Los casos que cita son más que suficientes para entender las intenciones de quienes propugnan este tratado y lo están negociando con secretismo y alevosía. Gobiernos y medios de (des)información ponen sordina a estos hechos clamorosos y a quienes se oponen a estos hechos consumados, difícilmente reversibles.
Hechos consumados que, como los tratados leoninos que han configurado esta Unión Europea, sólo dejan a quienes pretendan zafarse de ellos una salida: romper la baraja.
Habrá que medir las consecuencias, pero por malas que puedan ser, recordemos que más vale morir al aire libre que emparedado vivo en una tumba.
Textos
en alemán:
"Las barreras espaciales para el comercio, inmediatamente (al agua)"
"Las barreras espaciales para el comercio, inmediatamente (al agua)"
(paquete en el agua):
- estándares ecológicos
(listos para ser arrojados desde la balsa
de la Unión Europea):
- estándares sociales
- suministro público de agua
- prohibición del fracking
- regulación de los organismos genéticamente modificados
- reglamento europeo sobre registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos...
La renuncia a la soberanía nacional
Manuel Lago
Una de las cuestiones más
preocupantes del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP)
que negocian los EE.UU. y la Unión Europea es la inclusión de tribunales
de arbitraje de carácter privado para resolver los conflictos de
interés entre las empresas y los Estados soberanos. Incluir este tipo de
tribunales (ISDS por sus siglas en inglés) es una práctica habitual en
los tratados bilaterales, en especial si uno de los firmantes es EE.UU.
Su finalidad es establecer un espacio de resolución de conflictos al
margen de los tribunales ordinarios de cada país, para lo que los
Estados tienen que renunciar de forma explícita a su jurisdicción.
En acuerdos similares, como el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (NAFTA) firmado por EE.UU., Canadá y
México, se crean tribunales de arbitraje con árbitros que no son los
jueces oficiales de los sistemas de justicia, son abogados
mercantilistas con demasiada disposición a fallar a favor de las
empresas.
Si finalmente el TTIP se aprueba incluyendo estos
tribunales privados, se abre de par en par la puerta para que las
grandes multinacionales demanden a los Estados cuando, en el ejercicio
de su soberanía, tomen decisiones que afectan de alguna forma a sus
cuentas de resultados. Esto es, imponer la lógica del beneficio sobre la
lógica de la democracia.
Un repaso breve a los casos más conocidos de demandas
en los tribunales de arbitraje ya existentes en otros tratados nos da
una idea de la magnitud de los riesgos. Un informe publicado por la
fundación alemana Erbert señala, entre otras, la demanda de la compañía
sueca Vattenffal contra el Estado alemán por su decisión de abandonar la
energía nuclear después del accidente de Fukushima; la demanda de la
tabaquera Philip Morris contra Uruguay y Australia por el etiquetado de
las cajetillas de tabaco; la demanda de la petrolera Lone Pine contra
Canadá por aprobar una moratoria de la fracturación hidráulica; la
demanda de la multinacional farmacéutica Lilly contra Canadá porque este
país declaró nulas las patentes de dos medicamentos cuya utilidad no
estaba demostrada.
Y, para terminar, el caso tal vez más escandaloso de
todos, el de la multinacional francesa Veolia que demandó a Egipto
porque el Gobierno subió el salario mínimo del país y la ciudad de
Alejandría se negó a modificar el contrato de recogida de basura que
gestiona la compañía francesa.
Derechos laborales, protección del medio ambiente,
patentes farmacéuticas, la salud de las personas son, precisamente,
algunas de las cuestiones centrales que se están negociando en el TTIP.
Es inaceptable, en realidad incompatible con la democracia, que los
Estados renuncien a su soberanía, a sus tribunales de justicia, a su
legislación, a su capacidad para tomar decisiones poniéndose en manos de
tribunales privados. Si alguien alberga dudas sobre cómo funcionan este
tipo de entidades, que recuerde el papel de las tres grandes empresas
del monopolio de las agencias de calificación -Moodys, Standard &
Poor y Fitch- en la crisis de la deuda soberana de 2013, que atacaron
sin piedad a los Estados en beneficio de los fondos especulativos.
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