Refundación federal y confederal

El derecho a decidir no se puede restringir a cuestiones prefabricadas a la medida, que es como se ha planteado el sí o no a la independencia de Cataluña.

Se exponen en el artículo que recojo argumentos de peso para oponerse a una independencia no necesaria, que exacerbaría la competencia en lugar de la cooperación entre territorios y ciudadanos, aplazando sine die, por las dificultades que plantearía a los dos nuevos estados, cualquier agenda social. En estas condiciones, comprobadas históricamente en otros lugares, la independencia no contribuye a resolver los problemas sociales, como parecen creer los independentistas de izquierdas, sino a aplazar su solución.

El establecimiento de una confederación sería casi lo mismo, por la falta de solidaridad económica y social entre las diferentes entidades. Se plantean luego las ventajas de una solución federal, la más importante, la posibilidad de nivelar las desigualdades, imposible en una confederación que se parecería, a otra escala, a la actual Unión Europea.

La solución federal que contempla no sería exactamente lo mismo que el estado de las autonomías, porque también los derechos culturales y el conocimiento de las lenguas respectivas debería extenderse a todo el territorio de la federación. El conocimiento y reconocimiento mutuo no puede restringirse a zonas acotadas.

Pero sería muy importante la solidaridad interterritorial, real y no meramente declarativa, unida a la solidaridad entre las personas. Todo lo relativo a esto debe ser competencia federal.

¿Permitiría un estado separado un sistema confederal en su seno?

¿Son compatibles la agenda nacional y la agenda anti-neoliberal?

Armando Fernández Steinko

Rebelión

Las Candidaturas de Unitat Popular (CUP) han accedido en el último minuto a darle su apoyo a un segundo candidato conservador a President de la Generalitat, el alcalde de Girona Carles Puigdemont. Las esperanzas iniciales de que prevaleciera el voto social dentro de las CUP frente al voto identitario se ha frustrado una vez más y las Candidaturas han aceptado un acuerdo humillante que parece un castigo por haber osado salirse temporalmente del guión soberanista impuesto por la burguesía catalana. Esta firma genera una situación nueva no sólo en Cataluña sino en todo el Estado y obliga a abordar, de una vez por todas, el problema nacional con la trascendencia que merece. En contra de lo que piensan muchas personas, el avance o el retroceso de la agenda antineoliberal en España están fuertemente determinados por la solución que se le al problema nacional, una determinación que, por lo demás, también afecta a largo plazo al propio proyecto europeo. 

La cuestión de fondo es cómo interpretar desde la izquierda, o desde posiciones progresistas en general, la dialéctica entre agenda nacional y agencia anti-neoliberal. En esencia hay dos formas de hacerlo: 

a.) la agenda nacional puede servir para profundizar la agenda anti-neoliberal, o  

b.) la agenda nacional secuestrará, más antes que después, la agenda antineoliberal. 

La investidura de Puigdemont es un ejemplo más de que la segunda interpretación es la correcta. Hay otros similares que apuntan en la misma dirección y permiten definir una especie de constante política: cuando los partidos nacionalistas progresistas -al menos en territorios altamente desarrollados- que intentan guardar un equilibrio entre ambas agendas adquieren un protagonismo determinado, la agenda nacional se impone dentro de sus propias filas por encima de la agenda antineoliberal. Esta dinámica debilita su alma progresista y refuerza su alma identitaria con lo cual pierden el apoyo de los sectores más necesitados de la sociedad. Tienen argumento y es táctico: "no os preocupéis, primero creamos la nación y luego habrá tiempo para plantear cuestiones de justicia social pero, hoy por hoy, todos los nacionalistas tenemos que permanecer unidos como una piña con el fin de batir al enemigo principal", en este caso el “Estado Español”. 

Pero por mucho que este argumento sea reducido a una cuestión táctica y haya sido repetido una y otra vez en ciertos ambientes progresistas, lo cierto es que no se sustenta ni en argumentos racionales ni en evidencias empíricas. Lo que ha sucedido una y otra vez, tanto en España como en muchos otros lugares, es que esta coexistencia inestable se resuelve en favor de los argumentos identitarios con lo cual la agenda nacional deglute en muy poco tiempo a la agenda social y pospone la cuestión de la justicia social para un futuro incierto. El proyecto de creación de un estado propio absorbe tal cantidad de recursos y genera una dinámica tal, que los objetivos de la izquierda -la solidaridad, la cooperación internacional, la generación de identidades cruzadas adaptadas a la realidad cotidiana de las personas, la justicia, la democracia etc - sufren un retroceso generalizado. Esto sucede también y precisamente después de que culmine una hipotética independencia. Dicha dinámica se genera tanto dentro del nuevo estado como también dentro del estado del que se pretende desgajar el primero, y mucho más aún en el actual contexto internacional fuertemente financializado y extremadamente competitivo. La lucha por el reconocimiento internacional, la necesidad de reforzar la piña nacional frente a los “ataques” exteriores, la necesidad de competir contra otras naciones para subsistir económicamente y mantener la legitimidad del proyecto así como las dificultades de acceder a los mercados financieros internacionales etc etc consolidan a medio y largo plazo las opciones autoritarias y neoliberales a ambos lados de las fronteras. 

No es la primera ni la única vez que esto sucede en España. El Bloque Nacionalista Galego, que llevó al límite el intento de crear una burguesía gallega como elemento central de su estrategia de construcción nacional, fue abandonado por sus electores en el momento en el que se agudizó la crisis económica. El acento que ha puesto Bildu en temas identitarios le ha restado recursos para hacer políticas socialmente eficientes en los ayuntamientos, lo cual explica en buena parte su desplome electoral en las últimas elecciones generales y no es casualidad que Bildu le haya venido aconsejado a las CUP desde el principio que firmen el acuerdo de investidura a Mas. La dinámica independentista forzada por la burguesía catalana ha empujado a sectores progresistas antiindependentistas a cambiar su voto por el de Ciudadanos pues, a diferencia de otras opciones, este partido tuvo un planteamiento no ambiguo en relación con la independencia etc. Y el próximo episodio podría llegar más pronto que tarde: la dinámica de desconexión del Estado forzada por los independentistas catalanes podría reforzar el ala más centrista del PSOE empujándolo a un gobierno de gran coalición, bloqueando así la posibilidad de un gobierno progresista en España y frustrando con ello la conformación de un eje mediterráneo con capacidad de forzar un cambio económico de fondo en Bruselas ¿Qué hacer?

No son pocos los que piensan que el “derecho a decidir” va a poner fin a esta situación. Este argumento es superficial pues dicho derecho, como cualquier derecho democrático, es intransitivo, no incluye posicionamiento alguno sobre las opciones entre las que se pretende que opten los ciudadanos haciendo uso de dicho derecho. Aunque esto sólo es cierto en parte pues para los independentistas no se trata de un verbo intransitivo. Para ellos dicho derecho abre la perspectiva de la independencia y si lo pierden, que es muy probable, no van a dejar de intentarlo por otras vías. De hecho ya lo han perdido en Cataluña, lo cual no les ha llevado a posponer el proceso de desconexión como aconsejaban inicialmente las CUP al estar falto de legitimidad democrática. Los no independentistas progresistas no han elaborado una alternativa a la independencia, con lo cual el dilema, en el contexto de un posible referendum, está entre lo que existe actualmente como Estado y la independencia. Apostar de forma intransitiva por el derecho a decidir sin haber elaborado, además, una opción propia coloca a las izquierdas en este tema en una situación de defensiva constante frente al independentismo. Tal y como está la situación actualmente, el "derecho a decidir” es hoy algo muy parecido a unas elecciones en las que no están representados todos los partidos políticos. La opción probablemente mayoritaria, y que puede traer una solución definitiva, es la que incluye la refundación de todo el Estado, una opción, probablemente mayoritaria, que los ciudadanos tienen derecho a poder elegir en un hipotético referendum. Esta refundación debe precisarse pues puede ser, o bien de tipo confederal -se llame así o de otra forma- o bien de tipo federal (idem).

La diferencia entre ambas estriba -primero- 

en que aquella no es redistributiva entre los territorios con lo cual se parece al modelo neocompetitivo de lo que hoy es la Unión Europa. Los territorios ricos no pagan a los pobres para, así, poder competir mejor frente a otros igual o más competitivos o elevar su propia renta per capita. No hay interés alguno en crear una caja común de la Seguridad Social o unas pensiones comunes con lo cual el estado confederal se reduce, de facto, o bien a una especie de stand by para acumular fuerzas frente a la próxima iniciativa independentista, o bien o una especie de Unión Europea en miniatura tal y como hoy está planteada dicha Unión. No es casualidad que esta sea la apuesta de conservadores como Durán i Lleida o Herrero de Miñón, aunque también de izquierdistas derrotados por la hegemonía neoliberal como Joan Josep Nuet. 

El modelo federal se basa en una lógica solidaria no sólo entre clases sino también entre territorios, con lo cual genera mecanismos estables y consensuados destinados a igualar los ingresos, la productividad, la educación y los niveles de bienestar entre todos los territorios y sus habitantes. Lo esencial es que no es competitiva sino cooperativa y que su objetivo no es conseguir la igualdad no sólo entre los ciudadanos del mismo territorio -versión progresista de la apuesta confederal- sino también entre los diferentes territorios.

La diferencia entre el modelo federal y el confederal se basa -segundo- 

en el reconocimiento o no de la naturaleza política de las identidades, es decir, de la posibilidad -o no- de construirlas políticamente, de no darlas por dadas desde el comienzo de los tiempos siguiendo la noción de “pueblo ancestral” que comparten, por cierto, una buena parte de los sectores cristianos, tanto en su versión progresista como conservadora (ver Antonio Santamaría 

http://www.akal.com/libros/Convergncia-Democrtica-de-Catalunya/9788496797796). 

La incoherencia del discurso independentista es aquí radical pues el nacionalismo catalán -y también el vasco- han demostrado todo lo contrario a lo largo de las últimas décadas: que las identidades colectivas se pueden construir políticamente a lo largo de no mucho más de dos generaciones. Pero también es incoherente el modelo confederal en este punto pues su apuesta por que coexistan varias identidades diferentes en un mismo estado, identidades que no buscan puntos en común, lleva implícita esta misma lectura esencialista -y en ese sentido de ahistórica- del fenómeno identitario: las identidades son variables políticas independientes sobre las que hay que construir los edificios políticos nacionales: están ahí desde siempre y por eso hay que aceptarlas como lo que son en la actualidad. 

Por el contrario, el modelo federal incluye un programa de construcción de una nueva identidad compartida. Este programa no excluye el desarrollo de las identidades particulares sino que, por el contrario, construye sobre ellas. En su programa se incluiría, por ejemplo, el fomento de todas las lenguas del estado, de todas las tradiciones particulares y de todo aquello que los independentistas consideran un patrimonio propio y exclusivo abordándolo a partir de una lectura esencialista de la identidad. El proyecto federal no sólo incluye su preservación, como es el caso del proyecto confederal, sino que además incluye un proyecto para encontrar puntos de encuentro a partir del reconocimiento y la preservación de dicha diversidad. En el centro de este proyecto está la creación de un espacio multilingüe en todo el estado a lo largo de dos o tres generaciones, pero también una lectura común de la historia, de las tradiciones consideradas “buenas” y las consideradas “malas” -por ejemplo en relación con los avances democráticos- o la conservación del acervo natural y cultural universales. Fuera se tienen que quedar todas aquellas tradiciones que han destruido la convivencia o frenado los avances democráticos y sociales, en nuestro caso tanto el legado del franquismo como las lecturas racistas y etnicistas excluyentes de la historia o las políticas de exclusión religiosa que se remontan a los Reyes Católicos. Dentro de un proyecto federal la heterodoxia tiene que elevarse, por tanto, a la categoría de identidad común fomentada por los poderes públicos en todos los territorios por igual y más allá de su diversidad particular. 

La alternativa a la desconexión no es, por tanto, el derecho a decidir sin más, ni siquiera el reconocimiento de la condición de nación para los territorios con lenguas propias. Esta es una lectura excesivamente formal del problema que resulta insuficiente para diseñar un proyecto político alternativo que permita avanzar hacia una sociedad más solidaria y justa. El problema no es, por tanto, el “encaje” de las llamadas nacionalidades históricas en una España inmutable, sino la redefinición inductiva de eso que se llama “España” a partir de aquellas y de otras diversidades. La solución solidaria tampoco consiste en el reconocimiento de varias nacionalidades sobre bases neocompetitivas (solución confederal) sino hacerlo sobre bases cooperativas (solución federal). En realidad es el mismo programa que la izquierda defiende para la Unión Europea frente a los neoliberales de Bruselas, frente a los neoliberales españoles y también frente a los independentistas. 

Cualquier persona convencida de que los principios de justicia y solidaridad son los mismos para todos los territorios, culturas y países; convencida de que es justo distribuir entre clases sociales y que también lo es darle a todos los territorios la posibilidad de desarrollar una base económica sostenible para dar trabajo a su población, independientemente de si el mercado es capaz de hacerlo o no; en definitiva, cualquier persona que está convencida de que los principios de justicia y solidaridad son los mismos y afectan a todos los lugares por igual, debería darle un par de vueltas a todo esto. No se puede apostar por una sociedad catalana, europea y mundial solidarias o por desarrollar las comarcas catalanas y europeas más desfavorecidas sin aplicar este mismo principio para el conjunto del Estado Español, no se puede hablar de redistribución territorial sin partir de indicadores objetivos como la renta per capita de los territorios. Los valores solidarios y de justicia social son los mismos en todas partes independientemente de la lengua que se hable o de la identidad particular de cada uno. Las personas de buena voluntad que pensaban que la agenda nacional puede llevar a una agenda solidaria de este tipo deberían preguntarse seriamente si el escenario de la desconexión es el que se parece al aquel por el que habían apostado o si no es más bien un proyecto neoliberal, tanto en su versión de centro-derecha como de centro-izquierda. La participación en la construcción de un proyecto federal de re-conexión sobre bases nuevas y horizontales podría ser más acorde con sus propias opciones éticas y morales que sumarse a lo que hoy encabeza Carles Puigdemont. La convergencia en torno a un proyecto federal podría generar hegemonías sólidas con capacidad de dejar atrás tanto a todos los Rajoy como a todos los Artur Mas que están aún por venir. Y podría ser el inicio de un proceso de regeneración ética, económica y cultural mucho más sólido que el que pretenden los políticos de Convergència y los del Partido Popular.

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No quiero provocar a nadie. Claro que sé que en catalán lo correcto es escribir Catalunya, pero en castellano prefiero escribir Cataluña, igual que llamo Hungría a Magyarország, o Birmania a Myanmar.

Sé que es una cuestión nimia; y quizá lo hago por eso mismo. De hecho, ¿por qué escribo en castellano y no en gallego, lengua en que podría hacerlo perfectamente? sólo por la cuestión práctica de facilitar la lectura a 400 millones de personas... (¡Qué más quisiera yo!).

Cuestión aparte es el uso toponímico, que muchos países han resuelto con dos o más grafías. Hasta el despótico Imperio Austrohúngaro imprimía sus billetes de banco en diversas lenguas, y cuántos topónimos van árabe en un estado tan discriminador como Israel.