Déficit y democracia local

Últimamente circulan en la red correos con propuestas radicales dirigidas a regenerar la política. Como la que copio a continuación, por ejemplo, muchos de cuyos puntos suscribiría cualquier persona honesta.

Ley de Reforma del Congreso de 2012

(enmienda de la Constitución de España)

1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato realizado.

2. El diputado contribuirá al Régimen General de la Seguridad Social como el resto de ciudadanos. El fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social. El diputado participará de los  beneficios del régimen de la Seguridad Social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad.

3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles.

4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario.

5. El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles.

6. El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles

7. Servir en el Congreso es un trabajo, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas) y luego reincorporarse a la vida laboral previa a su etapa de Servicio Público.

8. Reducir un 30% el número de componentes políticos de las instituciones. (concejales de ayuntamiento, diputados nacionales, diputados regionales, etc).

9. Eliminar instituciones obsoletas o duplicadas: senado, diputaciones provinciales.

10. Reducir un 50% el número de asesores de cargos políticos, así como limitar racionalmente sus retribuciones.

No parece que una constitución deba descender a detalles que son más propios de leyes específicas. Pero dejando a un lado esta cuestión formal, conviene que aprendamos a separar el grano de la paja.

La limitación de mandatos puede establecerse, aunque a veces es un arma de doble filo que deja en la cuneta a personas muy válidas. Y no olvidemos que en la constitución existe una figura, no ya de mandato ilimitado, sino hereditaria. De la que esta propuesta no se acuerda. 

Es a partir del punto 8º donde se cuela de rondón la antipolítica de derechas. Tendencialmente, nos aproxima a las soluciones elitistas y autoritarias. Porque no dice nada de modificar la ley electoral, y con la actual la disminución del número de representantes redundará en una notable pérdida de calidad representativa. De la democracia.

Seguramente existen instituciones obsoletas y duplicadas, pero sobre todo inoperantes y corruptas. Puede discutirse si sobra el senado o las diputaciones, aunque lo pernicioso de una administración no es el número de peldaños, sino el conflicto de competencias y la injusta distribución de recursos y tareas.

Tampoco parece que haya que limitar drásticamente el número de asesores, sino racionalizar y fiscalizar tanto su función como el presupuesto destinado a retribuirla.

Propuestas como las sibilinamente deslizadas en el escrito comentado se encaminan a deteriorar la democracia.

Con parecidos argumentos demagógicos, van en el mismo sentido las dirigidas contra los funcionarios, así en general, incluyendo como si tal cosa a los encargados de la salud y la educación públicas. Pretenden adelgazar el estado, para en virtud de la dialéctica de los vasos comunicantes, engordar negocios privados sustitutorios.

Muchos de los ahorros que se quieren hacer son ahorros de personal. Y no se trata de eliminar personas (¿o sí?), sino de racionalizar, repartir el trabajo y dotar de funciones a los "servidores públicos".

Hasta que la gigantesca burbuja especulativa ha estallado, siendo la causante del desastre, no se han acordado para nada del "chocolate del loro" que supondrían, por ejemplo, tres o cuatro traductores de lenguas vernáculas en el senado. Razones de ideología nacionalista aparte, ¿no serían también "puestos de trabajo"?

Los más ricos, los asquerosamente ricos, incluso con obscenas retribuciones, no reciben la mayor parte de los ingresos pòr sus salarios (que también), sino de los beneficios del capital. No desviemos la atención  de este hecho. Sin menoscabo de la absoluta necesidad de establecer "salarios máximos". 

Para ver el peso relativamente exiguo del costo de las administraciones en el déficit que se trata de reducir, termino con un escrito reciente que denuncia las verdaderas razones de la citada "reforma de la constitución":

Xaquín Álvarez Corbacho escribió esto en La Voz de Galicia, el 26 de diciembre de 2012:

El gasto del concepto presupuestario «órganos de gobierno» que afecta a municipios y a los capítulos 1 (personal) y 2 (compra de bienes y servicios), fue en España (ejercicio 2010) de 1.074,2 millones de euros, cifra equivalente al 0,1% del PIB, a 22,8 euros por habitante y año y a 16.243 euros por electo y año. Un gasto que también incluye salarios y bienes utilizados por personal no electo (asesores, administrativos, técnicos).

La gran mayoría de concejales en municipios con población menor a 20.000 habitantes no reciben retribución alguna, si exceptuamos las dietas por asistencia a plenos, desplazamientos, etcétera;

Existen diferencias notables entre las retribuciones que reciben los concejales, que se justifican por razones diversas: estar en el gobierno o en la oposición, vivir en municipios prósperos o deprimidos, etcétera.

O sea, el coste del gobierno municipal no tiene dimensión cuantitativa suficiente para explicar el déficit púbico, ni la reducción parcial de su cuantía tendría consecuencia alguna en las políticas estabilizadoras.

Por otro lado, adelgazar el déficit reduciendo concejales bajo el criterio electoral de la ley D'Hondt genera efectos perversos, ya que la reducción de concejales recaería sobre partidos minoritarios dañando así al pluralismo político y a la calidad democrática.

Finalmente, alterar el mapa municipal para introducir racionalidad y eficiencia es tarea urgente en Galicia. Pero el municipio solo subsiste con solvencia demográfica y base económica suficiente. Agrupar municipios para reducir concejales ignorando esos requisitos es fracaso garantizado.