Olas y mareas hacen que una franja de costa permanezca alternativamente sumergida o en seco. Es lo que se conoce como zona marítimo terrestre. La delimita el alcance de la máxima pleamar en las mareas vivas equinocciales, pero también lo alcanzado por las olas en los mayores temporales. Naturalmente, carece de sentido que en ella pueda establecerse cualquier tipo de propiedad privada. Por eso importa mucho deslindar su frontera superior.
A partir de ella el terreno permanentemente seco puede albergar propiedades con usos diversos, entre ellos, el urbanístico. Desde aquí se establece una franja de seis metros, que aunque pueda ser privada está sometida a servidumbre, destinada a salvamento y vigilancia del litoral. Se debe garantizar el acceso público para tales fines.
En la práctica la propiedad deja de ser privada en la superficie de este suelo, pero la jurisprudencia ha determinado, con cierta lógica, que a partir de cierta altura sobre ella la existencia de volúmenes construidos no dificulta los usos que justifican la servidumbre.
Conozco bien el tema, porque en dos edificios de la primera línea costera en cuyo diseño y construcción participé se planteó la cuestión. En el primero de ellos se discutía si unos pilares situados en la zona dificultaban los usos salvíficos que justifican la servidumbre. Aunque se estableció que no estorbaban, en el segundo, donde precisamente vivo ahora mismo, no situamos pilares en ella, sino un vuelo considerable, desde dos plantas más arriba; vuelo que era prohibitivo que llegara a los seis metros ganados en el caso anterior, pero preferimos no meternos en posibles conflictos judiciales...
Valgan estos ejemplos para ver que cada metro cúbico construido es un beneficio cuantificable para la industria de la construcción. Por eso importa la correcta delimitación de la zona, que también afecta a usos industriales diversos.
La evidente alteración del clima, que algunos recalcitrantes se niegan a reconocer, ha producido dramáticas inundaciones fluviales, pero también un paulatino retroceso de la línea de costa y un recrudecimiento de los temporales. Hay edificios costeros muy amenazados, y algunos destruidos, por el socavamiento de sus cimentaciones. Por eso es prudente revisar cómo definir "el alcance de las olas en los mayores temporales". Y es lo que propone ahora el Ministerio de Transición Ecológica.
La Xunta de Galicia, no sé muy bien si para defender el derecho de los propietarios o para atacar al Gobierno, toca a rebato contra la modificación propuesta, agitando a los ayuntamientos e industrias a que pudiera afectar:
Según la Xunta, esta modificación generaría una situación de "inseguridad permanente", ya que futuras actualizaciones de los modelos o de las series de datos podrían justificar revisiones continuas de los deslindes.
¿A qué inseguridad se refiere el gobierno gallego? La inseguridad que obliga a actualizar modelos y bases de datos es una inseguridad física real, a la que habrá que hacer frente. Pues bien, para este gobierno es prioritaria la seguridad administrativa. Se prioriza el derecho privado a la propiedad cuando se enfrenta al derecho universal a la vida.
Construir en zonas peligrosas lleva a desastres como el ya no tan reciente y cada vez más olvidado vivido en Valencia. ¿Qué es entonces lo que más importa?
Este conflicto de intereses no es algo nuevo. Recordemos lo que algunos consideran prioritario, ahora que se antepone la "prioridad nacional" a los derechos humanos. Mucho pesan poderosas prioridades particulares, como la del lema de la monarquía británica:
Dieu et Mon Droit
La Xunta moviliza a concellos y al sector del mar contra el nuevo deslinde de Costas
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| Autovía de Marín inundada / EFE/ Sxenick |
La Xunta denuncia un nuevo intento del Gobierno de ampliar los deslindes de Costas y alerta del impacto en el litoral gallego
La Xunta de Galicia ha cargado contra la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de modificar los criterios para fijar la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), al considerar que supondría un cambio encubierto de la legislación de Costas y podría afectar a numerosos núcleos costeros de la comunidad.
El Ejecutivo autonómico sostiene que la reforma, incluida en el proyecto de real decreto sobre la gestión de los riesgos de inundación, introduciría un nuevo sistema para determinar el alcance del mar.
Frente al criterio actual, que exige que el agua alcance una determinada cota al menos cinco veces en un período de cinco años, el Ministerio plantea tomar como referencia el registro de una única máxima ola en un momento concreto.
Según la Xunta, esta modificación generaría una situación de "inseguridad permanente", ya que futuras actualizaciones de los modelos o de las series de datos podrían justificar revisiones continuas de los deslindes.
En la práctica, advierte de que más terrenos podrían pasar a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, con las restricciones que ello implica para usos residenciales, turísticos e industriales.
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