De bancos y alquileres

...y eléctricas y presidentes, y tribunales y bancos.

La peripecia judicial que hemos presenciado en las últimas semanas ha hecho evidente la influencia de la banca sobre los órganos de la justicia. Era enorme la cantidad en juego si los bancos debían devolver el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que al parecer se cobró indebidamente a los perceptores de préstamos hipotecarios.

A lo largo de años se ha discutido si el impuesto debía desaparecer, si debía modificarse para unificar los tipos que se aplicaban en las distintas comunidades autónomas, si debían atenuarse las cuantías...

El problema para el Estado, perceptor del impuesto, es que supone una fuerte entrada de dinero, difícil de recaudar por otro lado. 

Los patéticos bandazos del Tribunal Supremo, que lo han desnudado a la vista de todos, eran importantes, porque no se trataba de redefinir el impuesto de cara al futuro, sino de devolver cantidades indebidamente pagadas en el pasado.



La "valiente" decisión del gobierno de cambiar el destinatario del impuesto no afectará a esas cantidades, y por eso esta viñeta de Peridis, que muestra a Pedro Sánchez cargando sobre el Supremo "con todo su poder", que el humorista simboliza con la célebre columna, es un brindis al sol que trata de situar al ejecutivo como defensor de los ciudadanos endeudados. Y eso no está tan claro.

Porque si el impuesto grava a los bancos de ahora en adelante, estos podrán cambiar el precio de las hipotecas para resarcirse. Son muy pocos. ¿Qué les cuesta ponerse de acuerdo? Al final, seguirán pagando, indirectamente, los mismos.

Algo parecido sucedió con las ayudas al alquiler del gobierno de Zapatero: con seguridad permitieron a los dueños subir los precios, en un mercado libre, hasta absorber la ayuda. Porque el precio lo dictan la necesidad del inquilino y su capacidad de pago. El agravante de aquella decisión fue que suponía un gasto para el Estado; en cambio, el atenuante de ahora es que se trata de mantener un ingreso para las arcas públicas.

Está claro que lo determinante es la propiedad, tanto de los pisos en alquiler como de los bancos prestamistas. Cuando el valor de los bancos era negativo, ¿por qué no se los quedó el Estado que los rescató? Muchas empresas arruinadas se han vendido por el precio simbólico de un euro. El Estado pagó mucho más y no se quedó con los bancos.

Los bancos públicos se liquidaron en varias fases. Se empezó por fusionarlos en Argentaria, para venderlos después. Lo recuerda aún la A del BBVA. Más adelante, los bancos se quedaron con las Cajas de Ahorros. Los partidos que lo hicieron posible habían vendido antes su alma.

De la sospechosa relación entre eléctricas y expresidentes parece que se libra Zapatero.

En cuanto a  tribunales y bancos... 

Este es el tema que ha soliviantado a la sociedad y dejado al descubierto las vergüenzas de buena parte de los jueces del Tribunal Supremo: ¿quién debe asumir el pago del impuesto en el caso de los contratos hipotecarios?

A tenor de las estimaciones de los expertos, los gastos de formación en el caso de una hipoteca media, constituida por valor de 150.000 euros, alcanzarían cerca de los 3.000 euros. Este impuesto supone para el usuario el mayor de esos gastos. Según la comunidad autónoma, el tipo de gravamen aplicable estará entre el 0,5% y el 1,5% del total de la hipoteca (cantidad prestada, intereses y resto de gastos).

Si consideramos la enorme cantidad de hipotecas (¡de gente hipotecada!), eso supone una cantidad enorme de dinero. No es extraño que desde hace años se haya cuestionado la legislación sobre el pagano este impuesto.


Noticia del pasado febrero:

El Supremo falla a favor de los bancos y no ve abusivo cargar al cliente el impuesto de las hipotecas

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La decisión del Supremo llega después de que algunas audiencias provinciales hubieran empezado a considerar abusivo cargar el impuesto al cliente. El argumento principal era que el beneficiado de que la hipoteca quedara registrada era el banco, que lograba así mayores garantías. Por tanto, debía ser éste quien afrontara el impuesto.

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El Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados establece como criterio general que el responsable de pagar es "el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan". Conforme a esa textualidad, según fuentes jurídicas, correspondería pagar al banco, ya que es quien quiere que el préstamo conste en el registro de la propiedad para poder hacerlo valer frente a terceros. Sin embargo, el mismo artículo del reglamento añade a continuación que "cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía", es decir, de hipotecas, "se considerará adquirente al prestatario". Es decir, será el que recibe el préstamo el que pague el impuesto.

Anteriormente la Sala Civil del Supremo había considerado abusivo imponer al cliente todos los gastos de constitución de la hipoteca. Ese criterio no se modifica y los tribunales siguen teniendo que considerar nulas esas cláusulas y asignar a las entidades gastos distintos del Impuesto, como los de notario, gestoría, etcétera.

La decisión del Supremo ha sido adoptada por unanimidad, lo que no hace previsible que la disputa pueda tener recorrido en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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La decisión del Pleno llega poco después de que el Supremo rechazara también considerar abusiva la práctica de ligar el préstamo al Índice de Referencia de Préstamos hipotecarios (IRPH). Esa decisión de la Sala Civil, que no fue unánime, ya ha sido llevada por diversos juzgados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Tribunal de la UE ya ha corregido al Supremo anteriormente en asuntos hipotecarios.

En cuanto a lo resuelto este miércoles, todo indica que la posibilidad de cambiar la decisión no está en el TJUE, sino en una modificación legislativa. El PSOE tiene previsto llevarla al Congreso en fechas próximas.



Se replantea el tema. Noticia del día cinco de este mes:

Un Tribunal Supremo dividido debe zanjar quién paga el impuesto de las hipotecas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reúne hoy para zanjar el debate sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, una decisión que quedó en el aire el 19 de octubre. Ese día, el presidente de esta Sala, Luis Díez-Picazo, optó por someter a revisión el criterio establecido un día antes de que fuera el banco, y no el cliente, el que lo abonara. Las fuentes consultadas discrepan sobre la respuesta que debe dar el pleno y admiten que el resultado es “imprevisible”.

El Tribunal Supremo tiene hoy la tarea de devolver la seguridad jurídica al impuesto de las hipotecas. Los 31 magistrados de la Sala de lo Contencioso-administrativo se reúnen con una disyuntiva sobre la mesa: confirmar el criterio recién establecido de que el impuesto de actos jurídicos documentados debe abonarlo el banco porque es el principal beneficiario de la escritura del préstamo ante notario o revocar esa decisión y volver a la jurisprudencia anterior que fijaba que el tributo es responsabilidad del cliente. Si optan por mantener que pague el banco, los magistrados tendrán que resolver si se aplica para los préstamos que se firmen a partir de ahora o si tiene efectos retroactivos y hasta dónde llegan estos.

Durante las últimas dos semanas ha habido en la Sala de lo Contencioso “mucho pasilleo” para intercambiar opiniones, según varios magistrados, que coinciden en que lo único seguro es que no habrá unanimidad en la decisión y en que hay tres factores que pesan para determinar el sentido del voto: el respeto que merece el criterio de los expertos en tributos que suscribieron la sentencia del pasado 18 de octubre que estableció que debía pagar el banco; las dudas que, a su vez, plantea que estos magistrados, varios de ellos de incorporación reciente al Supremo, cambiaran una jurisprudencia muy asentada del alto tribunal en sentido contrario sin que haya habido ninguna modificación legal que lo justificara; y la sensación de que la imagen del Supremo está muy deteriorada y dar marcha atrás en una decisión a favor del cliente dos semanas después de adoptarla generaría un daño enorme.

Varios magistrados consultados sostienen que la decisión debe tomarse con argumentos estrictamente jurídicos, pero admiten que es muy difícil abstraerse al revuelo que los cambios de criterio de las últimas semanas han generado en la opinión pública e incluso de las consecuencias económicas de la decisión. Minutos después de conocerse la primera sentencia que imputaba al banco el impuesto, los bancos empezaron a caer en Bolsa. “Muchas de las decisiones de esta sala tienen consecuencias de millones de euros. Tenemos que ser conscientes de eso para decidir de forma muy rigurosa. Pero no podemos dejar que ese hecho influya en el sentido de nuestra decisión. Estamos acostumbrados”, afirma un magistrado de la sala que se inclina por votar a favor de mantener el nuevo criterio, pero admite que tiene algunas dudas.

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Del día ocho:

Díez-Picazo, en el origen y el fin del conflicto

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Varios magistrados denunciaron "presiones" a vocales del CGPJ para que votaran a favor de Díez-Picazo, que terminó imponiéndose al obtener el voto de 12 de los 21 miembros del órgano de gobierno de los jueces. Por primera vez, el Consejo General del Poder Judicial no renovó a un presidente de sala del Supremo que aspiraba a la reelección.

Tras esa tormentosa llegada al cargo, Díez-Picazo no ha conseguido hacerse con las riendas de la sala, coinciden varios magistrados consultados. Aunque ha impulsado con éxito la incorporación de algunos magistrados afines, sigue teniendo dentro detractores que no comparten ni su gestión en la presidencia ni el camino seguido hasta llegar a ella. "Siempre dije que me parece un jurista brillante, sólido, pero llegó a la presidencia muy pronto y de mala forma. No era su momento y ahora se ha demostrado", dice un magistrado. Cuando llegó al cargo, tenía 57 años y llevaba "solo" siete en el Supremo, al que se incorporó por el quinto turno (juristas de reconocida competencia que ingresan en el alto tribunal al margen de la carrera judicial). Sus primeros dos años al frente los compatibilizó con la docencia en el Centro Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), dependiente de la Asociación Española de la Banca, la patronal del sector. Una relación que le ha puesto más si cabe en el punto de mira tras su decisión de revisar el criterio recién establecido de que fuera el banco el que pagara el impuesto de las hipotecas.

El protagonismo del presidente de la sala en el conflicto de las últimas semanas se extiende hasta el último momento del pleno del pasado martes, cuando Díez-Picazo decantó la votación a favor de cargar el impuesto hipotecario sobre el cliente. Varios magistrados consultados le reprochan que cambiara su opinión después de que durante las sesiones se mostrara en varias ocasiones partidario de confirmar la jurisprudencia que establecía que debía pagar el banco, aunque solo si se aplicaba sin retroactividad. Pero, sobre todo, critican que impidiera abrir un debate sobre posibles efectos retroactivos si se confirmaba el nuevo criterio. "Su obsesión era la retroactividad, frenar el aluvión de demandas de hipotecados", afirma un miembro del pleno.

Del día nueve:

Los bancos no tendrán que pagar el impuesto en las hipotecas que den a la Iglesia y el Estado

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Lo que no anunció el Gobierno en su comparecencia del jueves tras el Consejo de Ministros es que los bancos no tendrían que pagar el impuesto de las hipotecas cuando los préstamos se concedan a ciertas entidades, entre ellas los partidos políticos, el Estado y la Iglesia Católica. Hasta ahora, cuando estas organizaciones o entes formalizaban una hipoteca, nadie pagaba ese impuesto a las comunidades autónomas, porque les hubiera correspondido a ellas (como clientes) pero estaban exentas. Ahora son los bancos los que cargan con el impuesto, y sí tendrían que empezar a tributar por el acto jurídico de esas hipotecas al Estado o la Iglesia, pero el decreto salva esos créditos del impuesto.

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Dejo aquí el relato de dos jornadas sin precedentes en el Tribunal Supremo