Frente a la desesperanza irracional, sentido común comunitario

«Siempre que afloran los prejuicios étnicos o nacionales, en tiempos de escasez, cuando se desafía la autoestima o vigor nacional, cuando sufrimos por nuestro insignificante papel y significado cósmico, o cuando hierve el fanatismo a nuestro alrededor, los hábitos de pensamiento familiares de épocas antiguas toman el control.

"La llama de la vela parpadea; tiembla su pequeña fuente de luz, aumenta la oscuridad.

"Y los demonios comienzan a agitarse...»

Carl Sagan

Cita oportuna que acabo de hallar en una revista de pasatiempos. Estamos, en efecto, en tiempos de paradójica escasez en que prolifera el fanatismo a nuestro alrededor. Hace más de un siglo, en el mismo sentido y en parecidas circunstancias, reflexionaba así un escéptico escritor italiano, el un tanto olvidado Mario Mariani:

«En los períodos de cansancio, cuando no se tiene potencia para hacer nada nuevo, revuelven los escombros de las demoliciones para extraer los viejos ídolos. Y los desempolvan. E insultan a quien, luego de haberlos derribado, no quiere adorarlos de nuevo y arrodillarse ante ellos».

La razón, aquella llama débil y parpadeante, era para él un clavo no muy firme del que colgamos nuestra seguridad; hasta que el clavo se cansa. Entonces buscamos soluciones en viejos cultos abandonados, desempolvando los viejos ídolos.

La nostalgia del pasado Imperio Británico impulsó el brexit. Ahora es la UE lo que muchos añoran, pero curiosamente quienes más influyeron en la nefasta salida pueden convertirse ahora en gobernantes. Los demonios fascistas nuevamente desempolvados hacen bien su trabajo.

Al agotamiento de la cobarde socialdemocracia y la caída del "socialismo real" se añade el acomodaticio comportamiento de los otrora pujantes movimientos de liberación. Todo ello hace cundir el desánimo y la inacción. Del interés por lo comunitario se pasa a un individualismo suicida. Cada uno intenta su propia salvación, como la cebra o la gacela que ve con alivio que el león se lleva por delante a otro congénere.

Pero como soy inseparable de mi difícil circunstancia, no me salvaré sin salvarla a ella, (¿verdad, Ortega?) Urge reactivar el sentimiento de solidaridad, porque literalmente nos va la vida. No la de este o aquel, sino la de todos. El fatalismo es lo único que con toda certeza no nos salvará.

Así lo dice un mensaje desde Sudáfrica que en un comentario reciente me envió mi amigo Gerardo. Estas son las ideas relevantes:

• Cuando luchamos, ganamos. Si tenemos demasiado miedo al fracaso, no haremos nada.

• Porque incluso cuando no logramos nuestros objetivos de inmediato, ganamos confianza y experiencia para la próxima lucha.

• Por eso mismo un debate sobre la izquierda no tiene por qué comenzar con desesperanza.

• Pero el debilitamiento del poder imperialista no produce automáticamente la liberación.

• La cuestión decisiva ante la que se encuentra la humanidad es la organización.

• Esto requiere paciencia, claridad ideológica y confianza en la política socialista, no como nostalgia, sino como necesidad.

• Cuando la izquierda está fragmentada, las fuerzas reaccionarias explotan la desesperación.

• Reconstruir el poder de la clase trabajadora es la tarea estratégica que tenemos ante nosotros.

• La izquierda debe recuperar las tradiciones de formación política, organización democrática de masas, disciplina colectiva e internacionalismo.

• El socialismo ya no es solo una aspiración. Es una condición para la supervivencia.

• Pero el socialismo no llegará por sí solo. Debe construirse a través de la lucha, mediante instituciones de poder popular y a través de movimientos organizados arraigados en la vida cotidiana de la gente.

El mundo necesita una izquierda viva

Mientras un sistema imperialista en declive arremete para preservar su orden moribundo, la organización de la clase trabajadora no solo se vuelve necesaria para las personas oprimidas del mundo, sino indispensable para la supervivencia humana.

Boletín 24 (2026)

11 DE JUNIO DE 2026

Dumile Feni (Sudáfrica), African Guernica [Guernica africana], 1967.

Queridas amigas y amigos,

Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Del 29 al 31 de mayo, las fuerzas de la izquierda sudafricana se reunieron en Johannesburgo, Sudáfrica, en la Conferencia de la Izquierda. Es importante entender el contexto de esta reunión. Más de 30 años después del fin formal del apartheid, la población de Sudáfrica sigue luchando por satisfacer sus necesidades básicas, con una tasa de desempleo oficial del 32,7 % que llega al 43,7 % si se incluyen lxs trabajadorxs desalentados, personas disponibles para trabajar pero que ya no buscan empleo. Mientras tanto, las riquezas del país son extraídas por las corporaciones multinacionales. La incapacidad de abordar estos desequilibrios en la creación y distribución de la riqueza ha llevado a la fragmentación del partido Congreso Nacional Africano (CNA), que alguna vez fue el principal vehículo de la lucha de liberación nacional, y a su deterioro hasta convertirse en un partido de los ricos. Al mismo tiempo, las fuerzas de la izquierda están desmoralizadas, mientras que la derecha, incluida la vieja oligarquía del apartheid, campa a sus anchas.

Fue entonces cuando el Partido Comunista Sudafricano (SACP por su sigla en inglés) y el comité directivo de la conferencia reunieron a una variedad de fuerzas políticas, muchas de ellas formaciones que se separaron del CNA, para debatir cuestiones urgentes de estrategia para Sudáfrica y otros países que enfrentan crisis similares.

Durante una sesión plenaria sobre la coyuntura actual, hablé en nombre de nuestro instituto. Las reflexiones que siguen se han extraído de esa presentación.

Louis Maqhubela (Sudáfrica), St. George and the Dragon [San Jorge y el dragón], 1965.

Cuando luchamos, ganamos. Si tenemos demasiado miedo al fracaso, no haremos nada.

Hoy, 30 de mayo, se cumple el 56º aniversario de la fundación de la Central de Sindicatos Indios (CITU por su sigla en inglés), una federación que representa a más de siete millones de trabajadores. El 12 de febrero de 2026, la CITU se unió a otras centrales sindicales y organizaciones de agricultorxs en una huelga general contra los nuevos códigos laborales, que debilitan los derechos de lxs trabajadorxs a la negociación colectiva, promueven la contractualización y abren la puerta a jornadas laborales más largas. Se estima que 300 millones de trabajadorxs, agricultorxs y otros sectores de la clase trabajadora participaron en acciones de huelga y movilizaciones masivas en todo el país. Lxs trabajadorxs de la India siguen luchando en condiciones difíciles, siguiendo los pasos de la histórica revuelta campesina de 2020-2021, cuando cientos de miles de agricultorxs mantuvieron un movimiento de protesta de un año de duración que contó con el apoyo de cientos de millones de trabajadorxs y campesinado de todo el país y obligó al gobierno a retirar sus leyes contra lxs agricultorxs.

Cuando luchamos, ganamos, e incluso cuando no logramos nuestros objetivos de inmediato, ganamos confianza y experiencia para la próxima lucha.

Nos apoyamos en más de un siglo de luchas organizadas de la clase trabajadora, el campesinado y por la liberación nacional. Estas luchas encontraron su expresión en la Comuna de París (1871), la Revolución Rusa (1917), la Revolución Vietnamita (1945), la Revolución China (1949), la Revolución Cubana (1959) y una serie de victorias anticoloniales, incluidos los notables y poco comprendidos acontecimientos que están teniendo lugar en el Sahel. Un debate sobre la izquierda no tiene por qué comenzar con desesperanza. La clase trabajadora y el campesinado deben estar orgullosos de su papel clave en estas luchas y en el intento de ir más allá del capitalismo y forjar una sociedad socialista.

Sam Nhlengethwa (Sudáfrica), Very Ugly [Muy feo], 1992.

Desde la crisis financiera de 2008, la economía mundial ha experimentado crecimiento lento, deuda elevada, disminución de la inversión productiva y una profunda desigualdad social. Los descensos más dramáticos se han producido en las economías del Atlántico Norte, que siguen sufriendo lo que llamamos la Tercera Gran Depresión. Estados Unidos y sus aliados no han logrado resolver estos problemas económicos ni ofrecer un proyecto social creíble. A medida que se ha debilitado su control sobre las finanzas, la tecnología y los recursos naturales, las élites decadentes y peligrosas han intensificado su control sobre la información y han escalado la guerra para mantener su orden global. Esta es la fase del hiperimperialismo. Las pruebas de estos ataques hiperimperialistas son claras: China, Cuba, Irán, Líbano, Palestina, Venezuela y Yemen son todos objetivos. Estas dinámicas se ven intensificadas por la Nueva Guerra Fría, en la que Estados Unidos busca contener el ascenso de China en particular y el desplazamiento del centro de gravedad hacia Asia en general.

Estos acontecimientos dejan claro que la contradicción central de nuestra era se encuentra entre un sistema imperialista en declive que intenta preservar su dominio y las aspiraciones de los pueblos y las naciones que buscan soberanía, desarrollo y justicia social.

George Pemba (Sudáfrica), Homeless [Sin techo], 1973.

Sin embargo, el debilitamiento del poder imperialista no produce automáticamente la liberación. La historia no ofrece transiciones ni victorias automáticas. La fragmentación del viejo orden crea oportunidades, pero también peligros: rivalidad intercapitalista, guerras regionales, ideologías políticas tóxicas y una intensificación de la extracción de riqueza del Sur Global hacia el Norte Global. Por eso, la cuestión decisiva ante la que se encuentra la humanidad es la organización. ¿Pueden las clases trabajadoras y los pueblos oprimidos construir un poder organizado suficiente para intervenir de manera independiente en esta crisis? Este es el desafío central de nuestra era. Aquí debemos hablar con honestidad sobre la crisis de la propia izquierda. En muchos países, los movimientos comunistas y de trabajadorxs sufrieron derrotas históricas durante la ofensiva neoliberal de finales del siglo XX. Los sindicatos se debilitaron, la formación política decayó, el electoralismo reemplazó a la movilización de masas y las ONG desplazaron a las estructuras populares.

En los últimos 40 años, los partidos históricos de liberación nacional (como el Congreso Nacional Indio y el CNA) y los partidos socialdemócratas han agotado sus misiones: ya no se aferran a los requisitos básicos del bienestar social. Estos partidos ya no tienen fe en la redistribución y han adoptado como propio el marco de austeridad del Fondo Monetario Internacional. Este tipo de captura intelectual ha devastado el panorama político, permitiendo a los gobiernos ignorar las necesidades inmediatas de su pueblo mientras apoyan las necesidades de los ricos, incluidos los tenedores de bonos. El colapso de la socialdemocracia ha significado que la izquierda ha tenido que ampliar su misión histórica de luchar por la transformación revolucionaria para incluir la lucha por las necesidades inmediatas de la gente. A pesar de sus recursos limitados, es la izquierda la que ha estado al frente de la lucha para asegurar el bienestar social, los alimentos, el agua y la atención de salud para poblaciones cada vez más desesperadas.

Irma Stern (Sudáfrica), Watussi Chief’s Wife in Yellow, [La esposa del jefe watussi vestida de amarillo], 1946.

El futuro no lo decidirán los cálculos de las élites ni la benevolencia de las instituciones. Lo decidirá la organización. Las clases dominantes están organizadas a nivel global a través de corporaciones, bancos, sistemas mediáticos y alianzas militares. Los pueblos del mundo deben organizarse con la misma seriedad. Esto requiere paciencia, claridad ideológica y confianza en la política socialista, no como nostalgia, sino como necesidad. La unidad es esencial. Una izquierda viva siempre contendrá diferentes tradiciones y debates, pero debemos reconocer la contradicción principal entre el trabajo y el capital, entre la gran mayoría que produce la riqueza social y la pequeña minoría que se la apropia. Como dijo el secretario general del SACP, Solly Mapaila: “No somos enemigos a pesar de nuestras diferencias”. Cuando la izquierda está fragmentada, las fuerzas reaccionarias explotan la desesperación. Pero cuando los movimientos progresistas actúan juntos a través de la formación política, la movilización de masas y la lucha concreta, lxs trabajadorxs comienzan a reconocer su propio poder colectivo.

Por eso, reconstruir el poder de la clase trabajadora es la tarea estratégica que tenemos ante nosotros. Esto implica no solo alianzas electorales o negociaciones a puerta cerrada entre las élites, sino una organización arraigada entre los trabajadores, las personas desempleadas, las mujeres, los estudiantes, quienes trabajan en el sector informal, el campesinado y las comunidades. La izquierda debe recuperar las tradiciones de formación política, organización democrática de masas, disciplina colectiva e internacionalismo. Este último no es caridad entre naciones, sino el reconocimiento de que las clases trabajadoras del mundo se enfrentan a un enemigo común en el sistema de acumulación de capital y dominación imperial.

Gerard Sekoto (Sudáfrica), Township Street [Calle de un barrio marginal], 1958.

El socialismo ya no es solo una aspiración. Es una condición para la supervivencia humana. Pero el socialismo no llegará por sí solo. Debe construirse a través de la lucha, mediante instituciones de poder popular y a través de movimientos organizados arraigados en la vida cotidiana de la gente. Tenemos ejemplos de esa construcción en las cooperativas creadas por la izquierda en Kerala, los asentamientos del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra en Brasil y las Caravanas Rojas del SACP. Estos proyectos son el “todavía no”: fragmentos de un futuro que aún no ha llegado por completo, pero que ya se está construyendo en el presente. Estos experimentos son lo que Karl Marx llamó “comunismo posible”.

Por eso son importantes encuentros como este. No pueden resolver todas las cuestiones estratégicas de inmediato, pero representan esfuerzos por reconstruir la capacidad política colectiva tras décadas de fragmentación. El camino por delante será difícil. Pero la historia sigue abierta. El imperialismo es poderoso, pero no es invencible. El capitalismo es violento, pero no es eterno. Las clases trabajadoras y los pueblos oprimidos siguen siendo los hacedores de la historia. Nuestra tarea es ayudar a organizar esa fuerza histórica de manera consciente, internacionalmente y con paciencia revolucionaria.

Dumile Feni (Sudáfrica), Hector Pieterson, 1987.

Nuestra reunión tuvo lugar no muy lejos de Soweto, donde hace 50 años, en la mañana del 16 de junio de 1976, estudiantes negrxs comenzaron una protesta contra la indignidad de que se les negara el derecho a aprender en sus propios idiomas y se les obligara a estudiar en afrikáans. Mientras miles de jóvenes estudiantes marchaban, la policía abrió fuego, matando al menos a 176 e hiriendo a más de 1.000. Hector Pieterson, de 12 años, fue uno de los primeros estudiantes en recibir un disparo. El fotógrafo Sam Nzima capturó la imagen del estudiante Mbuyisa Makhubo cargando a un Hector moribundo, con la hermana de Hector, Antoinette, corriendo a su lado. La fotografía, ahora icónica, inspiró la pintura de Dumile Feni de 1987, que se muestra arriba.

Los disparos no cesaron.

Solo una pequeña atrocidad, en lo profundo de la ciudad

Soweto blues

Soweto blues

Estas fueron las palabras que Miriam Makeba, la cantante sudafricana y activista contra el apartheid, cantó en Soweto Blues, la poderosa canción escrita por Hugh Masekela tras la masacre. Cincuenta años después de Soweto, lxs niñxs de Sudáfrica aún necesitan una izquierda viva, y nosotros también.

Cordialmente,

Vijay

"Aún no están bien cocidas"

Roma, hace muchos años.

En la Plaza de San Pedro, un grupo de monjas esperan fervorosas la aparición del Papa en el balcón para recibir su bendición.

Aunque estamos en abril, hace un sol de justicia. Las pobres sudan bajo los hábitos. El Papa tarda en aparecer...

(Por detrás de un visillo se asoma el Pontífice con disimulo y se hace esperar: 

 –Aún no están bien cocidas...)

La escena era real: lo es a diario; la imaginaria anécdota papal fue una ocurrencia del amigo que me acompañaba. Hacíamos algo de turismo en medio de un congreso que nos traía a La Sapìenza. Cuando esto lea seguramente lo recordará...

Dos monjas celebran la fumata blanca en la Plaza de San Pedro.MARKO DJURICAREUTERS

El cocimiento de las monjas bajo el sol me ha venido a la memoria, como una metáfora del que sufren las mentes desprotegidas ante el continuo bombardeo de los rayos ultraviolentos con que que los medios y sus dueños calientan las cabezas. Bombardeo que va calando y que se acentúa en momentos decisivos, como son los periodos electorales.

Cuando las cabezas están bien calientes es el momento de las voces estentóreas que conducen los votos hacia la ultraderecha. En muchos países lo hemos visto, especialmente en Latinoamérica, y ahora mismo le ha tocado a Colombia.

En el nuestro estamos en pleno proceso calefactante, sobre todo cuando cada vez están más próximas las elecciones generales. Ya falta menos para que caiga la breva...

Se les hace la boca agua.

¿La justicia es un cachondeo?

Por lo menos no es cosa de risa: quien fue durante muchos años alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, se vio ante un tribunal por expresar con esta frase, que se hizo célebre, su indignación por una decisión judicial que protegía una obra ilegal de Bertín Osborne (de casos de justicia cegata en el tema urbanístico se podría publicar una enciclopedia). Finalmente fue absuelto, pero hay que andarse con cuidado, porque algunos jueces se la cogen con papel de fumar.

A veces es la legislación la que favorece las sentencias, como el sacrosanto delito de blasfemia (hoy "de escarnio") que llevó a la cárcel a El Cabrero por algo que hasta las monjitas catalanas dicen cuando se pinchan con la aguja de bordar.

Pero los jueces, bajo las puñetas, pueden tener las mangas más o menos anchas, según sea el presunto delito o el presunto delincuente (y el presunto juez). Ahora se lleva mucho el lawfare por todo el mundo, con gran éxito de crítica y público. También, según toque, la vista gorda como una ballena.

Demasiado casuales parecen estos casos de geometría variable. No hay que abrumar con el largo listado de juicios, unos muy rápidos, otros parsimoniosos, unos probatorios, otros indiciarios, con investigaciones profundas o superficiales, que rodean a los principales partidos políticos. Hay demasiada casualidad en los tiempos en que se producen o se archivan, y en sus consecuencias, no solo penales.

¿Podemos "juzgar" el comportamiento de los jueces? Juzgad si os apetece, en el sentido no jurídico, la sentencia de García Ortiz, o el enigmático viaje de García Castellón a Cartagena de Indias.

Como caso extremo del doble garrote de medir, dentro de la curiosa persecución al Presidente del Gobierno, el caso de su hermano, que el artículo que sigue compara con otros casos en que la benevolencia judicial ha sido clamorosa.

Yo también podría contar de primera mano algunos casos, cosa que no haré por no meterme en camisa de once varas (de medir según como toque).

El delito de apellidarse Sánchez Pérez-Castejón

Ignacio Escolar

6 de junio de 2026

El principal acusado se llama David Sánchez Pérez-Castejón, y eso es un hecho probado. Se juega ir a la cárcel: se sienta en el banquillo acusado de tráfico de influencias y prevaricación. Esta misma semana, la acusación popular ha decidido duplicar la petición de condena para David Sánchez. Organizaciones como Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP o Vox pedían tres años de cárcel. Les pareció poco. Ahora piden seis.

¿Su principal delito? Ser hermano del presidente del Gobierno, el tan odiado por la derecha Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Porque si el acusado no tuviera esos apellidos, dudo que hubiéramos llegado hasta aquí.

El juicio que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Badajoz es completamente anómalo, por tres razones.

La primera, porque es muy raro encontrar un proceso penal por un supuesto enchufe. Lo habitual con las oposiciones amañadas, los contratos a dedo o los puestos de trabajo ficticios es que se juzguen por la vía contencioso-administrativa: sin condenas de cárcel. Incluso en los casos más graves y flagrantes, que en ocasiones sí van por lo penal, la condena al cargo público suele ser la inhabilitación, no la prisión.

La segunda, porque es aún más inusual que se juzgue al enchufado.

La tercera, porque ni siquiera hay pruebas solventes de que realmente David Sánchez fuera enchufado. Y los pocos indicios que había han quedado desarbolados esta semana, durante las declaraciones de los testigos. Es un nuevo proceso de Kafka. El proceso Sánchez Pérez-Castejón.

Vayamos primero a los precedentes.

De la Universidad al Tribunal de Cuentas

En el Supremo hay decenas de sentencias que anulan plazas universitarias decididas ilegalmente. Casos donde el perfil estaba redactado a la medida de un candidato, donde los méritos que se piden coinciden sospechosamente con los del enchufado o donde la comisión de selección fue arbitraria. Todas esas sentencias terminan igual: con la anulación de la plaza y la repetición del procedimiento. Casi nunca se juzga al enchufado, que a lo más que se arriesga es a perder el puesto. Son procesos administrativos, no penales. Es lo que pasó, por ejemplo, con esta plaza en la Universidad de Oviedo.

Otro caso de enchufismo, en una institución donde el nepotismo es más que una sombra: el Tribunal de Cuentas. De 700 empleados, más de un centenar tenían lazos familiares con los altos cargos y consejeros de este organismo, según una investigación publicada en 2014 por El País.

Entre 2014 y 2017, el Supremo desmontó uno de estos enchufes: una plaza de subdirector adjudicada al hermano de Javier Medina Guijarro, entonces vicepresidente y consejero del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP.

Primero se colocó a dedo al hermano de Medina en el cargo de subdirector en comisión de servicios. Después se modificaron los requisitos para el puesto mediante una supuesta “corrección de errores” que eliminaba exigencias que el enchufado no cumplía, como saber inglés y francés. Más tarde se dejó la convocatoria desierta, para que siguiera el hermano. Por último, se volvió a convocar otra vez la plaza, de nuevo a su medida, que así ganó.

El caso se resolvió por la vía contencioso-administrativa, no por la penal. El Supremo anuló una tras otra esas actuaciones. Hicieron falta cuatro sentencias y dos autos, entre 2014 y 2017, para que el Tribunal de Cuentas desistiera del enchufe y convocara la plaza de forma legal. En una de estas sentencias, el Supremo concluyó que estos movimientos eran una “desviación de poder” que tenían “una finalidad torcida”: que el puesto lo ganara el hermano de Javier Medina, no el candidato más idóneo.

¿La condena? En la práctica, solo las costas judiciales: 38.000 euros en total, que tuvo que pagar el Tribunal de Cuentas (no su vicepresidente). El hermano ni siquiera tuvo que devolver el dinero cobrado desde que fue enchufado hasta que su nombramiento se anuló.

No era siquiera el primer indicio de nepotismo. Casualmente, Javier Medina tenía entonces trabajando en el Tribunal de Cuentas a su hermana, a su mujer, a un familiar de su mujer… y a su hermano.

Hubo un intento de juzgar como prevaricación ese enchufe, pero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó la querella presentada contra Javier Medina. ¿Los argumentos? Que una ilegalidad administrativa no es lo mismo que un delito de prevaricación: hace falta que sea una arbitrariedad grosera sin ninguna justificación, dijo el Supremo (con dos votos particulares en contra que sí pidieron investigar). Ni siquiera ante un ejemplo así, se vieron indicios suficientes para abrir una causa por lo penal.

Hay que esforzarse mucho para que un enchufe se convierta en un juicio penal. Para que haya delito, dice la jurisprudencia del Supremo, hace falta un enchufe campanudo y a las bravas. Como lo que hacía Baltar en la Diputación de Ourense.

Las cacicadas de Baltar

José Luis Baltar Pumar, expresidente de la Diputación de Ourense, sí fue juzgado y condenado por lo penal: por contratar ilegalmente a 104 personas. Todas a dedo: sin publicidad ni concurrencia, sin el más mínimo respeto por el procedimiento legal.

En aquellos años, la Diputación de Ourense llegó a tener 33 porteros en nómina para un edificio con solo tres puertas.

Los 104 enchufados eran en su mayoría familiares y cargos vinculados al aparato local del PP. Todos esos contratos ilegales se firmaron en apenas tres meses: entre enero y marzo de 2010. La fecha no es casual: en ese mismo periodo, el PP de Ourense celebraba un reñido congreso provincial. Uno clave, porque Baltar padre se retiraba y pretendía dejar en herencia el cargo de presidente de la Diputación a su hijo, José Manuel Baltar.

Los enchufes cumplieron su función. Baltar hijo ganó el congreso del PP y sucedió a Baltar padre como presidente provincial del partido y de la Diputación. Entre padre e hijo, sumaron 33 años al frente de esa institución. Tuvo que llegar un radar de la DGT que pilló a José Manuel Baltar conduciendo a más de 200 kilómetros por hora para que la saga familiar perdiera la Diputación.

Aquellos enchufes se juzgaron por lo penal. ¿La sentencia? José Luis Baltar fue condenado a 9 años de inhabilitación. Un chiste, porque para entonces Baltar padre ya estaba jubilado: no ocupaba cargo público ni tampoco aspiraba a ninguno. En la práctica, la condena no tuvo ningún efecto.

Los enchufados de Baltar no fueron juzgados. Tampoco esos cargos del PP local que aceptaron este trato de favor para ellos o sus familiares. Tampoco el beneficiado indirecto de los enchufes, su hijo y sucesor. La sentencia tampoco obligó a los enchufados a devolver el dinero cobrado de la Diputación.

En aquellos años, el máximo responsable del PP gallego era Alberto Núñez Feijóo. Hoy es el líder nacional de un partido que pide cuatro años de cárcel para Miguel Gallardo, el expresidente de la Diputación de Badajoz.

La hermana de Moreno Bonilla

Otro ejemplo. En 2019, al poco de ganar Juan Manuel Moreno Bonilla la presidencia de la Junta de Andalucía, su hermana se llevó una plaza pública que dependía de esta administración: directora del conservatorio superior de danza de Málaga. Otra candidata denunció el nombramiento ante la Fiscalía. En el concurso de méritos, ella tenía 49,5 puntos. La hermana de Moreno Bonilla, solo 38,2.

El caso se cerró sin llegar siquiera a juicio. La Junta defendió que la elección de la hermana de Moreno Bonilla no dependía solo de esa puntuación y que la Inspección Educativa desaconsejó el nombramiento de la otra candidata. La Fiscalía archivó la investigación.

Un último precedente, aún más reciente y donde muy pronto habrá sentencia: el proceso penal contra José Luis Ábalos por, entre otros motivos, enchufar a su entonces pareja, Jessica Rodríguez, en una empresa pública a la que no consta que fuera a trabajar.

¿Está siquiera imputada Jessica Rodríguez? Por supuesto que no.

De San Petersburgo a Badajoz

Vistos los precedentes, es difícil sostener una acusación penal contra David Sánchez. Incluso si hubiera sido enchufado. Pero es que ni siquiera hay evidencia de que tal enchufe sea real.

El hermano del presidente del Gobierno es director de orquesta. Estudió en una de las escuelas de música más prestigiosas y antiguas del mundo: el Conservatorio Estatal Rimski-Kórsakov de San Petersburgo. Trabajó durante años como director de orquesta en esa ciudad rusa. En 2015, antes de que fuera acusado de enchufe, el diario El Mundo lo calificaba como “uno de los directores de orquesta españoles más reconocidos en el extranjero”.

En 2017, fue contratado por la Diputación de Badajoz como “coordinador de actividades de los conservatorios de música”. Más tarde su puesto fue modificado y pasó a denominarse “jefe de la oficina de artes escénicas”. Hoy está siendo juzgado por los presuntos delitos de “tráfico de influencias” y “prevaricación”.

La denuncia inicial fue de Manos Limpias. Llena de mentiras, como que tenía 1,4 millones de euros en acciones del BBVA (falso, eran 71.000 euros). O que no iba a trabajar (falso, como están demostrando las declaraciones de los testigos). O incluso que vivía en Portugal (en Elvas, a media hora de su trabajo), como si eso también fuera un delito.

La jueza de instrucción que ha procesado penalmente a David Sánchez –en contra del criterio de la Fiscalía– se llama Beatriz Biedma. Su acusación es que esa plaza de la Diputación se creó a medida porque David era el hermano del secretario general del PSOE. Que ese puesto no era necesario y se diseñó específicamente para él.

Es la misma teoría que alentó esta semana en el juicio el teniente coronel de la UCO Antonio Balas: “Entendemos que [la decisión de crear el puesto] partió de un nivel superior con capacidad política”. A Balas también “le llamó la atención” la “urgencia” para crear esa plaza. Las acusaciones argumentan que esa plaza siempre fue “con bicho”: que fue creada solo con el afán de contratar al hermano del hoy presidente del Gobierno.

Hay un problema: las fechas de cuándo se crea esa plaza no cuadran con el enchufe.

David Sánchez fue contratado en julio de 2017: poco después de que su hermano recuperara la secretaria general del PSOE, tras su victoria en las primarias de 2017. Pero la creación de ese puesto de coordinador de los conservatorios es del año anterior. La propuesta aparece por primera vez el 17 de octubre de 2016 y la dotación presupuestaria se aprueba el 4 de noviembre de ese mismo año.

Cuando se crea esa plaza, Pedro Sánchez es un apestado en el PSOE.

Unas semanas antes, el 1 de octubre de 2016, el Comité Federal del PSOE había forzado su salida como secretario general. Y en el proceso interno que se vivió después, Miguel Ángel Gallardo apoyaba a Susana Díaz. No parece que en el otoño de 2016, el presidente de la Diputación de Badajoz tuviera razón alguna para enchufar al hermano del entonces defenestrado secretario general.

Contra lo que algunos creen, tampoco era una plaza de funcionario de carrera: fue un puesto de personal laboral de alta dirección. El detalle es importante: era un trabajo del que después te pueden despedir con relativa facilidad. Y que también tiene requisitos más laxos para la contratación.

A la convocatoria de la Diputación se presentaron 11 personas. Tras las entrevistas, cinco candidatos fueron considerados no aptos para el desempeño del puesto y seis aptos. Entre estos últimos estaba David Sánchez Pérez-Castejón, que obtuvo la valoración más alta: 90 puntos sobre 100.

¿El resto de las pruebas contra él? Que se interesó por los pisos en Badajoz antes de ganar la plaza –algo lógico si estás ante la posibilidad de que la puedas lograr–. Y también un correo electrónico sobre la convocatoria de la plaza de Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior de Badajoz, que utilizó la palabra “hermanísimo” el 17 de mayo de 2017. Valentí explicó ante el tribunal que usó ese término porque había “rumores” de que se presentaría a esa convocatoria, no de que la fuera a ganar; que utilizó el término en tono jocoso. Y que conocía a David Sánchez igual que al 80% de los candidatos que se presentaban a ese puesto.

Otros testigos del juicio han desmontado también otras de las acusaciones contra David Sánchez: que no trabajaba o que el puesto era innecesario.

Si esto fuera un juicio normal, tras estos testimonios, es muy dudoso que pudiera acabar con una condena. No ha aparecido una sola prueba que demuestre ese “tráfico de influencias” para ese puesto. Menos aún que ese delito lo haya cometido el propio David Sánchez.

Pero si esto fuera un proceso penal normal, también es muy dudoso que hubiera podido llegar siquiera a juicio. A estas alturas, cuesta creer que tantas anomalías simultáneas en tantos tribunales españoles sean culpa del azar.

El mundo al revés

Por lanzar un mensaje muy urgente sobre un inmenso delito contra la vida, el mensajero se ha sentado en el banquillo de los acusados. Su (todavía) presunto delito, luchar por salvarnos a todos de la aniquilación. Otros presuntos delincuentes, incluso confesos, esperan parsimoniosamente a que sus presuntos delitos prescriban (yo creía que era Portugal el país del presunto, pero veo que les ganamos en presunción. ¡Viva el unto, dicho sea con las debidas precauciones!).

Con premura, en cambio, se expulsó al Fiscal General; no así a su incierto entorno, de tan variable geometría. Y así todo. Premura o parsimonia para el que bien se las sabe trabajar (presuntamente, claro está).

El mundo al revés.

Pero no es algo nuevo. Ya escribió Góngora "cuando pitos, flautas, cuando flautas, pitos". Solo que ahora no es agua pasada, sino furiosa corriente que nos lleva a la perdición con bandera y banda de música.

De Góngora salto unos siglos, hasta Eduardo Galeano:

A mediados de 1998, transcurridas más de tres décadas de globalización imperialista, dos de apogeo del neoliberalismo y casi una del derrumbe del bloque socialista europeo, el insigne escritor uruguayo Eduardo Galeano, fallecido en 2015, publicó el libro: Patas arriba. La escuela del mundo al revés. En sus páginas introductorias, Galeano escribió una nota titulada, «Si Alicia volviera», en referencia al conocido cuento infantil Alicia en el país de las maravillas. Esa nota dice: 

Hace ciento treinta años, después de visitar el país de las maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo: le bastaría con asomarse a la ventana. 

Al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista […].

Esta doble vara de medir existe desde tiempos inmemoriales. La diferencia es que ahora el problema atenta directamente contra la totalidad de la biosfera. Puede que una cucaracha sobreviva, puede que tampoco, pero desde luego la humanidad se está jugando el todo por el todo. Y se aleja el foco de esta realidad para colocarlo en cuestiones de mínima importancia.

A Wernher von Braun le importaba poco el futuro de Alemania, solo quería ir a la Luna. Ahora le pasa lo mismo a Elon Musk: le importa un pepino el mundo, solo quiere ir a Marte. El negacionismo es ceguera voluntaria, pero acompaña políticas muy lúcidas contra quienes se oponen a sus intereses.

Y cuentan con poderosos medios informativos, legislativos, judiciales...

El mensajero en el banquillo

José A. Estévez Araujo

31 / 5 / 2026

 Il mondo alla rovescia. Welcome Collection, Londres

Que Jorge Riechmann tenga que sentarse en el banquillo por participar en protestas climáticas pacíficas resulta profundamente revelador del tiempo que vivimos. No porque sea un caso aislado, sino precisamente porque no lo es. El filósofo, poeta y ecologista que lleva décadas advirtiendo con rigor, serenidad y lucidez sobre el colapso ecosocial se enfrenta ahora a procesos penales por acciones de desobediencia civil no violenta. En uno de ellos, junto con Marina Martínez y Francisco del Pozo, ya celebrado el 26 de mayo de 2026 y pendiente de sentencia, la Fiscalía ha mantenido su petición de diez meses de prisión por el bloqueo del puente de la calle Raimundo Fernández Villaverde, sobre la Castellana, en Madrid, durante una protesta climática de octubre de 2019 dentro de una movilización de 2020 Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion en la que participaron unas 300 personas para reclamar políticas urgentes frente a la emergencia climática. En otro procedimiento, Riechmann afronta una petición de 21 meses de prisión por la acción de Rebelión Científica ante el Congreso en 2022, en la que se vertió un líquido biodegradable para simbolizar la sangre derramada por la inacción climática.

La escena tiene algo de inversión moral intolerable. Quienes han contribuido durante décadas a ocultar, minimizar o retrasar la respuesta frente al desastre climático continúan disfrutando de respetabilidad política, económica y mediática. Quienes interrumpen pacíficamente la normalidad para denunciar que esa normalidad nos conduce al abismo son tratados como delincuentes. Se castiga el gesto que incomoda, mientras se tolera la inacción que destruye. Se persigue la protesta que bloquea durante unas horas una vía urbana, mientras se normalizan políticas que bloquean durante décadas la posibilidad de un futuro habitable.

El caso de Riechmann no debe leerse sólo como un episodio penal español. Forma parte de una tendencia internacional que los informes recientes sobre litigación climática describen con creciente preocupación. El informe de UNEP y el Sabin Center sobre litigación climática de 2025 recuerda que la litigación climática tiene dos caras: puede servir para exigir a estados y empresas que actúen frente al calentamiento global, pero también puede ser utilizada como reacción contra la acción climática. El informe llama backlash cases a los litigios de reacción o contraataque: procedimientos destinados a retrasar, desmontar o resistir políticas climáticas, o a intimidar a quienes defienden la justicia climática. Dentro de esa categoría incluye expresamente los procedimientos civiles o penales contra activistas, periodistas, personas y organizaciones que se oponen a los combustibles fósiles u otros proyectos altamente emisores.

Conviene ser precisos. El procesamiento de Riechmann no es una SLAPP clásica, si por SLAPP entendemos una demanda civil abusiva promovida por una empresa poderosa para silenciar a sus críticos. Aquí estamos ante un procedimiento penal impulsado por la Fiscalía. Pero el efecto político puede ser parecido: producir miedo, desgaste, autocensura, cansancio, prudencia forzada. El informe del Grantham Research Institute de la London School of Economics señala que el Sabin Center ha identificado más de ochenta casos en el mundo vinculados a manifestantes climáticos, muchos de ellos «reactivos», en los que se procesa a activistas por actos como allanamiento, daños o desórdenes, y en los que éstos invocan la llamada «defensa de necesidad climática», esto es, la idea de que la acción estaba justificada para evitar un daño mayor.

Lo inquietante es precisamente ese efecto desaliento. Climática recoge cómo los propios activistas hablan del chilling effect: el frío que se instala en el cuerpo social cuando la protesta pacífica empieza a implicar años de procedimientos, gastos, ansiedad, miedo a la cárcel y amenaza de antecedentes. El castigo no empieza con la sentencia; empieza mucho antes, con el proceso mismo. Empieza cuando una persona sabe que, si se tumba en el suelo para denunciar la emergencia climática, puede pasar años pendiente de un juzgado mientras quienes toman decisiones que agravan esa emergencia siguen hablando de crecimiento, competitividad y sentido común.

Y en España este proceso no ocurre en el vacío. Coincide con el ascenso de una cultura política abiertamente antiecológica, alimentada sobre todo por la ultraderecha y parcialmente normalizada por sus alianzas con la derecha conservadora. Vox ha convertido el ecologismo en uno de sus enemigos simbólicos. En su programa ambiental para las elecciones de 2023 defendía más regadíos, más coches de combustión y el abandono del Acuerdo de París, mientras presentaba los avances climáticos como imposiciones de «radicales ecologistas», de la Unión Europea o de organismos internacionales. No estamos ante simples diferencias técnicas sobre cómo hacer la transición ecológica. Estamos ante una operación ideológica: convertir la defensa de las condiciones materiales de la vida en una amenaza a la patria, al campo, al empleo o a la libertad.

Los pactos entre PP y Vox en distintas instituciones han mostrado hasta qué punto ese discurso puede traducirse en políticas concretas. El País señalaba ya en 2023 que esos acuerdos ignoraban la crisis climática y entregaban a Vox áreas ligadas al campo, mientras incorporaban medidas como la ampliación de regadíos, la rebaja de normas ambientales, la reducción de limitaciones en espacios protegidos, la reversión de políticas europeas y la supresión de carriles bici en algunas ciudades. Es decir, justo cuando la ciencia climática exige acelerar la mitigación y la adaptación, una parte de la política española se dedica a deshabilitar y desacreditar los instrumentos mínimos para hacerlas posibles.

La estrategia, además, se ha vuelto más sofisticada. No siempre consiste ya en negar frontalmente que exista el cambio climático. A menudo adopta la forma del retardismo: aceptar de palabra que hay un problema, pero oponerse sistemáticamente a cualquier medida eficaz para afrontarlo. Se desvía la conversación, se exageran los costes inmediatos, se invoca la defensa de «los nuestros» contra supuestas imposiciones globalistas, se prometen falsas soluciones tecnológicas futuras y se deslegitima a quienes reclaman actuar ahora. Climática ha descrito esta evolución en el discurso de Vox: la ultraderecha ya no necesita negar siempre el fenómeno; le basta con desmovilizar, retrasar y vaciar de contenido las políticas climáticas.

En ese contexto, procesar penalmente a quienes practican la desobediencia civil climática no es un hecho neutro. Por supuesto, los tribunales deben valorar actos concretos, derechos de terceros, proporcionalidad y legalidad. Nadie sostiene que toda protesta quede automáticamente fuera del derecho. Pero tampoco puede fingirse que una protesta climática pacífica es un simple problema de orden público, como si quienes se sientan en una carretera lo hicieran por capricho, vandalismo o afán de notoriedad. El cambio climático es una amenaza existencial reconocida por la comunidad científica, por tribunales internacionales y por organismos de Naciones Unidas. La protesta climática no es una molestia privada; es una forma de intervención democrática ante la insuficiencia de las instituciones.

Hay tribunales que han entendido esto. En Olsen v. Police, en Nueva Zelanda, el tribunal afirmó que el derecho a la protesta pacífica, especialmente en materia climática, debía tener peso al valorar condiciones de libertad bajo fianza. Ese caso no es un ejemplo de represión, sino precisamente de lo contrario: muestra que incluso dentro del sistema penal es posible reconocer la relevancia democrática de la protesta climática. Por eso resulta más grave que en otros contextos la respuesta institucional parezca consistir en cerrar los ojos al mensaje y ensañarse con el mensajero.

La cuestión de fondo es ésta: ¿qué tipo de sociedad castiga antes a quienes alertan del incendio que a quienes siguen echando gasolina? Riechmann no es peligroso porque bloquee un puente. Lo que resulta peligroso, para el poder, es que diga con claridad lo que tantos prefieren no oír: que la crisis ecológica no se resolverá con pequeños ajustes, que el capitalismo fosilista ha chocado contra los límites biofísicos del planeta y que la transición necesaria exige transformaciones profundas en la producción, el consumo, la movilidad, la energía y la idea misma de progreso. Público recoge sus palabras sobre el auge reaccionario y el antiecologismo como una de las marcas de la ultraderecha, así como su diagnóstico de una «hipernormalidad» en la que seguimos actuando como si el mundo que conocemos pudiera durar indefinidamente. La criminalización de la protesta climática cumple entonces una función política: proteger la apariencia de normalidad. Mientras se juzga a quienes interrumpen el tráfico, no se juzga la irresponsabilidad de quienes retrasan la transición. Mientras se exagera la gravedad de una acción simbólica, se minimiza la gravedad de la desertificación, las olas de calor, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de cosechas, el sufrimiento de los más vulnerables y la transferencia de daños hacia las generaciones futuras. Se invierte la escala de valores: el orden circulatorio importa más que el orden climático; la fachada del Congreso importa más que las condiciones materiales de la democracia; la tranquilidad del presente pesa más que la habitabilidad del futuro.

En mi nota sobre litigación climática señalaba que ésta no es un terreno automáticamente favorable a la justicia climática. Puede servir para exigir responsabilidad a estados y empresas, pero también para intimidar a activistas, periodistas y comunidades locales mediante procedimientos penales, demandas estratégicas o litigios de reacción. El caso Riechmann muestra esa segunda cara. No estamos sólo ante un juicio a tres personas. Estamos ante una señal dirigida a todo un movimiento: protestar puede salir caro; interrumpir la normalidad puede destruir tu propia normalidad; decir la verdad en voz alta puede llevarte al banquillo.

Frente a eso, conviene no responder con moderación impostada. Hay que decirlo con claridad: resulta indecente que una sociedad que no está haciendo lo suficiente para proteger a sus jóvenes, a sus mayores, a sus trabajadores expuestos al calor, a sus territorios amenazados por la sequía y a sus generaciones futuras trate como amenaza penal a quienes reclaman precisamente esa protección. La democracia no se defiende silenciando a quienes advierten de sus condiciones ecológicas de posibilidad. Se defiende escuchándolos, incluso cuando molestan; quizá sobre todo cuando molestan. Porque, en un tiempo de colapso climático, la protesta no violenta no es el problema. El problema es la tranquilidad obscena de quienes quieren seguir llamando «orden» a la marcha organizada hacia el desastre.