de los bancos universales, y porque los grandes grupos aseguradores adoptan comportamientos tan aventureros como los bancos.

MEDIDAS PARA UNA SALIDA DE LA CRISIS FAVORABLE A LA APLASTANTE MAYORÍA DE LA POBLACIÓN

La reducción del déficit público no es un objetivo en sí mismo. Para reducir el déficit hay también que reducir radicalmente los gastos provocados por la devolución de la deuda pública, cuya parte ilegítima, insostenible, odiosa y/o ilegal debe ser anulada. En cambio es fundamental aumentar los gastos sociales. Para ello, hay que construir un amplio frente anticrisis y anti austeridad, tanto a escala internacional como local: 

1. Frenar los planes de austeridad: son injustos y profundizan la crisis. 

2. Anular la deuda pública ilegítima, insostenible, odiosa y/o ilegal.

• Deuda pública ilegítima: una deuda contratada por los poderes públicos sin respetar el interés general o en perjuicio del interés general.
• Deuda ilegal: deuda contratada en violación del orden jurídico o constitucional aplicable.
• Deuda pública odiosa: créditos que son concedidos a regímenes autoritarios, o que lo son imponiendo condiciones que violan los derechos sociales, económicos, culturales, civiles o políticos de las poblaciones afectadas por el pago de la deuda.
• Deuda pública insostenible: deuda cuya devolución condena a la población de un país al empobrecimiento, a una degradación de la salud y de la educación pública, al aumento del paro, incluso a la subalimentación. En definitiva, una deuda cuya devolución implica el no respeto de los derechos humanos fundamentales.
  

¿Por qué reducir la deuda pública? ¿Por qué el Estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda pública procediendo a la anulación de las deudas ilegítimas?

En primer lugar por razones de justicia social, pero también por razones económicas que cualquiera puede comprender y hacer suyas. Para salir de la crisis no hay que contentarse con relanzar la actividad económica gracias a la demanda pública y de las familias. Pues si nos contentáramos con una política así, de relanzamiento combinado a una reforma fiscal redistributiva, el suplemento de ingresos fiscales sería absorbido en gran medida por la devolución de la deuda pública. Las contribuciones que serían impuestas a las familias más ricas y a las grandes empresas privadas serían en gran medida compensadas por la renta que sacan de las obligaciones del Estado de las que son con mucho sus principales poseedores y beneficiarios (razón por la cual no quieren oír hablar de una anulación de la deuda). Claramente, por tanto hay que anular una gran parte de la deuda pública.

La amplitud de esta anulación dependerá de las características de la deuda de cada país, del grado de conciencia de la población víctima del sistema de la deuda (a este respecto, la auditoria ciudadana juega un papel crucial), de la evolución de la crisis económica y política, y sobre todo de las correlaciones de fuerzas concretas que se construyen en la calle, en las plazas públicas y en los lugares de trabajo a través de las movilizaciones actuales y futuras. En ciertos países, como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Chipre... la cuestión de la anulación de la deuda es una cuestión de la mayor actualidad. Para países como Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica, Austria, Reino Unido, Estados Unidos… la cuestión no se presenta (aún) hoy como un problema a resolver con urgencia. Pero, tarde o temprano, la mayor parte de los países se verán confrontados al carácter insostenible del pago de la deuda.

La suspensión de pago. Para las naciones ya sometidas al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea conviene recurrir a una moratoria unilateral de devolución de la deuda pública. Esta propuesta resulta popular en los países más afectados por la crisis. Tal moratoria unilateral debe ser combinada con la realización de una auditoria ciudadana de los préstamos públicos, que debe permitir aportar a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para el repudio de la parte de la deuda identificada como ilegítima. 

Rechazar los aligeramientos de deuda ligados a condiciones antisociales por los acreedores. Ni hablar de apoyar los aligeramientos de deuda decididos por los acreedores, debido a las severas contrapartidas que éstos implican. 

La auditoría debe permitir identificar a los responsables del endeudamiento ilegítimo, odioso, insostenible y/o ilegal. La auditoría ciudadana debe asimismo permitir determinar las diferentes responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables, tanto nacionales como internacionales rindan cuentas ante la justicia. 

¿Quién pagará la factura de la anulación de la deuda? En todos los casos posibles es legítimo que las instituciones privadas y los individuos de altas rentas que poseen títulos de esas deudas soporten el peso de la anulación de deudas soberanas ilegítimas, pues tienen en gran medida la responsabilidad de la crisis, de la que además se han beneficiado. El hecho de que deban soportar esta carga no es más una justa contrapartida para más justicia social.

Es pues importante identificar a los poseedores de títulos, a fin de indemnizar entre ellos a los ciudadanos y ciudadanas de pequeños y medianos ingresos. El mejor medio de identificar a los poseedores de deuda es suspender su pago pues deberán darse a conocer para pretender una devolución. Esto permitirá al Estado devolver íntegramente a los pequeños poseedores de títulos de deuda pública. 

Medidas complementarias sobre la deuda. Se podría definir una ratio de ese tipo: la suma asignada al pago de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del Estado.

3. Anulación de las deudas privadas ilegítimas y/o ilegales.

4. Aumentar los recursos de los poderes públicos y reducir las desigualdades mediante la instauración de la justicia fiscal.

Empréstitos públicos legítimos: 

Conviene definir una política transparente de empréstito público: 

1. El destino del empréstito público debe garantizar una mejora de las condiciones de vida, rompiendo con la lógica de destrucción medioambiental.

2. El recurso al empréstito público debe contribuir a una voluntad redistributiva a fin de reducir las desigualdades. 

Se hace preciso que las instituciones financieras, las grandes empresas privadas y las familias ricas estén obligadas por vía legal a comprar, por un montante proporcional a su patrimonio y a sus rentas, obligaciones del Estado al 0% de interés y no indexadas con la inflación.

El resto de la población podrá adquirir de forma voluntaria obligaciones públicas que garantizarán un rendimiento real positivo (por ejemplo el 3%) superior a la inflación. Así, si la inflación anual se eleva al 3%, la tasa de interés efectivamente pagado por el estado para el año correspondiente será del 6%. 

Es preciso que el Banco Central de cada país y el BCE (en el caso de los Estados miembros de la eurozona) financien el presupuesto del Estado a una tasa de interés cercana a cero.

5. Promoción y extensión de los servicios públicos.

Los servicios públicos deben recibir una dotación financiera suficiente para asegurar su misión y remunerar a sus asalariados de forma decente. Las remuneraciones, el estatuto del personal, la estabilidad en el empleo, las condiciones de trabajo deben ser mejoradas. El control ciudadano es también esencial para mejorar la calidad del servicio.

Hay que desprivatizar las empresas y los sectores que han sido entregados al sector privado. 

6. Reforzar el sistema de jubilaciones por reparto

Otra conquista fundamental del siglo XX, el sistema de las jubilaciones por reparto (el primer pilar) debe ser reforzado. Hay que eliminar progresivamente el segundo y tercer pilares. Hay que rechazar los retrasos en la edad de jubilación. Es perfectamente factible si el primer pilar es reforzado y si gracias a la reducción del tiempo de trabajo en todos los sectores y al refuerzo de los servicios públicos, se aumenta el número de empleos y, por tanto, el número de cotizantes al sistema de reparto.

7. Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para garantizar el pleno empleo y adoptar una política de rentas para realizar la justicia social.

De igual modo, hay que elevar significativamente el montante del salario mínimo legal, de los salarios medios y de las asignaciones sociales. En cambio, hay que fijar un techo muy estricto para las remuneraciones de los dirigentes de las empresas, ya sean éstas privadas o públicas,

8. Cuestionar el euro.
 

El debate sobre la salida del euro para una serie de países como Grecia es completamente necesario. Está claro que el euro es una camisa de fuerza para Grecia, Portugal, Chipre, Irlanda o también España. Si no concedemos aquí la misma atención que a las demás propuestas de alternativas es porque el debate atraviesa y divide tanto a los movimientos sociales como a los partidos de izquierda, y porque es necesario consagrarle numerosas páginas para recorrer el asunto. Si ciertos países salen del euro, deberán elegir entre una salida de derechas o una salida de izquierdas como señala Costas Lapavitsas. Nuestra preocupación central es reagrupar sobre los temas vitales mencionados más arriba, en particular las soluciones a proponer referidas a los bancos y la deuda, dejando de lado temporalmente lo que nos divide. 

9. Una Europa diferente: reemplazo de los tratados actuales vía un verdadero proceso constituyente de los pueblos.

• Suprimir los artículos 63 y 125 del Tratado de Lisboa, que prohíbe todo control de los movimientos de capitales y toda ayuda a un Estado en dificultades. 
• Abandonar el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. El MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) debe ser eliminado.
• Revisar completamente la política monetaria así como los estatutos y prácticas del BCE. Los gobiernos y la Unión europea, que han creado el BCE se han dotado de una herramienta suplementaria de destrucción de las conquistas sociales y democráticas.
• El BCE y los bancos centrales de los Estados deben poder financiar directamente a Estados preocupados por alcanzar objetivos sociales y medioambientales que integran perfectamente las necesidades fundamentales de las poblaciones.
• Derogar los tratados actuales y reemplazarlos por otros nuevos en el marco de un verdadero proceso democrático constituyente. 

Esto implica la elección de una asamblea constituyente por sufragio universal, seguida de un referéndum de aprobación del proyecto de nueva Constitución. Se tratará de llegar a un pacto de solidaridad de los pueblos para la democracia, el empleo y la transición ecológica.