La problemática judicial

Sobre la factoría de la empresa pastera ENCE en Pontevedra se ha escrito muchísimo, casi siempre con una pasión que mezcla visiones y sentimientos encontrados. He intentado analizar los factores, pros y contras, que concurren en este caso. Al menos tres veces, en 2011 (La pata del mono), 2013 (Sobre ENCE y sus repercusiones) y 2017 (ENCE de nuevo), he publicado comentarios sobre este tema. Intentaré no repetir lo que allí dejé dicho.

Ahora, una sentencia de la Audiencia Nacional anula la insólita prórroga (¡hasta 2073!) que había concedido a la empresa el gobierno de Mariano Rajoy. Vista la trayectoria de nuestra sociedad hacia un futuro incierto, parece un tiempo extraído de un relato de ciencia ficción.

La batalla contra esta industria, tan antigua como su instalación en Lourizán, se ha centrado siempre en aspectos medioambientales y urbanísticos. Los primeros, según la empresa, superados; los segundos, según la historia del planeamiento y el desarrollo urbano, que seguramente llega al límite, irreversibles, al menos según la añorada perspectiva de orientar el crecimiento de la ciudad hacia Marín.

Aunque la batalla siempre tuvo un fondo medioambiental y paisajístico, la argumentación se ha basado, buscando el éxito, en su ubicación. En lo que fue zona marítimo-terrestre y ahora solamente lo es de derecho, porque de hecho la verdadera línea de costa la marca hoy, no una playa desaparecida, sino una autovía que indudablemente no se va a eliminar. ¿O se piensa en "reconstruir" la playa?

Se ha hablado de trasladar la factoría, pero no está claro que haya en Galicia un sitio más adecuado, y además pocas veces se considera el coste medioambiental de desmantelar, eliminar los restos y reconstruir en otro lugar. También se ha argumentado que siendo una industria estratégica no debe salir del territorio, que otras pasteras deberían aumentar su producción, en España o en otros países, y lo harían en iguales o peores condiciones de respeto al medio ambiente, y resulta curioso que muchos que se oponen a la fábrica con argumentos ecologistas no hagan ascos a que se monte en otro lugar.

Es interesante observar qué grupos políticos y sociales están a favor y en contra de la empresa. Simplificando mucho, la derecha apoyaría la permanencia y la izquierda, sobre todo la nacionalista y ecologista, el traslado o el cierre. Pero sindicatos y trabajadores de la empresa y otras relacionadas, así como sectores económicos, se oponen a su desaparición.

Lo que me llama la atención no es la polémica en sí, sino la sentencia judicial que, más allá de anular la desmesurada prórroga que le fue concedida a ENCE en 2013, parece dejar bruscamente en el aire su continuidad.

Los jueces son especialistas en aplicar las leyes. Es difícil pedirles que se aparten de la estricta literalidad de las mismas (a veces pienso que dedican tanto tiempo a estudiar para sus difíciles oposiciones que no dedican mucho a aprender otras cosas). Sin embargo, no son independientes a presiones políticas ni a influencias ideológicas. Una paradoja difícil de resolver. Los votos particulares, la discrepancia en el seno de un tribunal o entre tribunales, como estamos viendo ahora mismo con los confinamientos, o con importantes sentencias que medio voto convierte en inapelables nos demuestran que tampoco la justicia es indiscutible. ¿Qué significa entonces "acatar"?

Algo de esto he comentado en Lawfare y luego en Llueve sobre mojado. Ahora quiero referirme a la escasa preocupación de estos juristas por las consecuencias de sus decisiones. Más allá de la letra de las leyes deberían aprender a interpretarlas con una consideración hacia problemas que, más que resolver, pueden (y suelen) enconar.

Manifestación de trabajadores de Ence el viernes en Pontevedra, convocada por Comisiones Obreras. Ramón Leiro

La sentencia de la Audiencia Nacional intensifica el debate del futuro de Ence

Marcos Gago Otero

PONTEVEDRA / LA VOZ

El Supremo tendrá la última palabra sobre el largo litigio judicial

19 jul 2021

La anulación de la prórroga de la concesión de Costas que Ence disfrutaba desde el 2016 y que le permitió seguir en Lourizán más allá del 2018, fecha cuando se acabó el título original, cayó como un terremoto político y laboral en Pontevedra. El debate sobre el futuro de la pastera, se ha actualizado con la última sentencia e intensificado, tanto en los ámbitos políticos como en la calle. El alcance total de sus consecuencias son imprevisibles y será el Supremo quien tenga la última palabra.

¿Por qué necesita Ence de la prórroga de la concesión de Costas?

Todos los terrenos donde se asienta la factoría están en dominio público marítimo terrestre, es decir, su titularidad es estatal. La fábrica se instaló en Lourizán con una concesión otorgada en 1958. La entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 limitó el tiempo de esa concesión al 2018. La prórroga era la única fórmula jurídica para poder continuar en su actual ubicación y le fue concedida por el Gobierno de Rajoy en el 2016 y por 60 años, que empezaron a computar a partir del 2013, que es cuando se pidió.

¿Por qué la anula la Audiencia Nacional?

En sus consideraciones, los magistrados inciden en que Ence está en una localización «singular» y enfatizaron la «exigencia de justificar la necesidad de ubicación de la factoría en el dominio público marítimo terrestre», porque solo se puede permitir la ocupación de esta franja litoral «para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». Al entender la sala de lo Contencioso Administrativo que no se justificó esa condición, se anuló la prórroga.

¿En qué situación queda Ence entonces?

Técnicamente se ha quedado sin prórroga de la concesión, y como el título original acabó en el 2018, La Audiencia Nacional no ofrece un período alternativo a los 60 años de la prórroga, sino que sencillamente la anula en su totalidad. Dice: «Consideraciones, las expuestas, que conllevan la estimación de la pretensión de la actora [Concello de Pontevedra y Greenpeace], al resultar procedente denegar la prórroga de la concesión otorgada, lo que nos eximen de entrar en el examen de la duración de la prórroga de la citada concesión». Fuentes jurídicas consultadas interpretan este párrafo en el sentido de que difícilmente podría Ence disfrutar de otra prórroga más pequeña. La solución jurídica más viable es recurrir en casación.

¿Qué va a hacer la empresa a partir de ahora?

«Ence esgotará todas as vías xurídicas para defender a legalidade da prórroga da concesión da biofábrica de Pontevedra». La compañía sostiene que la autorización del 2016 fue «acorde a dereito» y defenderá su posición en un recurso en casación ante el Tribunal Supremo. En caso de que se presente ese recurso, los denunciantes volverán a pedir que se mantenga la anulación. Ence ha insistido reiteradas veces que si no puede seguir en su localización actual en Pontevedra, tendrá que echar el cierre en Galicia, en base a los estudios técnicos encargados sobre la inexistencia de otra ubicación adecuada, desde el punto de vista técnico y ambiental, para la factoría.

¿Cómo será el procedimiento en el Supremo?

Ence tiene treinta días contados desde la notificación de la sentencia de la Audiencia Nacional para interponer su recurso en casación ante el Supremo. Si el alto tribunal estatal acepta el recurso, se abrirá un procedimiento que fuentes jurídicas consultadas cree que podría tardar como dos años en resolverse.

¿Qué pasa mientras no falla el Supremo?

Mientras esté el procedimiento abierto en el Supremo, Ence podrá seguir operando en Pontevedra. Si la sentencia es favorable a la empresa, podrá seguir y si no lo es la hoja de ruta es incierta. Puede quedar la apelación a Europa, cerrar o intentar el traslado.