La clase trabajadora no es homogénea. Hay trabajadores pobres, pero otros que viven bien pueden permitirse un consumo alto. Con casa propia, coche, incluso una segunda residencia, se sienten parte de la clase alta.
La diferencia entre estos propietarios y los dueños de capital está en que estos últimos no viven de un salario, sino de la parte de la fuerza de trabajo que no pagan a quienes trabajan para ellos. Porque sin esa fuerza ajena su capital nada produce.
La propiedad que no es partícipe del proceso productivo no es capital. Es consumo, es otra cosa, pero no es capital. Ese trabajador próspero no deja por ello de producir plusvalía al capitalista, que no lo empleará si no le hace ganar dinero. Toda su prosperidad se viene abajo cuando pierde el empleo, a no ser que consiga transformar sus bienes inmovilizados en capital y pueda introducirse así en el lado explotador de la sociedad.
También puede darse el proceso inverso, cuando un capitalista arruinado se desprende de sus propiedades y una vez agotadas se ve forzado a vender a otros su propia fuerza de trabajo.
Este "ascensor-descensor" enmascara la realidad de la sociedad capitalista, que no deja de ser la sociedad de la explotación, tanto de la naturaleza como de los seres humanos. La "movilidad social" es insignificante si la comparamos con la "predestinación social" de los que ya nacen propietarios o proletarios.
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| Un soldador, realizando un trabajo en una barandilla Luis Tejido | EFE |
Cuando el salario oculta la realidad: la necesidad de defender los derechos laborales y el Estado del Bienestar frente al espejismo del individualismo económico
I. Introducción: la falsa autopercepción de la clase trabajadora
Existe una contradicción profundamente arraigada en las sociedades contemporáneas: trabajadores asalariados, incluso cualificados y con ingresos medios o relativamente elevados, que se identifican ideológicamente con postulados económicos que objetivamente perjudican sus propios intereses. Esta disonancia cognitiva, lejos de ser anecdótica, constituye uno de los pilares sobre los que se sostiene la hegemonía del pensamiento económico neoliberal.
Desde una perspectiva técnico-jurídica y socioeconómica, resulta imprescindible recordar que la condición de clase trabajadora no se determina por el nivel de renta, sino por la posición estructural en el sistema productivo: la dependencia de un salario para subsistir. Quien necesita vender su fuerza de trabajo, independientemente de su cualificación o remuneración, es trabajador.
II. El espejismo de la propiedad: vivienda, vehículo y consumo
Uno de los elementos que alimentan esta falsa conciencia es el acceso a determinados bienes de consumo: una vivienda en propiedad, un vehículo, ciertos niveles de confort material. Sin embargo, desde un análisis económico riguroso, estos elementos no transforman la naturaleza estructural del individuo dentro del sistema.
La propiedad de una vivienda suele estar sujeta a endeudamiento hipotecario durante décadas, lo que refuerza —no elimina— la dependencia del salario. El vehículo, por su parte, es un bien depreciativo, no un activo generador de riqueza. El consumo, en definitiva, no equivale a capital.
Creerse «rico» por estas circunstancias implica ignorar que la verdadera riqueza reside en la acumulación de capital productivo y en la capacidad de generar ingresos sin necesidad de trabajo personal. Esa es la diferencia sustancial entre clases.
III. La sanidad pública: un derecho, no un privilegio
Uno de los ejemplos más claros de esta contradicción ideológica se encuentra en la percepción de la sanidad pública. Muchos trabajadores con ingresos estables consideran que pueden prescindir de ella en favor de sistemas privados. Sin embargo, esta percepción se derrumba ante situaciones de riesgo real.
El acceso universal a la sanidad garantiza la protección frente a contingencias graves, como enfermedades oncológicas, intervenciones quirúrgicas complejas o tratamientos de larga duración. En sistemas donde predomina la lógica de mercado, el coste de estas prestaciones puede resultar absolutamente inasumible, generando endeudamiento masivo o exclusión sanitaria.
Desde el punto de vista jurídico, la sanidad pública forma parte del núcleo esencial del Estado social y democrático de Derecho, configurándose como un derecho fundamental vinculado a la dignidad humana. Renunciar a su defensa supone debilitar una de las garantías más básicas de protección colectiva.
IV. Las pensiones: una cuestión de solidaridad intergeneracional
Otro pilar esencial es el sistema público de pensiones. Todo trabajador es, en potencia, un futuro pensionista. Sin embargo, discursos basados en la capitalización individual o en la privatización del sistema han calado en sectores de la clase trabajadora.
Conviene recordar que el sistema público de reparto no es únicamente un mecanismo económico, sino un contrato social intergeneracional. Su debilitamiento implica trasladar el riesgo desde lo colectivo hacia lo individual, con consecuencias especialmente graves en contextos de precariedad laboral o carreras de cotización irregulares.
Defender las pensiones públicas es, por tanto, defender la propia seguridad futura.
V. Derechos laborales: la protección frente a la incertidumbre
El derecho del trabajo surge históricamente como un instrumento de equilibrio frente a la desigualdad estructural entre empleador y trabajador. Elementos como el salario mínimo, la indemnización por despido, la negociación colectiva o la limitación de la jornada laboral no son concesiones, sino conquistas sociales.
Quienes defienden la desregulación del mercado laboral bajo el argumento de la «flexibilidad» suelen olvidar que dicha flexibilidad se traduce, en la práctica, en mayor precariedad, inseguridad y debilitamiento de la posición negociadora del trabajador.
Incluso aquellos con empleos estables no están exentos de riesgos: crisis económicas, reestructuraciones empresariales, automatización o cambios tecnológicos pueden alterar de forma abrupta su situación. Los derechos laborales actúan como red de seguridad frente a estas contingencias.
VI. Educación, servicios públicos y movilidad social
La educación pública, los servicios sociales, las políticas de dependencia y las infraestructuras públicas constituyen otros pilares fundamentales que garantizan la igualdad de oportunidades.
Un trabajador puede haber alcanzado una posición relativamente estable, pero ello no garantiza el mismo futuro para sus hijos si estos servicios se debilitan. La movilidad social ascendente depende, en gran medida, de la existencia de un Estado fuerte que compense desigualdades de origen.
La defensa de estos servicios no es ideológica en sentido abstracto, sino profundamente pragmática.
VII. Conclusión: una reflexión necesaria
La verdadera paradoja no es que un trabajador tenga aspiraciones legítimas de prosperidad, sino que confunda dichas aspiraciones con una identidad que no le corresponde. No se trata de una cuestión moral, sino de una cuestión de racionalidad económica y jurídica.
Defender una economía progresista no implica rechazar el esfuerzo individual, sino reconocer que dicho esfuerzo solo puede desarrollarse plenamente en un marco de garantías colectivas. Salarios dignos, estabilidad laboral, protección social y servicios públicos no son obstáculos al progreso, sino sus condiciones de posibilidad.
Quizá el mayor desafío de nuestro tiempo no sea la escasez de recursos, sino la confusión de conciencias. El trabajador que olvida su condición se desarma a sí mismo, renuncia a su historia y debilita su futuro.
Porque, al final, la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en lo que se protege. Y quien protege derechos, protege dignidad.
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