Adam Smith & Karl Marx

La inspiración de la obra económica de Marx se encuentra en textos de Adam Smith, hasta el punto de que cuando escribió los manuscritos de 1844 sobre economía y filosofía comenzó partiendo de las tres "fuentes de riqueza" señaladas por este autor: trabajo, capital y renta del suelo. Incluso comenzó subdividiendo las páginas del primer manuscrito en tres columnas, con la idea de tratarlas en paralelo.

Esta selección de textos que hizo Eric Toussaint demuestra que Adam Smith está más cerca de Karl Marx que de los neoliberales que actualmente lo ensalzan. Siempre aluden a "la mano invisible" del mercado que regula milagrosamente la economía. Pero solo tres veces aparece esta metáfora en la obra de Smith. En cambio, está mucho más presente la idea de la lucha de clases. Elementos esenciales en su pensamiento, más que la famosa mano, son sistemáticamente pasados por alto por el pensamiento económico dominante.

Claro que hay una diferencia fundamental entre Adam Smith y Karl Marx: el primero, si bien era consciente de la explotación del obrero por el patrono, apoyaba a los patronos mientras que el segundo estaba por la emancipación de los obreros.

Lo que Smith declaraba abiertamente es ocultado por la pudibundez hipócrita de nuestros economistas oficiales.

Sigue la clara exposición del problema por parte de ambos autores:

Dice Adam Smith:

«Por lo general, el trabajador de la manufactura añade, al valor de los materiales sobre los que trabaja, el de su propio mantenimiento y el beneficio de su patrono.»

«Aunque el patrono adelante los salarios a los trabajadores, en realidad éstos no le cuestan nada, ya que el valor de tales salarios se repone junto con el beneficio en el mayor valor del objeto trabajado.»

«Los salarios corrientes del trabajo dependen del contrato establecido entre dos partes cuyos intereses no son, en modo alguno, idénticos. Los trabajadores desean obtener lo máximo posible, los patronos dar lo mínimo. Los primeros se unen para elevarlos, los segundos para rebajarlos.

»No es difícil, sin embargo, prever cuál de las partes vencerá en la disputa y forzará a la otra a aceptar sus condiciones. Los patronos, al ser menos en número, pueden unirse fácilmente; y además la ley lo autoriza, o al menos no lo prohíbe, mientras que prohíbe las uniones de los trabajadores. No tenemos leyes parlamentarias contra la asociación para rebajar los salarios; pero tenemos muchas contra las uniones tendentes a aumentarlos. Además, en tales confrontaciones los patronos pueden resistir durante mucho más tiempo. Un terrateniente, un colono, un comerciante o un fabricante pueden, normalmente, vivir un año o dos con los capitales que ya han adquirido, y sin tener que emplear a ningún trabajador. En cambio, muchos trabajadores no podrían subsistir una semana, unos pocos podrían hacerlo durante un mes, y un número escaso de ellos podría vivir durante un año sin empleo. A largo plazo, el trabajador es tan necesario para el patrono como éste lo es para él, pero la necesidad del patrono no es tan inmediata.

»Se suele decir que la unión de los patronos es muy rara y que la de los trabajadores es muy frecuente. Pero los que, de acuerdo con estos dichos, piensen que los patronos raramente se unen, son tan ignorantes de lo que pasa en el mundo como de este asunto. Los patronos están siempre y en todas partes en una especie de acuerdo tácito, pero constante y uniforme, para no elevar los salarios por encima de su nivel actual. La violación de dicho acuerdo es, en todas partes, impopular, y somete a quien así procede al reproche de sus vecinos e iguales. De hecho, oímos poco de estas uniones porque es lo normal, incluso se puede decir que es el estado natural de cosas de las que nunca se oye hablar. Los patronos constituyen, a veces, incluso uniones específicas para reducir los salarios por debajo de aquel nivel. Estos acuerdos se llevan a cabo siempre con el más absoluto silencio y secreto hasta que se ejecutan, y nunca se hacen públicos cuando los trabajadores se someten, como a veces ocurre, sin resistencia. No obstante, estas uniones se encuentran a menudo frente a uniones defensivas de los trabajadores, quienes en ocasiones, sin existir siquiera una provocación de este tipo, se unen para elevar los salarios. Las razones que esgrimen estriban a veces en el alto precio de los bienes de subsistencia y, a veces, en los grandes beneficios que los patronos sacan de su trabajo. Ahora bien, sean sus uniones defensivas u ofensivas, se suele hablar mucho de ellas. Para precipitar una solución recurren siempre a grandes alborotos y a veces a la violencia y a los atropellos más sorprendentes. Están desesperados y proceden con el frenesí propio del hombre en ese estado, cuya alternativa es morirse de hambre o forzar a sus patronos a que, por miedo, cumplan sus exigencias. En estas ocasiones los patronos reclaman tanto como ellos y exigen la ayuda de los magistrados civiles y el cumplimiento riguroso de las leyes establecidas con tanta severidad contra la asociación de sirvientes, trabajadores y jornaleros.»

«El único motivo que mueve al poseedor de cualquier capital a emplearlo en la agricultura, en la manufactura, o en alguna rama del comercio mayorista o detallista, es la consideración a su propio beneficio particular. Las diferentes cantidades de trabajo productivo que puede poner en movimiento y los diferentes valores que puede añadir al producto anual de la tierra y trabajo de la sociedad, según se emplee de una u otra forma, nunca entran en sus pensamientos.»

«Todo el producto anual de la tierra y el trabajo de cualquier país o, lo que viene a ser lo mismo, el precio conjunto de dicho producto anual, se divide de un modo natural, como ya se ha dicho, en tres partes: la renta de la tierra, los salarios del trabajo y los beneficios del capital, constituyendo, por tanto, la renta de tres clases de la sociedad: la que vive de la renta, la que vive de los salarios y la que vive de los beneficios. Estas son las tres grandes clases originarias y principales de toda sociedad civilizada, de cuyas rentas se deriva, en última instancia, la de cualquier otra clase. [...]»

[Hablando de la clase de los rentistas, o sea, de los terratenientes]: «Es la única de las tres clases, que percibe su renta sin que le cueste trabajo ni desvelos, sino que la percibe de una manera en cierto modo espontánea, independientemente de cualquier plan o proyecto propio para adquirirla. Esa indolencia, consecuencia natural de una situación tan cómoda y segura, no sólo convierte [a los miembros de esta clase] a menudo en ignorantes, si no en incapaces para la meditación necesaria para prever y comprender los efectos de cualquier reglamentación pública.

»El interés de la segunda clase, la que vive de los salarios, está tan vinculado con el interés general de la sociedad como el de la primera. [...] Sin embargo, aun cuando el interés del trabajador está íntimamente vinculado al de la sociedad, es incapaz de comprender ese interés o de relacionarlo con el propio. Su condición no le deja tiempo suficiente para recibir la información necesaria, y su educación y sus hábitos son tales que le incapacitan para opinar, aun en el caso de estar totalmente informado. Por ello, en las cuestiones públicas su opinión no se escucha ni considera, excepto en las ocasiones en que los patronos fomentan, apoyan o promueven sus reclamaciones, no por defender los intereses del trabajador, sino los suyos propios.

»La tercera clase la constituyen los patronos, o sea, los que viven de beneficios. El capital empleado con intención de obtener beneficios pone en movimiento la mayor parte del trabajo útil en cualquier sociedad. Los planes y proyectos de aquellos que emplean el capital regulan y dirigen las operaciones más importantes del trabajo, siendo el beneficio el fin perseguido con todos aquellos planes y proyectos. [...] Dentro de esta clase, los comerciantes y fabricantes son las dos categorías de personas que habitualmente emplean los mayores capitales, y que con su riqueza atraen la mayor parte de la consideración de los poderes públicos hacia sí. Como durante toda su vida están ocupados en hacer planes y proyectos, frecuentemente tienen mayor agudeza y talento que la mayor parte de los terratenientes. [...] Los intereses de los comerciantes que trafican en ciertos ramos del comercio o de las manufacturas siempre son distintos de los generales, y muchas veces totalmente opuestos. El interés del comerciante consiste siempre en ampliar el mercado y reducir la competencia. La ampliación del mercado suele coincidir con el interés público, pero la reducción de la competencia siempre está en contra de dicho interés, y sólo sirve para que los comerciantes, al elevar los beneficios por encima de su nivel natural, impongan, en beneficio propio, una contribución absurda sobre el resto de los ciudadanos. Cualquier propuesta de una nueva ley o reglamentación del comercio que provenga de esta clase deberá analizarse siempre con gran precaución, y nunca deberá adoptarse sino después de un largo y cuidadoso examen, efectuado no sólo con la atención más escrupulosa sino con total desconfianza, pues viene de una clase de gente cuyos intereses no suelen coincidir exactamente con los de la comunidad y que tienden a defraudarla y a oprimirla, como ha demostrado la experiencia en muchas ocasiones.»

«Nuestros comerciantes se quejan con frecuencia de los altos salarios del trabajo británico como la causa de que sus manufacturas no se vendan tan baratas en los mercados foráneos, pero no dicen nada de los altos beneficios del capital. Se quejan de las generosas ganancias de otra gente, pero no dicen nada de las propias. No obstante, los altos beneficios del capital británico pueden contribuir a elevar el precio de las manufacturas británicas, tanto, y en algunos casos quizá más, que los altos salarios del trabajo.»

Y esto dice Marx:

Preámbulo de los estatutos de la Asociación Internacional de Trabajadores

«Considerando:

Que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos;

Que la lucha por la emancipación no ha de tender a constituir nuevos privilegios y monopolios, sino a establecer para todos los mismos derechos y los mismos deberes; y a la abolición de todos los regímenes de clase;

Que el sometimiento del trabajador a los que monopolizan los medios de trabajo —o sea, la fuente de la vida— es la causa fundamental de la servidumbre en todas sus formas: miseria social, degradación intelectual y dependencia política;

Que por lo mismo la emancipación económica de los trabajadores es el gran objetivo al que debe subordinarse todo movimiento político;

Que todos los esfuerzos hechos hasta ahora han fracasado por falta de solidaridad entre los obreros de las diferentes profesiones en cada país, y por la ausencia de una unión fraternal entre los trabajadores de diversas regiones;

Que la emancipación de los trabajadores no es un problema local o nacional, sino que, al contrario, es un problema social, que afecta a todos los países donde exista una sociedad moderna; estando necesariamente subordinada su solución al concurso teórico y práctico de los países más avanzados;

Que el movimiento que resurge entre los obreros de los países más industriosos de Europa, al engendrar nuevas esperanzas, advierte solemnemente que no se incurra de nuevo en antiguos errores, y llama a la coordinación de todos los movimientos hasta ahora aislados;

Por estas razones,

se funda la Asociación Internacional de Trabajadores.

Y declara:

Que todas las sociedades y todos los individuos que se adhieran a ella reconocerán como la base de su conducta hacia todos los hombres, sin distinción de color, creencia o nacionalidad, la Verdad, la Justicia y la Moral,.

Y por lo tanto, ningún derecho sin deberes, ningún deber sin derechos.»

Geografía horizontal e Historia vertical

En el mapa físico de España que estamos acostumbrados a ver se hace difícil prescindir del corte que supone la frontera portuguesa. Los ríos que nos resultan familiares nos abandonan y se pierden en tierras mal conocidas, como si la raya tuviera existencia física más allá de las abandonadas aduanas. Es la fuerza de los mapas sobre nuestra conciencia del territorio. Los Estados (España y Portugal) alteran nuestra percepción de la península (Iberia).

Vemos la meseta central aislada del mar. Por el norte, el sur y el este, cadenas montañosas la limitan. Y no nos planteamos siquiera con cuanta suavidad desciende hacia el oeste. Los ríos no lo saben y bajan plácidamente hacia el Atlántico.

Incluso en este otro mapa, que omite la línea fronteriza, la imagen oficial y la memoria conceptual nos la impone.

El mapa político enmascara y escamotea al físico en nuestras cabezas.

Seguimos el curso de un río fronterizo. Por una de las orillas permanecemos en el mismo país. Por la otra, de pronto, nos sentimos en tierra extraña.

Los Estados modernos, al consolidarse, han deslindado rígidamente sus territorios. No siempre fue así, y no en todos los campos lo han logrado por completo.

En este sentido fue muy ilustrativa la conferencia de Francisco Rodríguez Sánchez en la reciente Semana de Filosofía sobre "el mundo gallego-portugués medieval: dos reinos y una frontera inexistente". Los dominios feudales, sus imprecisas y cambiantes relaciones con las diócesis cristianas y las dinastías reales fueron convirtiendo lo que fue un único pueblo en dos entidades separadas, formando parte de reinos cada vez más definidos, pero no por ello menos casuales.

La historia creó una realidad de norte a sur que cruzó y enmascaró las realidades  geográficas de este a oeste. Revelando, una vez más, la tendencia de los Estados a convertirse en naciones, pocas veces coincidente con la de las naciones a cristalizar en Estados.

La conquista, saltando las cordilleras que discurren de este a oeste como fronteras naturales, creó tres grandes entidades, Portugal, Castilla y Aragón. El primero resistió la unificación. Galicia, separada de su primera identidad  por el azar de las políticas dinásticas, ya se ha diferenciado demasiado para volver a ser galaicoportuguesa. Las divisiones políticas, aunque condicionadas por la geografía, se le imponen, creando las identidades que hemos aprendido. De ahí la importancia de los mapas como referencia ideológica de las patrias.

Patrias casi siempre conflictivas, cambiantes como las fuerzas en presencia. Identidades que los Estados quieren consolidar, y a menudo lo logran, imponiendo lenguas y banderas. Como dijo Nebrija, "siempre fue la lengua compañera del imperio". Lengua "oficial" que reduce todas las variantes a formas defectuosas de hablar.

Así que la visión actual de la frontera cristalizada históricamente dista mucho de la cambiante e incierta del pasado. Si Portugal ha consolidado en gran medida el ideal de ser un Estado-nación, en España la situación es más compleja, aunque el paso del tiempo y las políticas institucionales tiendan a homogeneizar la situación.

En esta conferencia se pone de manifiesto lo erróneo de trasladar a tiempos pasados el pensamiento de hoy, creando artificialmente "esencias patrias" que hace unos siglos nadie podía siquiera imaginar. Estas es la tesis que sostiene:

El mundo gallego-portugués medieval: dos reinos y una frontera inexistente

El análisis a desarrollar tiene como objetivo evidenciar hasta qué punto la existencia del Estado español y del Estado portugués actuales contaminan y determinan la visión de la historiografía académica sobre el pasado medieval en el relativo a la relación Galicia/Portugal. Esta retroproyección de la realidad actual sobre el pasado esconde que entonces, aun existiendo dos reinos, había una unidad gallego-portuguesa que se sentía como tal, en el aspecto social, en el cultural y en el lingüístico, e incluso en la forma de entender el futuro por parte de las clases dirigentes. Haciendo una indagación basada en los hechos, en las relaciones y en los comportamientos, comprobaremos hasta qué punto no se puede hablar de frontera en el sentido actual del termino, y menos de frontera estable o fijada con criterios de soberanía política nacional entre Galicia y Portugal en la Edad Media. Detectaremos como, incluso después de la independencia del reino de Portugal, existe una clase dirigente común a ambos reinos con una estrategia política galegoportuguesa. De esta manera llegaremos a comprobar como su familiaridad e identificación respecto a Portugal era mucho mayor que con León y con Castilla, aunque el poder monárquico del que dependía el reino de Galicia fuera el que regía en estos dos últimos reinos también. Además, explicaremos como afectó la que se viene conociendo como crisis bajo medieval, representada en el contexto europeo por la conocida como Guerra de los Cien Años, para destruir esta ósmosis y comunidad gallego-portuguesa, con el inicio de la construcción de una frontera fija, estable e indicativa de la existencia de dos Estados, en uno de los cuales, el español, quedaba Galicia subordinada. Para acabar se harán algunas cavilaciones y conclusiones sobre la diferencia Estado/Nación, la división de la Galicia histórica en dos, sus repercusións negativas y cual fue su causalidad. También contrastaremos el pasado con el presente para indagar de donde vienen los impedimentos para que, desapareciendo en apariencia las fronteras entre los Estados de la UE, Galicia y Portugal vivan hoy mucho más de espaldas que en la etapa medieval en todos los aspectos.

 

Esta otra conferencia aborda la frontera desde la misma frontera. Los habitantes inmediatos no la perciben como separación del mismo modo que los más distantes. para ellos es más una relación entre territorios próximos y gentes cercanas.

La diferente percepción que los núcleos y las periferias tienen de la frontera, especialmente las periferias marginales, es motivo de análisis en esta otra charla:

Límites y fronteras: pensar el territorio desde los márgenes

Desde la publicación, en 1897, de la famosa Geografía Política de Friedrich Ratzel, considerado habitualmente cómo uno de los padres de la geopolítica y de la geografía política contemporáneas-, la frontera convencional apareció una y otra vez en todos los manuales y tratados de esta subdisciplina geográfica. Se trata, sin duda, de un fenómeno de carácter geopolítico de enorme importancia que, de nuevo y para nuestra sorpresa, vuelve a marcar la agenda política de este mundo globalizado y a la vez polarizado en el que nos tocó vivir. Con todo, la conferencia no sólo se refiere al auge inesperado de esta frontera geopolítica de todos conocida, sino que reflexionará alrededor de la idea más amplia de límite territorial, es decir el perímetro, la franja que delimita y a la vez actúa de punto de contacto entre dos -o más- entidades geográficas diferenciadas. La frontera geopolítica es una más de estas delimitaciones territoriales, quizá a más conocida y lacerante, pero no la única. He ahí una tradición mucho más antigua aunque la anterior, que se remonta a los primeros geógrafos griegos, hay ya bastante más de dos milenios. Una tradición riquísima, sin duda, pero que condicionó históricamente y culturalmente nuestra mirada sobre el territorio, siempre focalizada en el corazón de los espacios conformados por límites a menudo arbitrarios; una mirada atenta la como era el núcleo de las regiones que previamente delimitáramos sobre un mapa, pero que obvió lo que sucedía en los límites, en los umbrales, en las fronteras, siempre híbridas, mestizas, heterogéneas y, justo a cuyo objeto, escurridizas. Definitivamente, llegó la hora de pensar el territorio desde los márgenes. 

Ley del Suelo, antes y después. ¿Y ahora qué?

Nuestra Bandera es una revista de debate político y teórico editada por el Partido Comunista de España. El número 242 está dedicado en su mayor parte al municipalismo como herramienta de transformación, coincidiendo con los cuarenta años de elecciones municipales democráticas y la próxima consulta del 26 de mayo.

En este último número aparece, con ligeras variantes, esta breve historia del planeamiento urbanístico en España, desde la primera Ley del Suelo elaborada en plena dictadura hasta la persistente crisis actual.

Sirva esta ilustración como símbolo de la batalla entre los árboles y las grúas.

Ley del Suelo, antes y después. ¿Y ahora qué?

Juan José Guirado

La ordenación de los asentamientos humanos ha sido siempre materia de regulación, desde que la aglomeración espontánea comenzó a requerir, para no colapsar, de medidas correctoras de las conductas individuales. Sin embargo, el tratamiento sistemático de la ordenación de todo el territorio de un país es mucho más reciente. Aunque su origen se halle en la experiencia de la revolución soviética, en occidente es un hecho mucho más reciente, en parte como respuesta a ese hecho, sin el cual no puede entenderse toda la historia posterior.

En España, la primera ley de este nombre se promulgó en plena dictadura, en 1956, y fue un paso muy importante para unificar criterios y normas de actuación urbanística, hasta entonces atomizados en ordenanzas municipales y planes decimonónicos de ensanche y reforma interior. Planes que eran específicos de cada ciudad, aunque con muchas similitudes.

Por esas fechas, la huida del campo a la ciudad empezaba a convertirse en desbandada. Un incipiente despegue industrial atraía a las ciudades a masas campesinas crecientemente empobrecidas. Las aglomeraciones informales de infraviviendas comenzaban a llenar las periferias. Esto obligaba a plantearse la necesidad de encauzar el crecimiento de los núcleos urbanos, más allá de los viejos planes de ensanche. Era imprescindible plantearse una metodología ordenada para modificar los usos del suelo.

El fenómeno migratorio no era nuevo, ni ha cesado donde se han dado condiciones similares. Las migraciones en busca de una vida mejor son de actualidad, tanto dentro de los países subdesarrollados como desde estos a los centrales.

Siempre ha habido dos modos de organizarse las aglomeraciones humanas, la espontánea y la planificada. Junto a las ciudades amuralladas crecieron los nuevos burgos, los focos de actividad en que comenzó el desarrollo de la moderna burguesía, sin que hubiera intervenido en su incipiente ordenación la autoridad intramuros.

Generalmente, un crecimiento espontáneo lento no ha sido conflictivo, pero en momentos en que se acelera se necesitan normativas reguladoras, hasta llegar a plantearse como necesidad que la expansión sea prevista y planificada.

Desde los comienzos del siglo XX, por no ir más atrás, los movimientos renovadores de la arquitectura se ocuparon del urbanismo, con planteamientos reformadores del hábitat que confundían efectos con causas. (Le Corbusier, en “arquitectura o revolución”, soñaba con lograr que el urbanismo redimiera a los oprimidos). Por el mismo tiempo, la Revolución de Octubre, con la construcción, no solo teórica, de la ciudad soviética, era un ejemplo de economía planificada, aplicada ante todo a la propiedad y usos del suelo, fuera de los dogmas del liberalismo.

Los fascismos de entreguerras adoptaron en parte la forma de actuar socialista y, como reacción defensiva de los dueños del capital, comenzaron a planificar muchos aspectos de la vida, procurando que no afectara, sino reforzara, sus derechos de propiedad.

Así, en plena guerra mundial, nace en Italia en 1942 la primera ley del suelo moderna. Según Fernando de Terán:

"...Se trata del primer texto de amplio enfoque general del problema urbanístico, donde el planeamiento tiene tratamiento protagonista. Toda la actividad urbanística debe estar realizada a través de un jerarquizado sistema de planes, acompañados de un conjunto de normas sobre la actividad constructiva…"

En España la legislación planificadora sobre el suelo fue impulsada por el arquitecto Pedro Bidagor desde la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Gobernación. Franco la apoyaba, a contrapelo de la Dirección General de Administración Local. Por el contrario, fue bien recibida en los ayuntamientos.

Entre los profesionales de la arquitectura, una minoría, incluso dentro del régimen, mantenía las ideas sobre arquitectura y urbanismo heredadas del movimiento moderno y del urbanismo socialista, pero la ley, como ocurrió en los demás fascismos de la época, favorecía con sus prácticas a los propietarios tanto de la tierra como del capital.

Esta Ley del Suelo y Ordenación Urbana pivota sobre el planeamiento, como herramienta fundamental, y limita profundamente el derecho absoluto a edificar, regulando los usos del suelo “conforme a la función social de la propiedad”. El dominio sobre el suelo dependerá desde entonces de su clasificación urbanística, se limitan sus usos y se imponen obligaciones que no dan lugar a indemnización.

Ninguna urbanización ni construcción será ya posible sin sujeción al planeamiento y autorización administrativa. Pero las plusvalías generadas por la actividad urbanística se reservan exclusivamente a los propietarios, sin participación social alguna. Como se ha visto en su aplicación y a través de sus sucesivas reformas, que nunca alteraron su esencia, se consagra en ella un capitalismo urbanístico al máximo nivel.

Regulaba el Régimen Urbanístico del suelo, considerando tres clases: urbano, aquel consolidado por la edificación o solamente urbanizado, para lo que debía contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, alcantarillado y suministro eléctrico; de reserva urbana, urbanizable mediante un plan parcial, y rústico, el resto del territorio municipal, edificable con un aprovechamiento de 1 m³ de volumen construido por cada 5 m² de superficie.

El Suelo urbano y el de reserva urbana incluían el uso público (viales y plazas, parques y jardines, equipamientos) y edificación privada. El rústico se dividía en común y protegido. Se consideraban también normas para ligar la construcción al sistema agropecuario o limitar la segregación de parcelas.

Las figuras de planeamiento, los planes, estaban jerarquizados según su ámbito territorial. Plan nacional, planes provinciales, ninguno de los cuales llegó a ver la luz, y planes generales de ordenación, que podían ser municipales o comarcales. Los planes generales clasificaban todo el suelo de su ámbito, y son los únicos que llegaron a realizarse.

Además, se consideraban planes especiales, aplicables a casos muy concretos, como los conjuntos histórico-artísticos.

Descendiendo en jerarquía y aumentando en definición, los planes parciales regulaban de forma detallada la clasificación y uso del suelo de un sector. Su infraestructura y servicios debían ser desarrollados en un proyecto de urbanización.

Cuatro sistemas de actuación definía esta ley: expropiación, cooperación, cesión de viales y compensación. Los dos primeros reservados a la administración. La llamada cesión de viales por parte de los propietarios, que podía incluir también terrenos para parques y jardines, se premiaba con la posibilidad de construir en el suelo restante. En cuanto al sistema de compensación, la iniciativa pública, o la de un número suficiente de propietarios de la mayor parte del terreno, permitían crear una Junta de Compensación, figura con personalidad jurídica que realizaba la urbanización y repartía solidariamente los beneficios y cargas del planeamiento, pudiendo en su caso expropiar a aquellos que no se adhirieran a la junta. Y si era necesario, podían reparcelarse los terrenos, unificando las parcelas de un polígono y procediendo luego a una nueva división que compensara a todos los propietarios por igual.

Se establecía así un procedimiento igualitario para mantener la desigualdad inicial entre propietarios. El dueño de la mayoría de los terrenos era el más beneficiado por el proceso urbanizador. Y así ha seguido siendo a través de todas las sucesivas modificaciones de la ley, que siempre ha dejado fuera a los no propietarios de terrenos. Se pregonaba la “función social de la propiedad” siempre que no afectara a la propiedad socialmente consolidada.

Para la valoración de los suelos se establecían cuatro categorías, aplicables a cada una de sus clases. Valor inicial, para el rústico, expectante, para el de reserva urbana, urbanístico, para el suelo urbano en general, y el valor comercial aplicable a los cascos urbanos consolidados.

En 1975, en pleno proceso de transición política, se realizó la primera reforma de la ley, y el texto refundido de ambas se publicó al año siguiente. La ley reformada se desarrolló mediante varios reglamentos. Se mantuvo el de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares de 1964, y en 1978 se publicaron otros tres, el Reglamento de Planeamiento, el de Gestión Urbanística y el de Disciplina Urbanística.

De la simple clasificación se pasaba a la calificación del suelo. Se mantuvo la definición de suelo urbano, pero se añadió como tal el que tuviera un plan parcial aprobado. El suelo de reserva urbana pasó a ser suelo urbanizable, distinguiendo entre el programado, con plazos inmediatos de ejecución, y el no programado, reservado para desarrollarlo en el futuro por medio de Programas de Actuación Urbanística. El suelo rústico pasó a no urbanizable.

Siguiendo en parte las reformas políticas en curso, en el suelo urbano y el urbanizable se aumentaron los deberes de los propietarios de urbanizar y edificar, ampliando las cesiones de suelo para fines públicos. En suelo urbanizable se impuso la cesión del 10% del aprovechamiento medio. Con ello creció la participación de la comunidad en las plusvalías urbanas, intensificándose la aplicación del principio de reparto de beneficios y cargas, más allá de la mera reparcelación.

Se perfeccionaron los instrumentos de planeamiento, introduciendo la obligación de realizar un estudio económico y financiero.

Las ideas que sobrevolaban la reforma política influyeron sin duda en algunos puntos de la nueva legislación. Aún no se había abandonado la idea de planificación de amplios vuelos, y se mantuvo la intención proclamada de llevar a efecto el Plan Nacional de Ordenación. Los planes provinciales anteriores, sin embargo, flexibilizaron su ámbito, pudiendo ser también supraprovinciales y comarcales. Se veía venir el desarrollo del Estado de las Autonomías. Pasaron a llamarse Planes Directores Territoriales de Coordinación (esto era el célebre “pedete”, pronto volatilizado).

En adelante los Planes Generales Municipales se desarrollarán, según los casos, por medio de Planes Parciales, Planes Especiales, Programas de Actuación Urbanística o Estudios de Detalle.

Una novedad de la ley la constituyen las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento, instrumentos pensados para municipios pequeños, exentos de la necesidad de estudio económico.

De los sistemas de actuación desaparece el de cesión de viales, poco preciso. También se modifican las valoraciones. El pintoresco “valor expectante” desaparece, y quedan solo otros dos, el urbanístico y el inicial de los suelos no urbanizables.

En 1990, el gobierno de Felipe González promueve una nueva ley, que sin tocar los derechos sobre el suelo regula el paso de unas situaciones a otras, ligando los derechos al nivel de desarrollo, y da armas a la Administración para intervenir en su seguimiento. El proceso es como sigue.

Se adquiere el derecho a urbanizar al aprobarse el planeamiento que convierte el suelo rústico en urbanizable. El planeamiento municipal marca el aprovechamiento tipo, y una vez cumplidos los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los plazos fijados, el suelo urbanizable pasa a ser urbano y el propietario a tener derecho al aprovechamiento urbanístico señalado.

El derecho a edificar se adquiere luego con la licencia y cesa por caducidad si la edificación no se materializa en el plazo previsto. Ejecutada la obra de acuerdo con la licencia, se obtiene el derecho de uso.

El suelo no urbanizable y el urbanizable no programado no confieren ningún derecho a edificar. En el urbano y el urbanizable programado el valor inicial se altera necesariamente, por cuanto se acepta para ellos el valor de mercado. Se intenta corregir desequilibrios mediante las técnicas de aprovechamiento tipo y las transferencias de aprovechamientos urbanísticos. Una de las mayores concesiones a lo público es la cesión al municipio de al menos el 15% del aprovechamiento tipo (la práctica hizo luego que en muchos casos los ayuntamientos prefiriesen monetizar estas cesiones; obtuvieron más posibilidades de crear infraestructuras y servicios… en menos terreno).

Pero esta legislación que ordenaba el régimen del suelo de arriba abajo en todo el territorio tenía un talón de Aquiles: chocaba con la Constitución del Estado de las Autonomías, que incluía la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda entre las competencias de las Comunidades Autónomas. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 (¡casualmente ya en el primer gobierno de Aznar, y no antes!) daba la razón a los recursos de muchas Comunidades y desmantelaba la ley del anterior gobierno socialista.

El proceso especulativo ya en marcha adquiere a partir de entonces velocidad de vértigo. Con el pretexto de abaratar el suelo incrementando la oferta se elimina la diferencia entre el suelo urbanizable programado y el no programado. Ahora todo será urbanizable sin más. Se simplifica el procedimiento y se acorta además la tramitación. El neoliberalismo rampante pretende que el problema de la vivienda se resuelva dejando hacer.

Al año siguiente una nueva ley del suelo, que estuvo vigente hasta 2007, convierte en urbanizable aquel terreno que no sea declarado expresamente no urbanizable,

“por estar sometido a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público, o aquellos terrenos que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano”.

Ya no había que justificar la necesidad de urbanizar, era necesario demostrar en su caso por qué no se debía urbanizar. La intención declarada de abaratar el suelo aumentando enormemente su disponibilidad tuvo como efecto disponer de suelo barato para actuaciones especulativas caóticamente dispersas por el territorio, sin que los suelos verdaderamente caros bajaran de precio.

Se aumentó la protección de los derechos de los propietarios, indemnizándose los cambios de planeamiento que afectaran a licencias en vigor:

"...Cuando se produzca la anulación de una licencia, demora injustificada en su otorgamiento o su denegación improcedente, los perjudicados podrán reclamar de la administración el resarcimiento de los daños y perjuicios causados..."

Pese a ello, seguía tratándose de una legislación estatal. Nuevamente, en 2001, interviene el Tribunal Constitucional para derogarla parcialmente, por invadir competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Se reinterpretaron los artículos relativos a la clasificación de suelo como urbanizable, dando un margen muy amplio a las administraciones territoriales, en contradicción con los pretendidos efectos liberalizadores de la ley.

La vuelta al poder del PSOE trajo en 2007 otra nueva Ley del Suelo. Ahora ya no se intentó clasificarlo al margen de su situación real de rural y urbanizado. Serán en todo caso las Comunidades Autónomas las que puedan mantener la clasificación como suelo urbanizable y la posterior ejecución del planeamiento que así lo prevea, aunque solamente podrá “clasificarse como urbanizable el suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen”.

Con un modesto giro social, además de garantizar una cierta protección a los propietarios frente a los grandes promotores, ordena que las Administraciones reserven el 30% del suelo residencial de las nuevas unidades de actuación para viviendas sujetas a un régimen de protección pública, aunque excepcionalmente esta reserva pueda ser inferior.

En esto llegó, bruscamente, la crisis de las crisis. En 2009 el gobierno de Zapatero, para hacerle frente, quiso modernizar la economía en los campos financiero, empresarial y medioambiental. En este sentido se promulgó la Ley de Economía Sostenible en 2011. Su reglamento, sin embargo, no pudo ser aprobado hasta 2012, ya bajo el nuevo gobierno del Partido Popular.

No podía dejarse de lado el tema urbanístico, buscando, como no podía ser de otra manera, el ansiado “crecimiento sostenible”. Por una parte, se potenciaba la rehabilitación, a la que se quería destinar el 35% de la inversión inmobiliaria, en un intento de canalizar a ella el empleo destruido por la parálisis de la obra nueva. También se quería aumentar el número de viviendas en alquiler, pasando del 13 al 20%.

Para socorrer a las entidades financieras y promotores de suelos en cartera se procuró, en sentido contrario a la anterior política de “abaratar suelo”, evitar su depreciación, ampliando los plazos de valoración para suelos con planeamiento aprobado y aplicándoles la ley anterior, más favorable porque permitía incluir expectativas urbanísticas.

Con la resaca de la crisis, a la que no fue en absoluto ajeno el estallido de la “burbuja inmobiliaria”, sistemáticamente alimentada por todos los gobiernos anteriores, el tema urbanístico propiamente dicho pasa a un segundo plano. Los múltiples desarrollos urbanísticos fallidos hacen prácticamente inoperantes los grandes proyectos desarrollistas del pasado reciente. Ya no tenía sentido una nueva Ley del Suelo específica que, como las anteriores, se centrara en nuevos desarrollos y en valoraciones crecientes que en definitiva fomentan la especulación con el precio de los terrenos.

Como alternativa, cobran impulso la rehabilitación, el equipamiento de barrios y la renovación urbana. El nuevo enfoque encaja bien con la humanización de los centros urbanos, la racionalización del transporte y la sostenibilidad en general. De todas formas no parece que estas actividades puedan sustituir al desmesurado crecimiento de la industria de la construcción de las décadas precedentes.

Aunque las ventajas del planeamiento parecen evidentes, el modelo seguido a lo largo de todos estos años presenta graves inconvenientes. Al ser expansivo, choca finalmente con las limitaciones de un territorio que no puede estirarse indefinidamente.

Pero hay algo más determinante aún. Es la idea, que ya estaba presente en la primera ley, del “valor expectante”. Los suelos “esperan” aumentar su valor por decisiones administrativas que permiten urbanizarlos. Recordemos que en la ley inicial se recogía el sistema de expropiación para obtener suelo público, y que ya existía una Ley de Expropiación Forzosa “por causa de utilidad pública o interés social”. Esta ley permitía a las administraciones obtener suelo público pagando un justiprecio, como indemnización al propietario que perdía la titularidad, para resarcirlo de las pérdidas ocasionadas en su patrimonio y en la actividad cesante (incrementado en un sentimental 5% como premio de afección). ¿Pudo utilizarse la expropiación como fórmula exclusiva para crear suelo urbano? La realidad es que en las circunstancias del momento no era posible. El omnímodo poder de los propietarios de la tierra y del capital pedía otras soluciones. Que además eran realistas y razonables.

Se trataba de una necesidad perentoria en un momento de penuria económica, el Estado no tenía capacidad para abordarla, y por eso se utilizaron las otras figuras impulsoras del planeamiento para dar entrada a la iniciativa privada en el proceso urbanizador, mediante la obtención de importantes plusvalías (aunque la propia ley y las sucesivas intentaron tímidamente recuperar parte de ellas mediante cesiones obligatorias).

Iniciado el camino, adquirió pronto proporciones grandiosas. El cambio de calificación de un suelo suponía (y supone) un impresionante aumento de valor. El sector inmobiliario y el financiero han sido los grandes beneficiarios del procedimiento, al menos hasta la estrepitosa caída del tinglado. Por contra, la pretendida recuperación de las plusvalías por la comunidad ha sido mucho menor.

Otro efecto importante ha sido el incentivo que supone el procedimiento como promotor de corrupción. Si la recalificación de un suelo puede producir una fabulosa ganancia, puede por eso mismo propiciar el pago de jugosas comisiones a elementos corruptos situados en lugares clave de la Administración, en el nivel preciso. Así es fácil el paso de la colaboración a la complicidad. ¿Habrá que citar ejemplos concretos?

Los diversos niveles de los órganos encargados del planeamiento son otros tantos puntos débiles que propician estas prácticas. El Estado central, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, han sido objeto de presiones diversas (y no únicamente se trata de sobornos) para favorecer los intereses del sector de la construcción y los capitales asociados a él. No olvidemos que no todo está en la ley. Alguien que sabía mucho de esto, el Conde de Romanones, dijo en una ocasión: “Dejad que ellos [los diputados] hagan las leyes, yo haré el reglamento”. En los reglamentos de la ley, más allá de sus declaraciones de intenciones, está la política real. Pero mucho más abajo, en los órganos encargados de su aplicación, están sus efectos prácticos.

No quiere decir esto que todas las decisiones de los ayuntamientos hayan sido venales. Muchas han sido tomadas con la mejor de las intenciones, pero con una mentalidad capitalista que ha hecho ver en el beneficio monetario inmediato lo más conveniente. La monetización de las cesiones de suelo citada más arriba es un claro ejemplo. Y muchos de los terrenos para edificios públicos, instalaciones deportivas, parques o jardines, han sido una migaja obtenida, incluso por las corporaciones progresistas, a cambio de enormes ventajas económicas para los dueños de los terrenos y del capital.

Hora es de un cambio fundamental en el abordaje del tema urbanístico, empezando por la propiedad del suelo.

¡Casi nada!

¿Qué significa "nosotros"?

Esta conferencia, pronunciada en la XXXVI Semana de Filosofía de Pontevedra por el catedrático José Solana Dueso, que se especializó en Filosofía Antigua atraído por el magisterio de Emilio Lledó, puso de relieve el papel que los sofistas, poco apreciados por la filosofía posterior, heredera de los grandes Platón y Aristóteles, tuvieron en la formación de la idea básica de la democracia: la igualdad esencial de todos los humanos, dotados universalmente de capacidad política, por encima de sus diferentes capacitaciones técnicas.

No es que los griegos fueran consecuentes con esta idea, porque en la práctica la ciudadanía estaba muy restringida, manteniendo fuera de su democracia a extranjeros, esclavos y mujeres, y paliando muy parcialmente, entre los mismos ciudadanos, las diferencias entre ricos y pobres, pero sentaron las bases para la negación del carácter natural de las fronteras entre humanos.

La frontera que separaba a los ciudadanos ("nosotros") de los demás ("ellos"), era solo una entre otras muchas, las que había entre griegos y bárbaros, ricos y pobres, libres y esclavos, hombres y mujeres, sabios e ignorantes. Cada frontera establece un "nosotros" que excluye a los demás.

Pese a sus limitaciones prácticas, este planteamiento teórico es de enorme importancia, porque socava la creencia en cualquier origen "divino" o "de orden natural" de las desigualdades. En nuestro tiempo ese "nosotros" se ha diversificado enormemente, repartido caóticamente entre toda clase de tribus: tribus urbanas, tribus ideológicas, nacionales, de género, de clase, de lengua y cultura, de interés corporativo...

Cada cual oscila entre esas pertenencias múltiples, y es bueno recordar el "nosotros" fundamental, desarrollando la "conciencia de especie", y recordando que, ahora más que nunca, olvidarlo nos conduce a conflictos que pueden llevarnos a la autodestrucción.

Esa conciencia necesaria de la igualdad fundamental entre los humanos es lo que falta a las democracias realmente existentes, que siempre se dan en el seno de alguno de los nosotros subalternos. En la práctica, el nosotros que funciona se reduce casi siempre a una oligarquía dominante en el seno de una clase dominante, dentro de algunas sociedades privilegiadas.

Sigue el resumen de la conferencia facilitado por el Aula Castelao, y el vídeo de la misma:

LOS SOFISTAS: DEMOLIENDO FRONTERAS

Protágoras es el iniciador de la filosofía política. Su teoría más conocida, expuesta en alguna obra suya que no podemos precisar, fue resumida por Platón en el Protágoras. En síntesis, el sofista afirma que la humanidad llegó al estado actual tras haber andado un largo proceso en el que experimentó dos tipos de aprendizaje: el primero es el aprendizaje técnico, el regalo de Prometeo, gracias a lo que la especie humana es capaz de suplir sus carencias mediante el desarrollo de una serie de técnicas y conocimientos (agricultura, construcción, navegación, astronomía, etc.) que le permiten encarar los problemas de la supervivencia. Dada la insuficiencia del regalo de Prometeo, la especie se vio forzada a realizar un segundo aprendizaje, el de sentar las bases de la convivencia, necesario para la cooperación que las antedichas técnicas exigían y evitar los conflictos que, derivados de esa convivencia, desembocarían en la autodestrucción. Esa experiencia de convivir de manera armoniosa es el regalo de Zeus, y consiste en desarrollar entre los miembros de la especie la justicia (Díke), el respeto y el autocontrol (aidós).

La experiencia política, común a todos los miembros de la especie, es diferente de la experiencia en las técnicas y las artes, donde son muy pocos los que poseen las distintas capacidades.

En consonancia con estas bases teóricas, la democracia se convierte en la forma de gobierno y de organización social más acorde con la experiencia formadora de la especie humana y su doble proceso de hominización y humanización.

Esta teoría, en el mundo griego, tuvo un efecto demoledor para algunos de los marcadores vigentes en su época, que dividían y fragmentaban la humanidad, como son:

• La frontera entre sabios e ignorantes, al afirmar que todos los hombres son sabios, e incluso que la multitud, los denostados polloí de Sócrates y Platón, se equivocan menos que los expertos individuales.

• La frontera entre ricos y pobres también se conmueve, no solo por el acceso que se les reconoce a los pobres a las magistraturas, con el consiguiente salario, sino también por el acceso a medidas de protección para los desfavorecidos instituídas por la democracia.

• La frontera entre libres y esclavos, aunque se muestra más resistente, por constituir la base económica de la sociedad escravista, se debilita, como lo prueba un texto de Alcidimante (escrito alrededor del 360 la.C.), discípulo de Gorgias, en el que podemos leer la primera sentencia explícita contra la esclavitud: "Dios creó la todos los hombres libres; la naturaleza no hizo a nadie esclavo".

• La frontera más firme de todas, la que se da entre hombres y mujeres, la base de la sociedad patriarcal, comenzó también a ser cuestionada, al surgir un notable movimiento de emancipación femenina que, por desgracia, rematado el tiempo de las ciudades democráticas, cayó en el olvido.
  

Emigrantes, refugiados y terroristas

Ángeles Díez es profesora de sociología en la Universidad Complutense. Dentro de la XXXVI Semana Galega de Filosofía pronunció esta conferencia. Traduzco del gallego el texto introductorio.

Tres consignas de la propaganda de guerra

El 18 de marzo de 2016, los veintiocho miembros europeos ratificaron por unanimidad el acuerdo firmado por Alemania y Turquía para la expulsión de refugiados. En junio de 2008, el Parlamento Europeo ya aprobó una directiva que permitía la detención durante dieciocho meses de emigrantes "no oficiales", incluida la deportación de menores a países distintos del origen. Pero años antes, en 2005, ya se había cread Frontex, la agencia europea de gestión de fronteras. Después de los ataques a París, Francia suspendió el acuerdo de Schengen, aumentó el presupuesto policial y militar y lanzó una ley para permitir el espionaje telefónico y el control de Internet como una especie de Patriot Act europea.

Todas estas políticas y leyes europeas deben entenderse dentro de la lógica de la guerra mundo en la que estamos inmersos. Son políticas que, al tiempo que ocultan las verdaderas causas de las emigraciones masivas y los ataques terroristas, justifican las medidas totalitarias que restringen nuestros derechos y nos deshumanizan.

La política exterior europea hacia Oriente, África y América Latina no es más que la continuación de la política imperial que desde la Segunda Guerra Mundial está hegemonizada por los Estados Unidos. Es una guerra de recolonización en la que hay intereses particulares, por ejemplo, de Francia en África o de España en América Latina, y reparto de papeles: a veces interviene la OTAN, otras son una coalición internacional, pero en la que no hay grandes discrepancias. La nueva fase de expansión y acumulación de capital a escala planetaria se hace mediante la guerra, llevando el conflicto armado a aquellos lugares en el planeta donde corren peligro sus intereses económicos (petróleo, dólar, corporaciones financieras, comunicaciones…) o donde encuentran resistencia de gobiernos o pueblos que defienden su soberanía. Las formas de guerra contemporánea son diversas y más complejas, incluyen todas las formas de guerra anteriores y desarrollan nuevos métodos de intervención (golpes parlamentarios, golpes blandos, ejércitos interpuestos, operaciones encubiertas, guerra económica, bloqueos, etc.).

También se ha transformado la propaganda de guerra, adaptándose a nuevas sensibilidades y nuevas herramientas tecnológicas. Se han sofisticado los mecanismos de influencia y manipulación, apoyándose en una base ideológica y cultural crecientemente reaccionaria que realimenta el mito de la superioridad de la civilización occidental.

Si la guerra es el acontecimiento espectacular por excelencia, el que capta mejor las emociones, lo que más conmueve y más nos desarma, lo que nos deja inermes y dispuestos a aceptar cualquier medida por inútil o aberrante que sea, la emigración, con miles de seres humanos que arriesgan sus vidas para sobrevivir, es la imagen contemporánea más útil para el sistema actual de propaganda de guerra; es la imagen que mejor capta el sentimiento de amenaza. Representa la pesadilla de las "invasiones bárbaras" que justificarán las medidas más brutales del Occidente desarrollado hacia el interior y el exterior de sus fronteras.