Lawfare

Significa literalmente "guerra judicial" (contracción de los términos del inglés "law" y "warfare"). El lawfare es un libro recién publicado de Arantxa Tirado. Así lo presenta la editorial:

La oleada de gobiernos de izquierda que caracterizó a América Latina y el Caribe desde finales del siglo XX conformó un mapa geopolítico adverso a los intereses del sector público-privado estadounidense en la región. Para cambiar la correlación de fuerzas ha entrado en escena el lawfare o guerra judicial, un mecanismo aparentemente democrático y ajustado a derecho, por el que socavar el poder, la imagen y las posibilidades de reelección de los líderes de la izquierda. Poco se habla, sin embargo, del origen del lawfare como una estrategia de carácter militar, encuadrada en una guerra de amplio espectro, hoy denominada guerra híbrida, que busca, mediante la combinación de operaciones judiciales, mediáticas, políticas o económicas, la reconfiguración de la geopolítica hemisférica. Si en décadas precedentes los golpes de Estado clásicos sirvieron para impedir que la izquierda gobernante desplegara su agenda política desde las instituciones o, incluso, llegara a ocuparlas, hoy el lawfare ejerce una misma función, pero amparándose en la legalidad y manteniendo las apariencias democráticas. Asistimos, entonces, a la paradójica demolición del Estado de derecho en nombre de la ley.

Pero esta amenaza no se limita al territorio latinoamericano, que, como tantas otras veces, no ha dejado de ser un laboratorio de pruebas. Una vez confirmada la «eficacia» de esta nueva herramienta del sistema, ¿qué impide aplicarla en otros países? Y hay indicios muy cercanos que apuntan en esta dirección.

Esta estrategia de guerra utiliza el poder judicial para socavar el poder político, mediante lo que podemos calificar como "golpes de Estado en nombre de la ley", muy útiles para sojuzgar de forma aparentemente legal a quienes se salen del camino marcado.

En Latinoamérica tenemos ejemplos sobrados de esta utilización de los jueces para derribar gobiernos poco gratos a las oligarquías y, obviamente, a Estados Unidos. Con mayor o menor éxito se ha practicado en Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador, Honduras... y seguramente me dejo atrás varios países más. No han faltado jueces dispuestos a ello. Y como en toda guerra se utiliza la preparación artillera (el bombardeo de los medios afines) para "ablandar" las posiciones del enemigo.

También en nuestro país hay desde hace tiempo una clara guerra judicial. La permanencia en ejercicio de un Consejo General del Poder Judicial caducado desde hace más de dos años demuestra el interés de la derecha en controlar a los jueces y nombrar para las más altas magistraturas a quienes defiendan sus posiciones.

Los mecanismos judiciales de ataque y defensa son variados, desde manejar a conveniencia el freno o el acelerador de los procesos hasta utilizar la oportuna presencia de jueces de guardia afines para presentar querellas infundadas que, aunque luego no vayan adelante, quedan congeladas todo el tiempo que haga falta para utilizarlas como argumento contra la parte acusada. Como también se pueden dilatar los procesos que perjudican al Partido Popular...

Dos sentencias recientes muestran varas de medir muy diferentes. La condena de Isa Serra por participar en algo tan noble como frenar el desahucio de personas vulnerables (acusándola de violencia física y verbal, difícil de demostrar, mientras la fuerza pública practica, por lo menos, la física con gran contundencia) se contrapone a la casi simultánea absolución de Vox por un cartel canalla.

Analicemos ese cartel. En primer lugar, utiliza el término "menas" para sustituir a lo que verdaderamente quiere decir el aséptico nombre oficial: niños y adolescentes desamparados. Lo de que sean o no extranjeros sobra para cualquiera que no sea xenófobo. Es más, eso los coloca en una situación de acusada inferioridad.

En segundo lugar, el cartel contrapone la imagen de una adorable anciana con la de un facineroso, un siniestro bandido enmascarado

Por último, engaña descaradamente, comparando el coste bruto de una institución con la efectivamente miserable remuneración neta que reciben muchos jubilados. En mi ciudad, el convento de San Francisco y la Cruz Roja dan alimento a los menesterosos. ¿Responsabilizaremos a los pobres de los gastos de ambas instituciones?

El juez en cuestión, además, se permite la osadía de considerar que la existencia de estos menores constituye "un problema político y social". Un número insignificante de jóvenes (aunque preocupe a las comunidades autónomas acoger ocho o diez más) es culpable colectivamente de las fechorías de alguno. ¿Se dice lo mismo de otros colectivos, como los fontaneros, los taxistas o los turolenses?

El carácter abiertamente reaccionario de una parte significativa de los jueces, heredado de la dictadura y que no fue modificado en la transición, se acentúa en las más altas magistraturas, al calor de los nombramientos para ellas de magistrados afines a los partidos gobernantes. El poder judicial aparece así como una barrera contra las políticas que no gusten a los poderes económicos y mediáticos.

El artículo que recojo, escrito inmediatamente después de constituirse el gobierno actual, profetizaba la guerra total de las oligarquías para, utilizando la terminología taurina, "parar, templar y mandar" al ejecutivo, hasta embotar iniciativas que mermaran su dominio. Con el poder judicial como arma principal.

Lawfare contra el nuevo Gobierno

Ignacio Escolar

30 de diciembre de 2019, 22:26h

Va a ser la oposición más descarnada de las que hasta ahora hemos conocido en la reciente historia democrática

Esta oposición no va a utilizar únicamente el Parlamento. Su principal arma va a estar en los juzgados

 

La ambición programática del nuevo Gobierno es directamente proporcional a la virulencia de los enemigos declarados en su contra. Los planes fiscales, laborales, feministas, laicos y medioambientales que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaron este lunes van a crear otra coalición enfrente: la de tantos poderes económicos, políticos y mediáticos que están hoy muy incómodos ante estas reformas. No se van a quedar de brazos cruzados y la resistencia va a ser descomunal. Va a ser la oposición más descarnada de las que hasta ahora hemos conocido en la reciente historia democrática.

Esta oposición no va a utilizar únicamente el Parlamento. Su principal arma va a estar en los juzgados.

Quédense con un término que va a ser clave para explicar esta legislatura: el 'lawfare' o guerra jurídica. Un neologismo inglés que viene de fusionar las palabras 'law' (ley) y 'warfare' (guerra). Esa warfare consiste en judicializar la vida política para paralizar al Gobierno. Es un intento de ganar en los tribunales lo que no se logró en las urnas. Es una quiebra de la separación de poderes, donde el poder judicial se extralimita y asume funciones que no le corresponden, con el apoyo de los poderes económicos y de los medios de comunicación.

En los casos más extremos de Lawfare –como la conspiración judicial contra Lula en Brasil– las togas sustituyen a los tanques.

Este lunes tuvimos un primer ejemplo: la amenaza de PP, Ciudadanos y Vox de denunciar ante los tribunales un supuesto delito de revelación de secretos cometido por el Gobierno por la aún más supuesta filtración a ERC del contenido del informe de la Abogacía del Estado sobre Junqueras.

Poco importa que no haya evidencia alguna de que tal cosa haya ocurrido. Poco importa también que tal informe no sea secreto alguno ni afecte a la intimidad de nadie. Poco importa que sea imposible cometer un delito con su filtración porque, cuando en teoría se produjo tal cosa, no estaba aportado al procedimiento judicial de una causa que, además, no está secreta. No hay por dónde coger ese supuesto delito pero eso no ha impedido, en otras ocasiones, que se abriera una causa penal. Da igual si luego queda en nada. Una de las premisas de la lawfare es que una imputación es, por sí misma, una pequeña condena.

¿Recuerdan el famoso caso del incendio en Guadalajara donde murieron 11 personas por un cambio inesperado en el viento? Una juez muy cercana al PP impulsó una enorme causa penal donde llegó a imputar a 15 políticos y altos cargos del PSOE en un enorme y costoso proceso penal que duró 7 años. Al final, solo hubo un condenado, el único responsable real del incendio: el excursionista que provocó el fuego con una barbacoa.

Aquel caso lo impulsó Concepción Espejel. "Querida Concha", como la llamaba María Dolores de Cospedal, que llegó a condecorarla. Espejel, pese al enorme ridículo de aquel proceso penal, hoy está en la Audiencia Nacional, promocionada por los vocales nombrados por el PP en el CGPJ.

Espejel fue apartada del caso Gürtel por sus propios compañeros por su evidente afinidad con el PP. No ha sido un problema en su carrera. Al contrario. Es muy posible que pronto llegue a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Un Tribunal Supremo, conviene recordarlo, donde todos y cada uno de los jueces llegan por nombramientos políticos de los vocales nombrados por los partidos. Y donde el PP hace décadas que se afana por colocar a sus mejores hombres.

La colonización de la cúpula de la justicia por parte de la derecha va a ser clave en esta legislatura. Y no descarten que la primera turbulencia llegue antes incluso de que se logre la investidura.

Este viernes, la Junta Electoral Central (JEC) tiene que decidir si inhabilita a Quim Torra y también a Junqueras. El PP, que ha impulsado ambas peticiones, no oculta su verdadero objetivo: hacer descarrilar la investidura. Lo confiesa de forma pública en Twitter la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo: "Si alguna de las dos peticiones del PP y Ciudadanos contra Torra y Junqueras fueran favorables, ERC tendría muy mal colaborar en la investidura". Como explicaba Elisa Beni en su artículo de este domingo, más claro imposible.

Porque si Torra es inhabilitado cuando aún no tiene una condena firme llegará un maremoto en Catalunya. Si tal cosa ocurre, tendrá que ser el president del Parlament, Roger Torrent, de ERC, quien aplique esa decisión de la JEC porque es dudoso que Torra vaya a dimitir diga lo que diga este organismo administrativo al que ya le sale gratis desobedecer –le supondría otra condena de inhabilitación, como la que ya tiene–.

La JEC, hay que recordarlo, es un organismo administrativo, no judicial, aunque esté formado en una parte por jueces del Supremo y también por representantes de los partidos –el PP tiene dos; PSOE, Ciudadanos y Podemos, uno cada uno–.

La condena de Torra, hay también que recordarlo, no es por rebelión, sedición o corrupción: es por negarse a retirar unos lazos amarillos de los edificios públicos, como pedía la propia JEC.

Para sacar a Torra del juego –y, como carambola, a Pedro Sánchez–, PP y Ciudadanos han recurrido a una ley diseñada contra ETA, uno de esos atajos legales de dudoso encaje constitucional y que durante años se toleraron en España contra el terrorismo. ¿Puede un organismo administrativo derrocar a un presidente autonómico por una condena menor antes siquiera de que se pronuncie el Tribunal Supremo y la sentencia sea firme? Puede. Cosas más increíbles hemos visto.

A la primera la derecha fracasó en su intento. La Junta Electoral de Barcelona se negó a inhabilitar a Quim Torra con argumentos bastante razonables. La diferencia este viernes es que el PP juega en casa. La actual JEC cuenta con una mayoría conservadora. Es la misma Junta Electoral Central que no vio problema alguno en la campaña de guerra sucia en redes del PP, pero a la que le pareció indignante que Pedro Sánchez usara La Moncloa para sus entrevistas de campaña –exactamente igual que hicieron todos los presidentes anteriores–.

Esta legislatura no será la primera en la que la derecha utilizará los tribunales, con todo su poder, para intentar bloquear al nuevo Gobierno. Ya pasó antes, con la guerra judicial desatada contra José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2004 y 2008, el PP presentó 26 recursos de inconstitucionalidad. Mariano Rajoy, entonces en la oposición, llevó al Tribunal Constitucional prácticamente todas las leyes que perdió en el Parlamento. Era una forma de desgastar al Gobierno, como demostró después el propio Rajoy cuando llegó al poder con mayoría absoluta y mantuvo muchas de las leyes que había recurrido ante el TC, como la del aborto o la del matrimonio igualitario.

Esa legislatura también fue la de la conspiración del 11-M, cuando el PP acusaba al PSOE de estar detrás del atentado más sangriento de la historia de España, con el apoyo de varios medios de comunicación, que se sumaron a esta infamia para desgastar al Gobierno y vender periódicos.

Son los precedentes de lo que nos espera a partir de 2020: el infierno es el límite. No habrá escrúpulo alguno para intentar tumbar al futuro gobierno a cualquier precio. El argumento –ya lo están creando– es el de presentar esta coalición y este acuerdo con ERC como una enorme traición ante la que todo vale.

Es en ese lenguaje de la traición –y no en sacar a los muertos de las cunetas– donde reside el auténtico guerracivilismo.

Pero el nuevo gobierno, hay que subrayarlo, es plenamente legal y legítimo. Porque los votos de la izquierda o de los nacionalistas valen exactamente lo mismo que los que votan a la derecha y suman más en el Parlamento. La soberanía popular está por encima de sus soflamas. Es la esencia de esa Constitución que citan a todas horas y solo les preocupa en la parte de la unidad de España.

Por eso el nuevo Gobierno hace muy mal en esconderse de la prensa en el día en que anuncia su programa. No solo porque la transparencia sea obligada para cualquier representante público. También porque se coloca a la defensiva, a pesar de contar con la razón y con los votos.

A continuación, la reveladora conferencia de Javier Pérez Royo "Cataluña, España: Los porqués de un desorden constitucional" pronunciada en abril de 1919, dentro del ciclo Diálogos sobre Cataluña organizado por el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Salamanca.

El conferenciante no duda en calificar como "golpe de Estado judicial" la "exitosa" impugnación del nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña, una  vez que había sido pactado entre las correspondientes comisiones de los dos parlamentos, aprobado en ambos y sometido a referéndum. De este modo, un órgano destinado a vigilar el cumplimiento de la Constitución pasaba por encima de la propia Constitución. Las consecuencias de aquel acto desencadenaron la furia independentista, con consecuencias todavía imprevisibles. Bien es cierto que los partidos gobernantes en España y Cataluña alimentaron la pugna para desviar la atención de sus propias vergüenzas.

Distingue Pérez Royo entre los procesos de aprobación de las leyes y las constituciones. Las primeras no requieren consulta a todos los ciudadanos, sino su voto delegado en los parlamentarios. Imaginemos por un momento que cada una de las leyes que se emiten continuamente requirieran informar detalladamente sobre ellas a todos los ciudadanos para pedirles luego su opinión bien informada y formada.

No ocurre lo mismo con las constituciones, como bases del funcionamiento parlamentario. Ellas sí requieren el refrendo popular. Siendo los estatutos de autonomía el fundamento del parlamento correspondiente, corresponde la decisión a quienes serán afectados por la leyes que emitan.

Así lo entiende la constitución española vigente, y así se ha procedido en la aprobación de todos los estatutos de las comunidades hasta esta ocasión. Quienes la redactaron entendían que el acuerdo entre los órganos legislativos central y autonómico garantizaba la legalidad, y que solo faltaba su aprobación en referéndum para que entraran en vigor.

El CGPJ entró en aquel proceso como elefante en cacharrería. Situar a este órgano como supremo decisor en un proceso impecablemente acorde con la Constitución, creando de paso un agravio comparativo, llevó a muchos catalanes a pensar que, siendo la Constitución un aparato irreformable, su única salida era la vía de escape hacia la independencia.

La decisión del órgano supremo de los jueces significa que se coloca simultáneamente "por encima" de los otros poderes del Estado y "por debajo" de los intereses partidistas de quienes los nombraron.

Si la Constitución hace imposible un referéndum de autodeterminación, sí permite que se vuelva al camino abortado por el golpe judicial para acordar una solución pactada que satisfaga a todas las partes. Así lo afirmaba el profesor Pérez Royo y esa parece ser la decisión del Gobierno.

¿Es efectivamente irreformable la Constitución? Tal parece, dada la necesidad de que para hacerlo se pongan de acuerdo los dos grandes partidos, y son muchos los casos en que la mayoría necesaria se convierte en una minoría de bloqueo.

Sin embargo, dejando a un lado el mínimo retoque sobre la sucesión en la Jefatura del Estado, se ha modificado ya dos veces en aspectos importantes. La primera, para adaptarla al Tratado de Maastrich, la segunda, para priorizar el pago de la deuda sobre cualquiera otra consideración.

Paradójicamente, en ambos casos no han decidido los cambios los nacionales, sino los extranjeros. La Unión Europea puso obedientemente firmes a los partidos mayoritarios.

La exigencia de un acuerdo muy improbable entre los grandes partidos para cualquier alteración convierte esta "carta magna" en efectivamente irreformable, dando un punto de razón (sólo un punto) a los argumentos independentistas. Y señala el profesor que es un caso anómalo entre la mayoría de las constituciones, que evolucionan adaptándose a nuevas circunstancias.

O estallan.