Rob Wallace, en su libro Grandes granjas, grandes gripes, que ha editado en España Capitán Swing, deja un revelador testimonio sobre el derecho a la intimidad, uno más de esos derechos de geometría variable.
Ya me he referido a este libro en alguna otra entrada, y continuaré haciéndolo, porque el tema de las zoonosis es paradigmático, al mostrar qué intereses, los que más fácilmente se trasladan a la contabilidad, son prioritarios, mientras que otros, por constituir en ella externalidades, se ignoran.
Y no es que las consecuencias sean imposibles de trasladar a las cuentas, sino que esas cuentas no inciden rápidamente en el día a día al que las otras están férreamente atadas.
Sucede como con los derechos (a la vivienda, al trabajo...) abstractamente enunciados en nuestra actual Constitución: aplazadas sine die las leyes que podrían haberlas desarrollado, su incidencia práctica es nula. En realidad, toda la palabrería sobre limitar el calentamiento global o proteger la biodiversidad adolecen de la misma falta de concreción.
Ahora quiero señalar el comienzo de un capítulo del libro citado, en su parte sexta, pág. 445, que muestra cómo los perjuicios fácil e inmediatamente contabilizables de los grandes propietarios de la agroindustria se protegen mucho mejor que los causados a la humanidad entera, cuyas consecuencias, debidas a la externalización de los riesgos a un espacio exterior y a un tiempo indefinido, pueden aplazarse sin que los guardianes del derecho tengan posibilidades de aplicar con la misma contundencia la debida protección.
Los ciudadanos tienen difícil proteger su derecho a la intimidad. Ni siquiera pueden llegar a saber cómo y cuándo han sido violadas "en aras a un interés superior".
Pero las corporaciones, en cambio, tienen derecho a saberlo y a impedir lo que podría suponer en algunos casos un desastre para sus cuentas.
Átame estas "sociedades de derecho" (económico) por el rabo.
Actualidad porcina |
Protegiendo la intimidad del H3N2v
The Guardian publicó una serie de asombrosos artículos sobre el alcance de la vigilancia a la que la Agencia Nacional de Seguridad ha estado sometiendo a ciudadanos estadounidenses y a otros millones de personas en todo el mundo.
Los defensores de esos programas, entre los que se cuenta el presidente Obama, han asegurado que la recopilación secreta de nuestros metadatos de Internet y de teléfono ─cuándo, dónde y con quién nos conectamos─ se efectúa para nuestra propia protección.
Debo decir que como epidemiólogo evolutivo, me parece una defensa fascinante, aunque solo sea porque varios intentos de elaborar geografías de gripes mortíferas han fracasado debido a que Gobiernos de todo el mundo, incluido el de Estados Unidos, se han negado a proporcionar lugares y fechas de brotes en el ganado.
Es como si el derecho a la intimidad de esos virus ─y en realidad de las granjas desde las que se propagan─ estuvieran mejor protegidos que los de las poblaciones a las que los epidemiólogos pretenden aparentemente proteger.
Como explica Helen Branswell, la tipificación de las cepas y la secuenciación Genética de los patógenos que efectúa la Red Nacional de Laboratorios de Salud Animal en Estados Unidos, incluso en varias universidades públicas financiadas con fondos federales, sigue siendo algo estrictamente confidencial a lo que solo puede tener acceso la industria ganadera.
Paul Sundberg, vicepresidente de ciencia y tecnología de la Junta Nacional Porcina explica:
Los cerdos son propiedad del granjero. Y lo que suceda con sus cerdos es asunto del granjero, no del Gobierno, siempre y cuando la infección que se produzca en esos cerdos no sea lo que se denomina una enfermedad del programa que se considere un riesgo para la cabaña nacional.
Como si solo surgiera una nueva pandemia cuando se infectase primero toda la piara nacional.
Cuando llegó la gripe porcina H1N1 (2009), claramente procedente de cerdos industriales, los productores de cerdos, preocupados por los efectos de la mala publicidad en el balance final, dejaron de enviar muestras. Para poder conseguir algún tipo de cooperación de la industria, los Centros para el Control de Enfermedades y el Departamento de Agricultura introdujeron el anonimato.
Cualquier virus que se encontrara, y hasta los datos que describieran en qué granja o incluso en qué condado se había producido un brote, solo se pondrían a disposición de una red más amplia de científicos con el permiso del productor afectado. Pero, por regla general, los investigadores solo pueden saber en qué estado se encuentra el virus y datos triviales, como se desprende del incompleto aunque heroico trabajo de Eddie Holmes y Matthew Scotch.
En otras palabras, el Gobierno federal de un gran país industrial no se le permitirá disponer ─mucho menos a alguien más─ de los datos geocodificados necesarios para determinar dónde podría surgir un brote de gripe pandémica mortífera dentro de sus propias fronteras, una eventualidad que los expertos llevan mucho tiempo asegurando que podría matar a cientos de millones de personas en todo el mundo.
Y sin embargo, nos enteramos ahora de que algunos programas de la Agencia Nacional de Seguridad, como Boundless Informant y PRISM, han rastreado millones de llamadas y correos electrónicos privados, y hasta la dirección IP, incluyendo en algunos protocolos el contenido de la comunicación.
(Publicado originalmente en Farming Pathogens el 19 de junio de 2013)
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