Ecosocialismo

Este manifiesto publicado en Viento Sur, elaborado por Walter Actis y Yayo Herrero, miembros de Ecologistas en Acción, junto con Pablo Cotarelo, investigador ingeniero de Ekona, es un documento digno de estudio, difusión y apoyo. Porque reúne aspectos que se suelen considerar separadamente, de manera que hablando de cambio climático suele olvidarse la crisis energética, y cuando se abordan ambas cosas apenas se roza la responsabilidad del sistema económico capitalista, con su necesidad estructural de crecimiento sin límites.

Sobre la imposibilidad de este crecimiento ya publiqué, recién iniciado el blog, este vídeo básico. Se dice en él que el desarrollo sostenible es una contradicción, porque "si es desarrollo no es sostenible". Eso es cierto si se da al término desarrollo el significado de desarrollo cuantitativo, aunque puede entenderse más correctamente como desarrollo cualitativo, compatible con la estabilización en unos casos, el decrecimiento en otros.

Vista la evidente urgencia de atajar (en la medida de lo posible) el calentamiento global, atendiendo a la vez el angustioso deficit de energía que se avecina, se nos plantea el siguiente dilema, que obliga a plantearse un aterrizaje suave para evitar uno de estos dos seguros batacazos:

Para retrasar el batacazo energético hay que aumentar la producción de petróleo y gas.

Para retrasar el batacazo climático hay que paralizar la producción de petróleo y gas.

No es posible que los grandes planificadores de la economía que nos sobrevuelan desde el poder financiero y las multinacionales, y los gobiernos sumisos de los grandes países, ignoren estos hechos incontrovertibles. Más probable es que sus estrategas consideren "soluciones" que salvaguarden sus intereses a costa de sus grandes fuentes de beneficio: la naturaleza y los seres humanos. Soluciones autoritarias de raigambre bien conocida pueden llevarnos a un ecofascismo terrorífico, dirigido a eliminar progresivamente a toda la "población sobrante", la que progresivamente vaya dejando de ser necesaria para mantener a muy pocos privilegiados.

El manifiesto aborda todos y cada uno de estos problemas, y apunta ideas para intervenir políticamente desde postulados democráticos para detener o paliar el desastre que se avecina.

(Cuando los autores del Manifiesto Comunista adoptaron este concepto para cambiar la denominación de la que anteriormente se llamaba "liga de los justos", pretendían apoyarse en un concepto más concreto (lo común) más difícil de difuminar que un abstracto "lo justo", que admite distintas interpretaciones (justicia conmutativa que trata por igual a los desiguales, justicia distributiva que distribuye desigualmente a los desiguales...). No podían suponer que el término sería luego proscrito, tanto por su inevitable distorsión histórica como por la propaganda de los perjudicados por otra idea de libertad y justicia diferente de la suya. Pero "lo común", "lo comunitario", "la comunidad", los "bienes comunes", "lo público", son otros tantos sinónimos que ni se han dejado de emplear ni pueden ser abandonados).

Sigue el manifiesto ecosocialista, que propone medidas políticas muy concretas, planteadas para el ámbito europeo en el que nos encontramos, que sólo podrán aplicarse desde el conocimiento y la aceptación masiva de los pueblos que sufren y sufrirán el camino equivocado.

Recomenzar hacia una Europa en común

Sin apuesta ecosocialista no hay salida socialmente justa

Walter Actis

Yayo Herrero

Pablo Cotarelo

Un proyecto político europeo sustentado por las clases populares debe defender como principio básico la sostenibilidad de la vida humana y de la reproducción social. La sostenibilidad exige atender las necesidades actuales de la población sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, compatibilizando la organización económica con el bienestar social y el cuidado del medio ambiente.

El proyecto de cambio político debe incorporar de manera clara la defensa de los derechos ambientales que garanticen un entorno saludable y sustentable mediante la lucha contra la contaminación, la preservación de la biodiversidad y la protección de los recursos naturales. El acceso y la preservación del aire, el agua o la tierra, base del sostenimiento de la vida y de la producción de alimentos, deben ser considerados derechos humanos básicos.

La defensa de la sostenibilidad ecológica implica asumir de forma consecuente que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos; por tanto, la organización económico-social debe basarse en su protección y uso adecuado. Estos objetivos entran en contradicción con el actual sistema económico, en particular con el estilo de vida de los países ricos y de la burguesía de los países pobres, con el despliegue de medios de producción e infraestructuras; en definitiva, con el sistema capitalista de producción, intercambio y consumo.

El proyecto neoliberal de la UE es el modelo diseñado por las élites para insertarse en la dinámica del capitalismo crecientemente globalizado. En las últimas décadas este ha impulsado hasta el paroxismo la dinámica inmanente del capital de consumo continuo de recursos materiales y energía para sostener la acumulación de valor. Pero este modelo social se está encontrando con los límites físicos del medio natural, que ya no puede suministrar materiales en las cantidades y condiciones de rentabilidad que exige el capital, ni es capaz de absorber sus desechos en los sumideros naturales.

Cuando las fuerzas productivas (de plusvalor y capital) se convierten en fuerzas destructivas (del medio y de otras formas de organización social) ya no se trata de hacer crecer la economía existente para repartir mejor, sino de producir y distribuir de otra manera. Pero una apuesta ecologista consecuente no puede limitarse a modificar la relación humanidad-naturaleza sin implicarse a fondo en la reivindicación simultánea de sustentabilidad e igualdad social, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y proteja especialmente a las clases populares: se trata de garantizar la sostenibilidad con justicia social, y garantizar la equidad social sin productivismo. Todo ello en un marco político radicalmente democrático.

Por ello necesitamos un programa anticapitalista, ecosocialista, antiproductivista y de decrecimiento material. En Europa esto implica una ruptura radical con una UE procapitalista cuyas políticas sobre el clima se basan en licencias de contaminación, bonos verdes y bonos catástrofe, bajo la perspectiva de un imposible capitalismo verde. Los tratados y políticas ecológicas de las instituciones europeas, estrechamente vinculadas a los lobbies, en particular los de la energía y del agronegocio, deben ser abandonados y reemplazados para permitir la necesaria y urgente transformación radical de la economía.

Un diagnóstico basado en evidencias incuestionables

El diagnóstico de la situación está sustentado en evidencias científicas que ponen de manifiesto la gravedad del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y del agotamiento de los combustibles fósiles, de muchas materias primas, del suelo y el agua.

El cambio climático

Los estudios científicos indican que las condiciones adecuadas para la preservación sostenible de las sociedades humanas solo quedan garantizadas si el incremento de la temperatura media no excede en 1,5ºC los niveles preindustriales. Para ello, la concentración de CO2 en la atmósfera tiene que estabilizarse en no más de 350 partes por millón, pero actualmente se superan las 400 partes por millón. Para garantizar ciertos niveles de sostenibilidad, las emisiones netas de gases de efecto invernadero tienen que reducirse un 58% entre 2020 y 2030, reducirse a cero antes de 2050 y continuar decreciendo a partir de esa fecha. Todo ello implica el abandono de las fuentes de energía fósiles y su reemplazo por renovables. Pero estas tienen mucho menor poder energético, lo que implica necesariamente que la producción material deberá disminuir. La cuestión es cómo lo hará: si en interés de una pequeña minoría insolidaria o de forma equitativa y solidaria.

El cambio climático tiene sus actores responsables y sus víctimas. Los intereses empresariales, las decisiones de las élites políticas y el uso intensivo de los recursos por las poblaciones más ricas (sobre todo en los países más ricos) son los principales responsables de la situación. En cambio, las regiones más afectadas son aquellas donde viven las poblaciones pobres.

El agotamiento del combustible fósil

Los carburantes no renovables continúan siendo el principal sustento del capitalismo global. Pero ahora ya hemos alcanzado, o ya hemos excedido, el pico de disponibilidad a partir del cual los recursos se obtienen en cantidades decrecientes, de peor calidad y con exigencias técnicas, financieras y energéticas acompañadas de más riesgos para los ecosistemas.

Desde 2005 la capacidad extractiva a nivel mundial del petróleo convencional (de mayor calidad y más accesible) se encuentra estancada; el pico para el gas se producirá entre 2020 y 2039; el del carbón es más difícil de calcular, algunos estudios sugieren que ocurrirá entre 2025 y 2045. Los ecosistemas planetarios ya no pueden suministrar materias en la cantidad y en las condiciones de rentabilidad que requiere el capital y tampoco son capaces de absorber los residuos en drenajes naturales.

El funcionamiento del aparato productivo, así como las condiciones de vida de la población, están organizadas en torno a un suministro abundante y barato de energía. Una menor disponibilidad de combustibles, de los que todos los países de la UE son importadores netos, implica un riesgo para la sostenibilidad social. Requiere un rápido proceso de transición hacia un sistema productivo que reduzca drásticamente el consumo de energía y garantice una equitativa distribución social de las cargas y ventajas del proceso.

Pérdida de biodiversidad

Ahora mismo está teniendo lugar en la historia de la Tierra la sexta extinción masiva de especies. A lo ancho de todo el planeta, entre 1970 y 2012 la población de vertebrados sufrió una merma del 58%, un 38% referido a especies terrestres, un 81% a especies de agua dulce y un 36% al entorno de agua salada. Esta dinámica da por sentado que actualmente la existencia de especies animales se verá afectada por una pérdida media anual del 2%. En términos globales, el índice actual de extinción de especies viene a ser de 100 a 1.000 veces más elevado que en periodos preindustriales.

El sostenimiento de la vida depende básicamente de la naturaleza (alimentos, agua potable, aire limpio, energía, materias primas). Toda organización económica y social depende de la existencia de sistemas naturales saludables y diversos para la regulación y purificación del agua y el aire, de condiciones climáticas básicas, de la polinización, de la dispersión de semillas, del control de pestes y enfermedades, etc. No existe solución tecnológica que compense la acelerada pérdida de biodiversidad originada por la dinámica de crecimiento capitalista.

Pérdida de materias primas, tierras y agua

La demanda actual de minerales es mucho mayor que su disponibilidad. Todo el desarrollo tecnológico depende de la disponibilidad de estos materiales, cada vez menos accesibles y cuya extracción también requiere de una energía fósil en declive. La Unión Europea depende altamente del suministro exterior de este tipo de materias. De una lista de 45 elementos de las reservas globales, solo dos de estos se encuentran en alguno de los países de la UE (40% de las reservas de estroncio se encuentran en España y solo el 10% de las reservas de selenio están en Bélgica). Todo lo demás se obtiene mediante importación de terceros países.

El suelo y el agua son también fuentes esenciales en peligro, tanto en cantidad como en calidad. Un 20% de los acuíferos mundiales están sobreexplotado, de modo que la erosión y el cambio climático está reduciendo de forma significativa la disponibilidad de tierras fértiles. Dado que el 70% del agua se usa para alimentos y dado que estamos agotando los acuíferos, la producción de alimentos se verá irremediablemente comprometida. En Europa, entre 1960 y 2010 los recursos de agua renovable per cápita se redujeron un 24%, particularmente en el sur del continente.

Propuestas para la acción política de un gobierno popular

Necesitamos políticas estructurales capaces de enfrentarse a la crisis descrita. Dada su naturaleza global, las propuestas programáticas no pueden reducirse exclusivamente a cuestiones medioambientales, sino que tienen que incluir medidas en el terreno productivo, financiero, urbanístico, educativo y cultural. Un gobierno popular debería considerar prioritaria una estrategia con estos objetivos, colocando los derechos medioambientales en el nivel más elevado (incluyendo una posible reforma constitucional del Estado y teniendo en mente esta cuestión en los procesos constituyentes de Europa) y desarrollando un potente polo público para planificar y promover estas medidas.

Iniciativas ciudadanas inmediatas

Solo será posible afrontar la crisis contando con un gran apoyo social basado en una ciudadanía bien informada y organizada, dispuesta a promover y ser corresponsable de las transformaciones. Por ello es necesario:

• Alentar, proteger y desarrollar iniciativas ciudadanas que estén orientadas hacia la transición socioecológica (cooperativas de servicio público, consumo agroecológico, reciclaje, restauración ecológica, industrias en proceso de reconversión, etc.).

• Promover la concienciación y la organización de iniciativas de autoorganización que funcionen como laboratorios de experiencias que puedan ser incrementadas en el futuro.

• Profundizar en la creación de alianzas con comunidades públicas que abarquen a la sociedad organizada en el proceso de transición.

Medidas inmediatas de los gobiernos populares

Somos conscientes de que un programa ecológico y energético para las clases trabajadoras de Europa estará condicionado por el actual contexto macroeconómico, la geopolítica, el precio de la energía y la crisis energética, por la evolución del cambio climático, así como por los propios planes y políticas de la Comisión Europea. También sabemos que un programa como el que se describirá más abajo requerirá replantear radicalmente las formas de vínculo entre la sociedad y la naturaleza.

Un programa de transición ecológica y energética tiene que estar basado en los siguientes principios:

• La comunidad pública debe controlar los principales elementos de las estructuras socioeconómicas, ya que es la única manera de tomar decisiones democráticas en beneficio de los intereses de las clases trabajadoras y populares.

• Tenemos que reconfigurar enteramente la economía mediante una plena y clara ruptura con el sistema capitalista, para que sea un modo de producción democrático organizado de forma más cercana a la población y así reducir drásticamente el impacto sociomedioambiental del actual ciclo de producción y consumo.

• Deben establecerse mecanismos para financiar la transición y estos deben ser congruentes con los capítulos del manifiesto dedicados a la deuda, al sector bancario y al sistema monetario, así como al empleo y los derechos sociales.

• Necesitamos una priorización estratégica de las acciones transitorias en función de su impacto positivo, todo lo cual dependerá fundamentalmente de su proximidad a las estructuras sistémicas y los riesgos asociados a las mismas.

En línea con los principios anteriores, el programa de transición energético y ecológico debería incluir las siguientes acciones estructurales:

• Un programa para las clases populares de Europa debería contemplar una combinación de objetivos con un horizonte temporal legalmente vinculado a herramientas efectivas –sistemas de indicadores, métodos de recopilación de datos, sistemas de medición, mejores prácticas, presupuesto, sistemas de evaluación, etc.– que permita alcanzar los objetivos. Estas herramientas permitirán fijar objetivos democráticamente vinculantes.

• Desarrollar una cultura de la resiliencia, reduciendo riesgos y fallos, para lo cual será necesario planificar estructuras para generar nuevos conocimientos y un seguimiento de buenas prácticas y de los éxitos obtenidos; sistemas de indicadores y evaluación continua; protocolos de emergencia; nuevas instituciones y dinámicas de comunidades que favorezcan la resiliencia; infraestructuras adaptadas a este objetivo.

Se estima que solo la transición energética requerirá en la UE inversiones de 280.000 millones de euros al año hasta 2050, lo que equivale a un 2% del PIB comunitario. Por tanto, hay que crear los mecanismos y herramientas que permitan movilizar grandes sumas de dinero.

La única opción efectiva, rápida y democrática para orientar una transición radical a favor de las clases populares es socializar los sectores clave de la economía e incrementar la inversión pública, dirigiéndola a una reconversión clara del sistema productivo.

Esto requiere, a su vez, autonomía monetaria por parte del sector público respecto a los condicionantes del mercado financiero capitalista. Para ello deben abandonarse las normas de la Unión Monetaria Europea en favor de otras formas de cooperación financiera.

Además, para que la transición energética sea estable, predecible y sujeta a control democrático es imprescindible desarrollar una banca pública cercana a nivel local a las clases populares para obtener la máxima eficiencia con arreglo a criterios democráticos, que limiten las prácticas de clientelismo y corrupción.

El nuevo modelo económico debe impulsar la producción local, reduciendo los impactos sociomedioambientales, promoviendo el bienestar social y, simultáneamente, el uso decreciente de recursos materiales y fuentes de energía. De esta forma, la industria asociada a la transición reducirá las dependencias externas y los déficits de la balanza de pagos.

Una vez que la capacidad decisoria sobre los elementos estratégicos de la política ecológica y energética se encuentre en manos públicas, el modelo debería ser rediseñado de acuerdo con las necesidades metabólicas de los territorios.

A ese fin será necesario definir los criterios básicos que permitan la reconfiguración de las unidades institucionales para la gestión de la energía, el agua y los alimentos, que ayuden a mejorar la resiliencia y la sostenibilidad ecológica y social desde ámbitos locales más reducidos.

La magnitud de los problemas medioambientales va a requerir, en un breve periodo de tiempo, enormes y radicales transformaciones socioeconómicas. Por ello, además de desarrollar acciones específicas, el gobierno deberá poner en marcha mecanismos excepcionales y de emergencia para fomentar acciones que, debido a su severidad y urgencia, necesitan ser afrontadas de forma inmediata.

Estas acciones previas deben ir acompañadas de medidas sectoriales, entre las que destacan las siguientes:

Conservación de la naturaleza y la biodiversidad

Para contribuir a la preservación de los principales sistemas y ciclos naturales, será necesario centrar los esfuerzos en:

• El control del proceso de urbanización y ocupación de tierras.

• La atenuación y adaptación al cambio climático.

• La corrección de la sobreexplotación de los ecosistemas y sus servicios medioambientales.

• El refuerzo de la legislación y regulaciones para reducir la polución y las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos.

• Iniciativas frente a la expansión de las especies invasivas.

• Multiplicar las medidas para reducir los incendios incontrolados.

• Reforestación y desarrollo de la agrosilvicultura.

Energía/clima

Las siguientes iniciativas son necesarias en lo concerniente a:

Control de comunidades públicas:

• Un plan de nacionalización/socialización para los medios de producción que tenga en cuenta los elementos importantes como empresas energéticas, infraestructura y operadores, así como los sistemas impositivos y de fijación de precios.

• La redefinición del modelo de Estado basado en la reubicación de las necesidades de la economía (energía), basado en la gobernanza de lo común.

• Un plan de contingencia, asentado en la cultura de la resiliencia, basado en estudios de sensibilidad de la economía a cambios en las tarifas de la energía y otras variables.

• Financiación: un plan de financiación energético que garantice fondos suficientes y mecanismos eficientes, además de instrumentos prioritarios para la redistribución de la riqueza.

Industria:

• Reducir el consumo industrial de energía.

• Transformar la industria en torno a fuentes de energía renovable, adecuando su producción a una decreciente disponibilidad de energía.

• Prohibir las técnicas de fracking y cerrar todas las plantas nucleares y térmicas basadas en carburantes fósiles.

• Generar un cuerpo legislativo democrático que impulse la necesaria reconversión de la demanda.

• Generar las estructuras formativas necesarias para la transformación radical de las industrias con arreglo a los objetivos de la transición ecológica y energética.

Recursos materiales

Necesitamos:

• Incorporar como derechos humanos el suministro y la depuración de agua, así como la prestación a los hogares de un suministro básico de energía.

• Poner en práctica políticas de gestión de residuos orientadas al cierre de los ciclos materiales.

• Favorecer la descentralización territorial y la democratización organizativa del sistema económico.

• Fijar estrategias para adaptar el metabolismo urbano a la biocapacidad local y al cambio climático.

• Garantizar la gestión pública del suelo y así evitar que las dinámicas especulativas determinen la configuración espacial urbana.

• Transformar la movilidad tanto en las áreas urbanas como rurales, así como entre ambas (restringiendo el uso de vehículos privados y el incremento del transporte público y la electrificación de los servicios motorizados) y preservar la calidad del aire en las ciudades.

• Exigir a los productores la reducción del empaquetado y reciclar sistemáticamente los residuos sólidos urbanos, para alcanzar una reducción de su volumen al nivel de 1990, y reducir en un 50% la generación de gases con efecto invernadero a mediados de siglo.

Alimentación y salud

Deben realizarse los siguientes objetivos:

• Suministrar a la población acceso al suelo y otras infraestructuras necesarias para la producción alimentaria (centros de transformación, maquinaria compartida, etc.) y reproducción social (viviendas, escuelas, centros de salud, etc.)

• Fomentar usos agrícolas sin pesticidas o fertilizantes sintéticos.

• Reducir rápidamente los regadíos, potenciando los cultivos de secano, más variados y resistentes que demanden menor consumo de agua.

• Incrementar las inversiones de I+D en los sistemas de producción agroecológica y recuperar conocimientos tradicionales de bajo componente tecnológico.

• Alentar la reducción del consumo de alimentos de origen animal, especialmente la carne.

• Promover la ganadería extensiva frente a la industrial, adaptando la producción ganadera a la biocapacidad de los territorios y recuperando las tierras más fértiles para la producción vegetal destinada al consumo humano.

Medidas a medio plazo a adoptar por los gobiernos

A medio plazo un gobierno popular, comprometido con la sostenibilidad ecológica y el apoyo a las clases populares, debería promover la redefinición y redimensión de los principales sectores económicos. El objetivo general de esta reestructuración es obtener un ahorro de energía, reducir las emisiones de efecto invernadero, eliminar la producción superflua, reducir la obsolescencia en la producción y reducir el tiempo de trabajo, impulsando la creación y distribución del trabajo digno. En función de las características de cada sector específico será esencial promover la descentralización espacial de las actividades económicas, la integración regional de la ciudad y el cierre de ciclos de despilfarro de recursos en la industria.

Una parte fundamental del suministro de bienes y servicios de calidad tiene que estar garantizada por un sector de la economía socializada que debe incluir energía, transporte, comunicaciones, vivienda, salud y educación.

La reestructuración productiva tiene que ir acompañada de una reducción de la escala física global de la economía y/o una reubicación económica para adaptarla a los límites de la sostenibilidad. La reducción material de la esfera de la producción y la reproducción debe ir acompañada de una distribución equitativa del empleo, la garantía de beneficios sociales universales básicos, y el acceso gratuito a todos los servicios públicos.

También habrá que reformar los dispositivos de consumo, promoviendo los de tipo colectivo gestionados democráticamente (con garantías y regulación institucional) frente a los individuales y los mediados por el mercado.

Iniciativas a medio plazo en el terreno internacional

Las iniciativas para afrontar los retos socioecológicos y energéticos desde cada país serán fundamentales. Pero el éxito de las mismas solo estará garantizado si van acompañadas por una acción internacional. Esto ante todo implica:

• Modificar la normativa europea, tales como las favorables a la competitividad, los criterios de estabilidad y limitación del déficit público, las restricciones monetarias sometidas a los dictados de órganos no democráticos, etc. Solo abandonando este marco podrá abordarse el proceso de transición y transformación social requeridos.

• Denunciar los tratados multilaterales (como la Carta de la Energía, mecanismos ISDSD en los acuerdos de libre comercio, etc.) y todo tratado que se oponga a los objetivos citados.

• Las Estrategias de Biodiversidad de la UE ponen en marcha medidas preceptivas para empresas e inversores, sobre todo relativas a la cuestión de la salud pública (reducción de la contaminación atmosférica, prohibición de contaminar y de usar pesticidas patógenos, etc.).

Algunas conclusiones

Garantizar las condiciones de vida de las actuales clases trabajadoras y las generaciones futuras exige una transición del modelo capitalista que caracteriza a la UE, hacia un modelo social y ecológicamente sostenible, que garantice empleo decente para todos y todas. Dicha transición deberá realizarse bajo los siguientes principios:

• Control público por la comunidad de las principales estructuras socioeconómicas, para garantizar la toma de decisiones democráticas que beneficien los intereses de las clases populares.

• Remodelar enteramente la economía, rompiendo con el sistema capitalista para pasar a un modo de producir controlado por la población que permita reducir drásticamente los impactos socioambientales del ciclo de producción y consumo.

En el ámbito europeo, las principales medidas son:

• Modificar las normativas de competitividad, contratos públicos comerciales, monetarios y financieros para garantizar el desarrollo de un modelo económico democrático y sostenible.

• Crear las necesarias nuevas estructuras e instituciones para ejecutar los planes de transición ecológica y energética.

• Preservar los principales sistemas ecológicos terrestres (e hidrológicos), costeros y marinos fortaleciendo su titularidad y gestión pública o comunitaria.

A nivel de los Estados miembros, los gobiernos populares deben:

• Emprender un plan de emergencia para afrontar la sostenibilidad en un marco de justicia social.

• Desarrollar planes para la democratización y el control público/comunitario de los principales elementos de la economía para realizar una transición rápida y efectiva, con un bajo impacto medioambiental, y con reducidos riesgos sociales y laborales, disponiendo de suficiente dinero para alcanzar el objetivo de la transición.

• Garantizar el acceso de las clases populares a los bienes básicos, evitando abusos y despilfarros.

• Adoptar las instituciones y estructuras a la nueva economía, basada en satisfacer las necesidades de las clases populares.

Un plan de transición radical ecosocialista es algo que Europa, y el resto del mundo, necesita. Desde esta perspectiva resulta esencial una ruptura radical con los actuales tratados e instituciones europeas y su sustitución por formas alternativas de cooperación internacional.