Sobre servicio público y lucro privado

La mano que les enriquece

Artículo de Jónatham F. Moriche, miembro de ATTAC, que aparece publicado en su blog y en diversas lugares de Internet. Yo lo he tomado de Kaosenlared.

No cuelgo esto para poner en la picota a un personaje concreto. Es sólo un ejemplo significativo de cómo el capital teje redes inextricables con la política en nuestras "democracias", mediante el mecanismo que se ha llamado muy gráficamente "de las puertas giratorias".

Por ellas entran y salen rápidamente, y a menudo varias veces, del campo de las políticas públicas al de las grandes corporaciones privadas, sin que, pese a sus declaraciones de independencia y honestidad en la gestión, pueda creerse que pongan el interés general por encima de sus intereses particulares. El artículo y los numerosos enlaces a que se puede acceder desde él son significativos.

Como señala el autor, seguramente ni Solbes ni los otros personajes sobradamente conocidos a los que cita han cometido ilícitos penales. "Y precisamente es la plena legalidad de esta íntima relación entre servicio público y enriquecimiento privado la que demuestra hasta qué punto nuestro sistema político está profundamente corrompido por el poder, nunca democrático ni solidario, del gran dinero y las corporaciones y élites que lo manejan".

Dureza para el pueblo y regalo y blandura para sí mismos.

Pedro Solbes nació en Pinedo (Valencia) en 1942. Tras licenciarse en Ciencias Políticas y Derecho, ingresó en la administración como Técnico Comercial del Estado en 1968 (año, por cierto, en el que arranca una brutal escalada represiva del régimen franquista contra el movimiento universitario, que alcanzaría en forma de encarcelamiento, exilio, tortura o asesinato a miles de jóvenes españoles de su misma edad y, posiblemente, mayor compromiso político democrático). Desde 1973 forma parte los equipos negociadores para la entrada de España en la Unión Europea (entonces aún Comunidad Económica Europea), ocupa importantes cargos técnicos en los gobiernos de Calvo Sotelo y Felipe González, y se convierte en 1985 en Secretario de Estado para las relaciones europeas. Ha sido desde entonces ministro en cuatro gobiernos del PSOE (dos de Felipe González, dos de José Luís Rodríguez Zapatero), diputado en Cortes y Comisario Europeo de Asuntos Económicos, sumando más de 30 años ininterrumpidos de actividad en primera línea de la vida política española y europea.

Inflexible timonel de la adaptación de la economía española al Tratado de Maastritcht y la moneda europea, el pensamiento económico de Pedro Solbes ha sido siempre fiel a los principios elementales de la ortodoxia neoliberal: privatización de bienes y servicios públicos, desregulación de la actividad económica y el mercado de trabajo, austeridad en el gasto público... Como ministro de Economía con Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009, ha promovido la orientación neoliberal con que el gobierno socialista español encaró desde primera hora la respuesta a esta crisis: rescate de entidades financieras con cargo al erario público, privatización de bienes y servicios de titularidad estatal, flexibilización del despido o recortes en protección social,... (Medidas que se confirman como actual doctrina económica oficial de la UE con el llamado Pacto del Euro, duramente criticado por economistas críticos y movimientos sociales, y contra el que cientos de miles de indignados ciudadanos y ciudadanas se manifestaron por todo el país el pasado 19 de julio, tras mes y medio de protestas multitudinarias y diversas -marchas, acampadas, asambleas...- convocadas por el llamado movimiento 15-M que han sacudido la vida pública española).

Pedro Solbes abandonó en 2009 el gobierno socialista. Durante los dos años sin actividad empresarial privada que prescribe la ley de incompatibilidades, se ha desempeñado como asesor de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional (en el mismo momento en que ambos organismos lanzaban reiteradas advertencias a España para que abaratase el despido, bajase los salarios, recortase los servicios públicos y socorriese a la banca privada). En abril de 2011, ficha como consejero del gigante energético italiano Enel (el mismo que, durante su mandato como ministro de Economía, fue autorizado a adquirir el 92% de la española Endesa). Un mes después se convierte también en consejero de Barclays Bank, una de las mayores entidades financieras del mundo. Cobrará 300.000 euros anuales (mientras Barclays España, por cierto, prepara en este momento el despido del 20% de su plantilla, 700 trabajadores). Su función será asesorar al gigante financiero británico en la adquisición de cajas de ahorro españolas (las mismas cajas cuya privatización él mismo ha impulsado desde los gobiernos de que ha formado parte).

En 2009, el Partido Liberal presentó ante la prensa evidencias de que Barclays había evadido el pago de unos 1.100 millones de euros al fisco británico mediante el uso de ingeniería financiera en paraísos fiscales (sobre los que el gobierno socialista español ha lanzado algunas diatribas, pero contra los que al final no ha emprendido acción efectiva alguna). Además, Barclays es la segunda entidad bancaria que más deuda pública española atesora (más de 5.000 millones de euros), a la vez uno de los principales clientes de esas agencias internacionales de calificación de riesgos (o “agencias de rating”: Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch Ratings) que durante los últimos años han atacado sin descanso a la economía española mediante sucesivas valoraciones a la baja de su deuda pública (y son por ello en este momento objeto de diligencias previas en la Audiencia Nacional por prácticas fraudulentas y manejo de información privilegiada, tras la querella presentada en ese sentido por ATTAC, IU y otras organizaciones).

Es rigurosamente cierto que Pedro Solbes no ha cometido ningún ilícito penal en su salto de lo público a lo privado, como tampoco lo han cometido José María Aznar (PP, Endesa), Felipe González (PSOE, Gas Natural), Eduardo Zaplana (PP, Telefónica), Javier de Paz (PSOE, Telefónica), Narcís Serra (PSOE, Caixa Catalunya), Rodrigo Rato (PP, Bankia), Josu Jon Imaz (PNV, Petronor), Josep Piqué (PP, Vueling), Jordi Sevilla (PSOE, PwC)... Un 10% de los consejeros de empresas del IBEX-35 (con una media salarial cercana al millón de euros anuales) han desempeñado cargos políticos relevantes. Y precisamente es la plena legalidad de esta íntima relación entre servicio público y enriquecimiento privado la que demuestra hasta qué punto nuestro sistema político está profundamente corrompido por el poder, nunca democrático ni solidario, del gran dinero y las corporaciones y élites que lo manejan. Y explica porqué, a pesar de la profunda gravedad de la crisis y el comportamiento avaricioso e insolente de los actores corporativos, jamás se toman medidas como la intervención pública de empresas estratégicas, un mayor control de las actividades especulativas o más impuestos para las rentas del capital: ¿cómo podría la clase política gobernar contra la mano que tan generosamente está dispuesta a enriquecerles cuando salen de las instituciones?

Esta malsana promiscuidad entre gran política y gran dinero es algo más que una extendida inmoralidad personal. Introduce una distorsión estructural e intolerable en nuestras democracias representativas, al convertirse en garantía de continuidad -digan lo que digan las calles o las urnas- en esas mismas políticas neoliberales que han provocado la crisis económica, la ruina social y el desfondamiento ético de nuestras sociedades. No son sólo misteriosos especuladores financieros desde Nueva York, Londres o Zurich: también nuestros propios representantes políticos están apuntalando la dictadura de los mercados que padecemos. A la vista de currículos como los de Pedro Solbes, se hace patente que un endurecimiento radical del régimen de incompatibilidades entre política y negocios debería incorporarse de inmediato a los cuadernos de quejas que en estos momentos compilan los indignados españoles (un endurecimiento que, por cierto, el propio Pedro Solbes se comprometió a estudiar durante su mandato ministerial, y que, evidentemente, jamás emprendió. Ahora sabemos por qué).