Otro urbanismo (y IV)

Los municipios, que siguen siendo válidos como unidades administrativas, no siempre son ya unidades orgánicas, y su futuro no puede confiarse sólo a planes autosuficientes. Las complejas relaciones económicas que van tejiendo estructuras sobre el territorio saltan sus fronteras. Por eso, un planeamiento válido se debe iniciar a una escala mayor que la del municipio, la escala regional. 

Sólo como idea, existieron una vez los Planes Directores Territoriales. Hasta se pensó en un non nato Plan Nacional de Urbanismo. Posteriormente, la Constitución Española, que necesitaba el consenso para ser aprobada, tomó de la izquierda la idea de planificación económica, aún inscrita en ella como figura retórica. Pero la planificación pública desapareció del horizonte. Ha sido sustituida, en apariencia, por un mecanismo automático y ciego, el mercado, la mano invisible que, en el imaginario liberal, vela como providencia universal de la economía.

Pero no hay que dejarse engañar por esa apariencia. Ahora se planifica más que nunca. Lo que pasa es que son otros los autores. Ahora, sin participación ciudadana, los que planifican son grandes bancos y holdings transnacionales de empresas, grandes defensores de un libre mercado que internamente nunca practican. Ellos sí elaboran planes, pero dirigidos únicamente a aumentar sus beneficios.

La planificación de la economía, y en consecuencia la del territorio, han existido siempre. La primera condiciona la segunda, porque establece las redes de transporte y comunicaciones a desarrollar, los usos que interesa potenciar, las regiones, localidades y zonas que serán objeto de preferente atención. Pero cuando esos planes no los traza una autoridad democrática, en nombre y beneficio del pueblo y con su participación, son, necesariamente, decididos, al margen del control público, por quien detente el poder económico, en su propio nombre y provecho.

A la escala de la Unión Europea, es ya tópico hablar de su déficit democrático. Vemos cómo las grandes decisiones las toma una reducida comisión, más en función de los mandatos del Banco Central que de un Parlamento sin auténtica función legislativa. Y los gobiernos se escudan en esas decisiones de Bruselas para no ejercer su menguada soberanía, tomando alguna vez decisiones ajenas al interés del gran capital.

¿Y cuánto menos poder real tendrá un municipio? Únicamente le queda ofrecer suelo y dar ventajas a los capitales que se instalen en él. Lograr que le pase el AVE (y que pare), conseguir aeropuertos, superpuertos. Pero de esto no hay para todos, sólo para el que le toque. O para el que mejor repique el instrumento de las ofertas. 

Los ciudadanos son ganados para este juego por un patriotismo local, y aunque siguen compitiendo entre ellos por un puesto de trabajo, la rivalidad con el pueblo vecino los hace sentirse municipalmente solidarios. Todo interés superior está ausente. El capital al que se hace la corte, mientras tanto, se deja querer, porque le sobran novias.

Habrá que desandar el largo camino que nos ha alejado de la planificación. Pero hay que exigir que sea pública y gestionada democráticamente. Es necesaria en todos los marcos: comunitario, estatal, autonómico, comarcal, municipal. Debe basarse lo más posible en los recursos propios, con la puesta en marcha de la riqueza potencial de la zona y de la localidad, pero sin olvidar el importantísimo principio de solidaridad que pueda acabar con los desequilibrios de todo tipo. El libre mercado nunca hace eso.

¿Cómo deben financiarse entonces las entidades locales? Pues en función de la riqueza, siempre entendida como socialmente necesaria, que se genere. De la actividad económica real, basada en la cobertura de necesidades, no en el falso crecimiento especulativo. Confiar la ejecución del urbanismo y la financiación básica de los ayuntamientos a licencias de obra, a la creación de falsas plusvalías cuya mayor parte va a otras manos, es obligarse a repetir incesantemente un ciclo expansivo imposible de sostener.

Juan José Guirado

Diario de Ferrol

ant. 2007