El keynesianismo, enfermedad infantil del neoliberalismo

Recuerdos del futuro

El keynesianismo es la enfermedad infantil del neoliberalismo, porque en su evolución produjo las condiciones que hicieron necesario para el capital el purgante neoliberal. Podría decirse también que el neoliberalismo es la enfermedad senil del keynesianismo.

El propio desarrollo keynesiano, que fundamentaba su estrategia en una economía de demanda, facilitada por el estado de bienestar, y que solamente era posible para los países ricos, llegó a ser insostenible, y recurrieron entonces a optimizar las condiciones de la oferta.

Al círculo virtuoso de crecimiento económico, de aumentos de productividad y de salarios que facilitaban el consumo, en un contexto de inflación moderada y equilibrio en las finanzas públicas, sucede, al frenarse el crecimiento, un circulo vicioso de disminucion de todas esas variables, que a la postre, al deteriorar el consumo, se retroalimenta, cuando se hace absurdo optimizar una producción que ya no puede crecer. 

Agustín Morán, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), escribe en Rebelión sobre esta estrategia, su traducción en las políticas europeas que inutilizan la democracia y la necesidad de combatirlas a través de un pacto democrático, que es todo lo contrario del engañoso pacto que el bipartidismo nos propone ahora mismo.

Extraigo y subrayo:

marcosprior.blogspot.com

Las condiciones que posibilitaron 25 años de capitalismo con rostro humano en Europa finalizaron a mediados de la década de los setenta del pasado siglo XX. El aumento del precio del petróleo, la mejora de las condiciones laborales y el aumento de la composición orgánica del capital, en un entorno de apertura de las economías y competitividad creciente, desequilibraron el modelo de acumulación keynesiano basado en la centralidad de la demanda y el pleno empleo como motores del crecimiento económico. 

A partir de aquí, las estrategias del capital europeo evolucionaron hacia la incorporación de nuevas tecnologías, la descentralización y deslocalización productiva y la flexibilización del mercado de trabajo. El creciente déficit público derivado del estancamiento económico y el aumento del gasto estatal justificaron los recortes en protección social y privatización de empresas y servicios públicos. Junto a los cambios organizativos y productivos, de diferente ritmo e intensidad en cada país, estos procesos propiciaron la segmentación laboral y el aumento de las diferencias en el interior de la población asalariada. La debilidad de los sindicatos es premisa y resultado de esta dinámica.

En la economía de demanda, propia del “capitalismo con rostro humano” de los países ricos, son funcionales todas aquellas medidas que favorecen el círculo virtuoso entre crecimiento económico, aumentos de productividad y de salarios en un contexto de inflación moderada y equilibrio en las finanzas públicas. En este modelo económico (keynesianismo) el pleno empleo es la condición para el pleno despliegue de las fuerzas productivas y la máxima producción de plusvalor.

La izquierda mayoritaria y la derecha europeas se hicieron keynesianas. Keynes defendía un modelo basado en la regulación administrativa del mercado de trabajo mediante un pacto entre gobierno y sindicatos como garantía del respeto empresarial a dicha regulación. Durante veinticinco años de estado de bienestar en Europa (1950-1975), los sindicatos disciplinaban a cada empresario interesado en que todos -menos él- pagaran buenos salarios para que la economía prosperase y poder vender sus productos. El complemento era la intervención del estado en la protección social garantizando, “de la cuna a la tumba”, los derechos sociales amenazados por un mercado cada vez más grande y libre. Keynes teoriza el funcionamiento del capitalismo en un ciclo económico de crecimiento sostenido, aumentos de productividad, pleno empleo, baja inflación y estabilidad presupuestaria. 

Por el contario, bajo el paradigma neoliberal –en el que lo principal es potenciar la oferta- los sindicatos deben disciplinar a los trabajadores para que acepten los sacrificios que exigen la competitividad y la permanencia en el euro. Sin embargo, keynesianismo y neoliberalismo tienen en común la subordinación de la política y la democracia al ciclo de producción y reproducción del capital.

Al quebrarse el círculo virtuoso de la economía de mercado, se produce un cambio de paradigma. En la economía de oferta, el buen funcionamiento del ciclo económico exige mejoras en la competitividad, lo que requiere producir con menor coste que los competidores. Quien impide que los costes salariales varíen según las leyes del mercado, deteriora la competitividad y con ello, las expectativas de beneficio del capital que reducirá o deslocalizará sus inversiones destruyendo puestos de trabajo.

Hoy, la economía de oferta en su versión neoliberal está en plena descomposición. Nociones como democracia, ciudadanía, pluralismo político, separación de poderes, imperio de la ley, derechos humanos y seguridad jurídica son degradados e ignorados todos los días y en todas partes. El mundo enteramente capitalista resplandece de una triunfal calamidad. El nuevo cambio a la chaqueta keynesiana no va a funcionar porque han desaparecido sus condiciones de posibilidad: 

a) en una economía globalizada no es posible el keynesianismo en un solo país, y 

b) el Estado Nación, necesario para el dominio político de la burguesía, es incompatible con la gobernanza de la economía capitalista mundial en la que mandan otros actores diferentes a los estados. 

(...)

La violencia del euro 

Con el Acta Única Europea de 1986, se hizo visible la lógica dominante en el proceso de construcción europea: la creación de un Mercado Único. Un Mercado Único necesitaba una moneda única. Ese objetivo se consagró con el Tratado de Maastricht de 1.992, que dibuja una unidad europea, no política, cultural o social -ni siquiera económica- sino monetaria. Una Europa para el Capital. 

En ella, lo que se unifica es la universalización de la forma mercancía y su fetiche, el dinero. En la Europa del Euro las informaciones más relevantes para los políticos son las que se expresan en términos monetarios. La institución que sobresale en poder e independencia sobre todas las demás es el Banco Central Europeo, que sin estar obligado por ningún poder democrático, obliga a todos. 

El euro es necesario para el buen funcionamiento del mercado único, verdadero contenido del proyecto europeo. Las condiciones macroeconómicas que voluntariamente se imponen los gobiernos, hacen imposible su propia soberanía porque impiden la aplicación de las políticas que necesitan sus ciudadanos, entre ellas, la modificación de la paridad de la propia moneda respecto a otras. 

Lo que los gobiernos deciden, se presenta luego como un marco insuperable. Prisioneros de la jaula de hierro que ellos mismos han creado, desisten de medidas encaminadas a la creación de empleo, la protección social y ambiental y la devaluación de la propia moneda para ganar competitividad en los mercados internacionales. 

La debilidad de las instituciones comunitarias, más intergubernamentales que europeas, junto a sus menguados recursos para limitar los efectos devastadores de la economía especulativa, contrastan con la independencia del Banco Central Europeo.

 

Sin atenerse a control político alguno -tanto de gobiernos y parlamentos nacionales como europeos- el BCE tiene como misión fijar la política monetaria (tipos de interés) y velar por la estabilidad de precios que necesitan los capitales para moverse sin distorsiones en el espacio económico del euro. Los objetivos prioritarios de esta política monetarista son: 

1) la estabilidad monetaria a costa de lo que sea (precariedad, paro, pérdida de poder adquisitivo) y 

2) la estabilidad presupuestaria a cualquier precio (seguro de paro, pensiones, privatización de sanidad, educación y dependencia). 

El euro unifica radicalmente el lenguaje en el que se expresan las relaciones económicas y sociales capitalistas. Las distintas monedas de los países europeos mantenían la capacidad de variar sus proporciones relativas mediante depreciaciones, para favorecer la competitividad de sus exportaciones y equilibrar distintos índices de inflación, tipos de interés o fiscalidad. 

El proceso constituyente del capital europeo, exigía acabar con las distorsiones producidas por las diferencias en estructura productiva, tecnología, riqueza, recursos naturales y nivel de vida. Pero, sobre todo, acabar con la inestabilidad de los precios incluido, en primer lugar, el precio del dinero. 

Sin embargo, unificar la moneda es unificar un signo, pero no lo designado. Las enormes diferencias materiales entre los estados incluidos en el euro no se disuelven sino que, como la experiencia demuestra, se acrecientan. España, desde su ingreso en 1986, tuvo un margen de siete años para rebajar paulatinamente las barreras arancelarias y los contingentes a las importaciones procedentes del resto de países de la Comunidad Europea. 

Una vez implantado el euro como moneda única en Marzo de 2001, a pesar de las grandes diferencias entre las distintas economías de los países miembros y en un entorno de gran apertura comercial, la única forma de ganar en competitividad es la devaluación del precio de la fuerza de trabajo a través de la caída de los salarios directos y el desmantelamiento o privatización de la protección social. Para ingresar en la Unión Europea y posteriormente en el euro, se legitimaron todos los sacrificios económicos y sociales. Lo que no sabíamos entonces es que, veinte años después deberíamos asumir sacrificios aún superiores para no salir del euro. 

El segundo agente económico a disciplinar por la economía neoliberal es el Estado que maneja, a través de sus Presupuestos Generales (P.G.E.), el 40% de la riqueza producida en un año (Producto Interior Bruto-PIB). A partir de 1992, el Tratado de Maastricht, limitó la capacidad estatal para intervenir en el ciclo económico al establecer que el déficit público (diferencia entre sus gastos y sus ingresos), no podía superar el 3% del P.I.B. y que la deuda pública (suma de los déficit históricos), no podía exceder del 60% del P.I.B. 

Cuando se entrega el protagonismo económico al beneficio de las empresas, en lugar de a los derechos humanos y a la conservación de la vida, financiar el déficit mediante impuestos progresivos y luchar contra el fraude fiscal, no es “políticamente” posible porque ahuyenta a los inversores. Por tanto, la única vía para reducir el déficit del estado es reducir los gastos, aunque eso suponga abandonar a su suerte a parad@s, precari@s y jubilad@s. 

El Tratado de Ámsterdam de 1997 incorporó, con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el compromiso de estabilidad presupuestaria - independientemente de las necesidades que tuviera cada país - bajo la amenaza de multas a los países que incumplieran dicha norma. Este tratado fracasó en los intentos de modificación de la arquitectura política europea de cara a una ampliación de países miembros y dio una vuelta de tuerca a la subordinación de la sociedad respecto a la estabilidad monetaria y al protagonismo del beneficio empresarial.

El Pacto de Estabilidad establece que los países con déficit público superior al 3% del PIB, pagarían una multa del 0’2% de su P.I.B. Por cada punto porcentual que el déficit excediera del 3%, la multa se incrementaría en una décima (0’1% sobre el PIB) hasta el límite del 0’5%. Estas cantidades serían detraídas de los fondos de cohesión y los fondos estructurales que recibe el país infractor para permanecer en una cuenta del BCE sin remuneración durante dos años. Si, al finalizar este plazo, el país infractor persiste en su incumplimiento, la cantidad retenida pasa a propiedad del BCE para ser repartida entre los países cumplidores de la estabilidad presupuestaria.

Los países más débiles, necesitados de más recursos públicos para superar sus deficiencias, son castigados con sanciones económicas que les hacen aún más débiles. Lo que les pasa a Grecia, Portugal e Irlanda desde 2011 estaba escrito en los Acuerdos de la Unión Europea desde hace veinte años. Para que no nos pasara a nosotros, el gobierno Español ratificó la entrega ilegal de nuestra soberanía al gran capital europeo mediante la modificación del art. 135 de la Constitución en Noviembre de 2011. Esta modificación subordina las políticas económicas para resolver problemas como el empleo, la vivienda o la salud, a la satisfacción de los intereses de la deuda pública española frente a los acreedores extranjeros. 

(...)

Por un pacto democrático y social de las mayorías contra especuladores, corruptos y guerreros. 

Se desvanece el capitalismo con rostro humano en los países ricos de Europa. En Noviembre de 2011, la pinza PSOE-PP modificó el artículo 135 de la C.E. para impedir cualquier ley o decisión administrativa que pudiera interferir con los intereses de los grandes grupos económicos.

En nombre del euro, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea (la Troika) imponen a los gobiernos el recorte de salarios y la mercantilización de los derechos sociales. Pero estas políticas antipopulares no son capaces de reactivar la economía ni frenar el crecimiento del paro, la desigualdad y la exclusión. El reformismo keynesiano de la izquierda mayoritaria ha resultado ser una efímera excepción, hoy impotente ante la economía competitiva y globalizada.

La creación de plusvalor para el capital es cada día más autónoma del trabajo. Hay más inversiones en especulación, simulación, adoctrinamiento y represión que en producir los bienes y servicios básicos que aseguren el empleo, la dignidad y la seguridad de la gente. El desorden económico, energético y ecológico produce grandes migraciones y confrontaciones armadas. En España, los sucesivos gobiernos de derechas y de izquierdas profundizan su compromiso con la OTAN y mantienen, cada vez más activas las bases militares de los Estados Unidos en nuestro territorio implicando a nuestro país en agresiones – legales e ilegales - contra los pueblos en lucha y los estados desobedientes. Por eso, la confianza popular en los políticos y las instituciones "de mercado" está en caída libre y, las mareas de descontento contienen una creciente desafección respecto a la política, los partidos y sindicatos de mercado.

El bipartidismo que, en España, secuestra el pluralismo político y sostiene una monarquía en descomposición y un nacionalismo español disfrazado de Estado de las Autonomías, se desmorona electoralmente. Para evitarlo, prepara un Gran Acuerdo Político y Social inspirado en los Pactos de la Moncloa de 1977 cuyo saldo, treinta y seis años después, no puede ser más demoledor: desmovilización social, desembarco del franquismo en la joven democracia, especulación, corrupción política, aumento de las diferencias y desmoralización ciudadana. 

Hoy, nuevas formas de participación abren la posibilidad de evitar las catástrofes de la Europa del Capital, la Globalización y la Guerra, cambiando algo más que el partido en el gobierno. Pero conviene no olvidar que la sustancia de la democracia es la autodeterminación popular y que el único pacto útil para el pueblo es la cooperación para superar los estertores de la economía de mercado y su monarquía mediante un proceso constituyente por el trabajo digno, la economía social y sostenible, la seguridad y la soberanía alimentaria, la participación política y la igualdad social entre hombres y mujeres.