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| Mikel Jaso |
Se está generalizando un entendimiento de la realidad que nos rodea que asume que los estados han perdido su capacidad de decisión, teniendo estos que actuar según los dictados de los mercados financieros. Esta percepción va acompañada de una narrativa en la que las categorías de poder como poder de clase y lucha de clase han quedado totalmente sustituidas por el “poder de los mercados que determina lo que ocurre en cada Estado”, incluido el español. Como escribía un articulista en uno de los rotativos de mayor difusión del país, “el capital ya no se personifica en la burguesía”. Según tal postura, esta burguesía ha sido substituida por unas élites financieras que no son propietarias de nada excepto de la capacidad de producir papeles que ni siquiera son dinero, pero de los que derivan montañas de dinero. Y que a pesar de haber causado la crisis continúan recibiendo ayudas públicas del Estado (pagadas por todos nosotros con los impuestos) que les permiten continuar con sus prácticas especulativas y no productivas que empeoran la situación.
De ellos se deduce que la burguesía ha perdido también su poder, haciendo incluso irrelevante el análisis de clases. La estructura social se convierte así en ricos y pobres, con la mayoría definida como clase media, nuevas categorías de estructura social agrupadas dentro de estados, cuya capacidad de decisión queda determinada por los mercados financieros. Es importante subrayar que los propios gobiernos –para justificar sus altamente impopulares políticas públicas– apelan al mismo argumento indicando que no hay otra alternativa que seguir los dictados de tales mercados.
Esta lectura de la realidad, sin embargo, es errónea, y es fácil demostrarlo. En primer lugar, las políticas que el Estado español está imponiendo a la población (flexibilización del mercado de trabajo con mayores facilidades otorgadas al empresario para que despida al trabajador, recortes del gasto y empleo público, disminución de salarios, retraso de la edad de jubilación, y congelación de las pensiones, entre otras medidas) son intervenciones públicas que la supuestamente desaparecida burguesía española ha deseado desde hace muchos años. A la luz de estos datos, indicar que la burguesía ha desaparecido o que no tiene impacto sobre el Estado me parece un error. Como diría Lope de Vega, “nunca los muertos estuvieron tan vivos”. Esta burguesía, tanto la burguesía financiera como la industrial, tienen intereses distintos y otros coincidentes. Y entre estos últimos está el utilizar “la presión de los mercados financieros” como excusa para llevar a cabo lo que siempre han deseado. Naturalmente que la burguesía española (y sus componentes en los distintos pueblos y naciones de España) es ayudada por la burguesía de los estados miembros de la UE, cuyos instrumentos políticos controlan las instituciones de la UE.
Pero los agentes externos no son los que determinan lo que ocurre en España. Condicionan y facilitan, pero no determinan. La atención a lo externo diluye la importancia de lo interno, que es lo determinante. La clase dominante española (término ausente en la narrativa hegemónica) es la que influencia al Estado español. Y parte de su poder ha sido transmitir el mensaje de que no hay alternativa a las políticas que se están siguiendo en respuesta a los agentes externos, los mercados financieros. Y predeciblemente, los medios de mayor difusión juegan un papel clave en la promoción de este mensaje.
Pero no es cierto que no haya alternativas. Sólo un ejemplo. El déficit del Estado podría reducirse, en lugar de recortar el gasto y empleo público, mediante el aumento de los impuestos, alternativa que ni siquiera es considerada por los dos partidos mayoritarios o debatida en los mayores medios. Los partidos a su izquierda han propuesto alternativas creíbles y factibles basadas en los cálculos de los propios inspectores de Hacienda del Ministerio de Hacienda que han indicado que, revirtiendo las ventajas fiscales que se han hecho en los últimos quince años (y que han favorecido a los grupos más pudientes de la población) podrían haberse obtenido 35.000 millones de euros, sin afectar a la carga impositiva de la mayoría de la población, consiguiendo más dinero que el que se ahorra mediante recortes sociales, tales como la congelación de las pensiones y/o el recorte del empleo público. Es más, si España tuviera la misma política fiscal progresiva que Suecia, el Estado (tanto central, autonómico, como municipal) conseguiría 200.000 millones de euros más de los que obtiene. El hecho de que estas alternativas no entren en el debate político responde a la marginación y discriminación sistemática que los medios de mayor difusión ejercen hacia tales fuerzas políticas. En realidad, la escasa diversidad ideológica de los medios en España es uno de los problemas mayores que tiene la democracia española. Otro es la Ley Electoral que margina al segundo partido de la izquierda (IU), debilitando con ello a toda la izquierda.
Hay una lucha de clases en España en la que la burguesía –la clase dominante en España– gana en bases diarias. Decía el financiero estadounidense Warren Buffett: “Esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. El señor Botín (burguesía financiera) y el señor Martín Villa y el señor Amancio Ortega (burguesía industrial y servicios) podrían decir lo mismo en España. Todas las empresas del Ibex (excepto tres) han continuado teniendo beneficios, de los cuales los más importantes, pero no los únicos, han sido los de los bancos. Mientras, la clase trabajadora está pagando la crisis que los primeros crearon. Un síntoma del poder de la clase dominante es que nadie habla ni de clases, ni de lucha de clases, considerando tales categorías como anticuadas, en las que incluso se llega a la conclusión de que la burguesía ha desaparecido.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra
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