Lo único que nos permite tomar decisiones correctas que no acaben comprometiendo nuestro futuro es el conocerlas bien para evitar errores. Eso es lo que me propongo hacer al reflexionar sobre la deuda, el déficit público y sobre sus causas y sus consecuencias.
Repasando brevemente lo que ya todos sabemos, el déficit no es más que la diferencia entre los gastos y los ingresos de una entidad. Si nos referimos al estado, el déficit público será la diferencia entre los ingresos que él pueda obtener por diferentes métodos (recaudación fiscal, venta de activos, emisión monetaria, emisiones de deuda…) y los gastos corrientes, es decir la necesaria atención a sus compromisos en la gestión de su propia estructura y funcionamiento.
Evidentemente, si se reduce la actividad económica en su conjunto, la cantidad ingresada por el estado lo hará también. En cambio, cuando esto mismo ocurre, los gastos se incrementan porque el estado y sus instituciones son los responsables públicos de la situación de necesidad y desamparo en la que quedan los sectores sociales expulsados de la economía. También, y lógicamente, porque deberá aumentar la inversión pública para compensar la reducción de la privada y contrarrestar la reducción de la actividad económica en el mercado. El gobierno es el responsable de la situación económica del país y además debe asumir el gasto social extraordinario.
Es entonces cuando el gobierno se ve obligado a emitir deuda en los ‘mercados’ para obtener ingresos adicionales con los que hacer frente a la situación. Pero esa deuda no es gratuita. Los ingresos se obtienen porque el estado emisor se compromete a pagar un interés a sus compradores, es decir, a devolver a sus deudores lo conseguido más un beneficio. Curioso. Cuando más necesitado está el gobierno de financiación, mayor gasto extra debe hacer para atender el pago de intereses de su deuda soberana. Y, además, cuanto mayor sea su déficit, y mayor su necesidad de financiación, mayores serán esos intereses que debe pagar.
Visto así, lo primero que uno se pregunta es por qué partimos de una situación en la que los mercados disponen de recursos para financiar a los estados, mientras que los estados están arruinados. Esto no tiene ni pies, ni cabeza.
Supongamos que la economía no fuera esa entelequia llamada ‘mercado’, en la que todo el mundo trata de obtener beneficios a toda costa. En su lugar, la economía consistiría en la organización racional y científica de todos los recursos económicos puestos al servicio de la sociedad en su conjunto y debidamente gestionados por el gobierno. Es decir, que el estado, y el gobierno al frente de él, pudieran controlar los vastos e ingentes recursos financieros que integran toda la economía de un país cualquiera, sin esperar a tener que regular y ejecutar la manera en la que recauda sus ingresos.
Entonces ¿Habría algún impedimento para disponer de todos los medios necesarios a la hora de equilibrar las diferencias entre ingresos y gastos?
Y lo que es más importante ¿El estado se impondría a si mismo un interés, del que él mismo se beneficiaría, para transferir recursos financieros de un sector a otro según que estos fueran deficitarios o no? Esto último resultaría bastante absurdo e innecesario. Al no proceder de esta manera absurda, el estado se estaría ahorrando unos intereses tanto mayores según fueran su necesidad y lo desesperado de su situación.
Olvidémonos de esa situación tan hipotética en la que el estado controla todos los recursos económicos. En primer lugar, nos estaríamos refiriendo a una autarquía, esto es, a un sistema económico encerrado dentro de un país que no se relaciona con los demás. En realidad, los bonos de deuda soberana se ofertan en los mercados internacionales y no todas las economías se encuentran en la misma situación ruinosa, de modo que las más pujantes pueden ayudar a las más necesitas. Eso sí, cobrando los consabidos intereses.
No obstante, debe quedar claro que por lo general no son los estados, ni sus gobiernos, los que obtienen esos beneficios. Los bonos de deuda se emiten para que sea el sector privado de las diferentes economías el que ‘asuma el riesgo de impago de la deuda’ y el que, así, obtenga los beneficios por haber comprado deuda soberana, ya sea del propio país o de otros.
En segundo lugar, esa situación hipotética dista mucho de ser real. Y cuanto más presionan los mercados a los estados para que corrijan su déficit, más nos distanciamos de ella. Los estúpidos gobiernos se dedican a transferir los activos más rentables del estado vendiéndolos al mejor postor en el marcado para conseguir ingresos con los que financiar su absurdo déficit.
Pero aun peor que esto último es lo que resulta de pensar en lo siguiente. En la actual situación de crisis, parte de ese déficit lo han originado los cuantiosos fondos con los que los estados han ‘saneado’ a entidades financieras para evitar su quiebra y para estimular la vital circulación del crédito. Resulta que, con estos fondos, son esas mismas entidades las que se han dedicado a especular con la deuda de los distintos países.
Para concluir, si seguimos atentamente la explicación que he ofrecido, resulta muy fácil comprobar que la limitación del déficit solo puede tener un lamentable efecto sobre el gasto social en periodos de baja recaudación, y que la reducción de la inversión pública en dichos periodos mermará aún más la actividad económica, como de hecho está ocurriendo. Para echarse a temblar.
Todo esto no es más que una pescadilla que se muerde la cola, un absurdo círculo vicioso del que deberíamos encontrar la forma de salir antes de que arruine nuestras vidas solo para que unos pocos sigan haciendo estupendos negocios especulando a costa de la mayoría social de los estados.
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