lunes, 30 de mayo de 2011

Otro urbanismo (I)


En gran parte de Europa el planeamiento es, y lo ha sido siempre, una actividad materializada en suelo público. Las administraciones, estatales o locales, deciden usos, grados de ocupación, volúmenes y ordenanzas a aplicar; la urbanización es potestad comunitaria. Aunque después pueda cederse a particulares la titularidad perpetua, o sólo el uso temporal.

Hay así capacidad para actuar según las necesidades sobre un suelo que ya era propio, o que se compra o expropia según sea preciso. Un crecimiento moderado no desbordará la capacidad de gestión.

En los años 50 había en España expectativas de desarrollo que a la fuerza iban a requerir ordenamiento. También había buenos urbanistas, que previeron correctamente la necesidad de suelo. Pero faltaba capacidad económica, en un país tan arruinado, para poner en práctica políticas públicas de actuación, y ante todo no había voluntad política para enfrentarse al interés de quienes lo poseían.

La única forma de obtener terrenos era dar contrapartidas que estimularan a los propietarios; darles la oportunidad de obtener grandes plusvalías. Aunque el poder de decidir usos y aprovechamientos lo mantenía la administración, el proceso urbanizador se consolidaba como actividad privada.

Al conservar el poder decisorio, la administración tendría fuerza para exigir la cesión obligatoria de suelo, imprescindible para viales, equipamiento y lo que se llamó sistemas generales. La filosofía subyacente era que la cesión rescataba las plusvalías obtenidas por el agente urbanizador dándolas a la colectividad. Pero si el rescate hubiera sido completo, ¿qué interés tendría un agente movido por el afán de lucro en colaborar?

A partir de aquella Ley del Suelo de 1956 se elaboraron procedimientos para el reparto justo de beneficios y cargas entre los propietarios. Lógicamente quedaban al margen de ese justo propósito los no propietarios. Un propietario tenía más justicia si tenía más suelo.

Lo que siguió mostró lo ingenuo de creer en el justo reparto en las condiciones reales del mercado. Quien tiene mucho suelo se hace siempre con el control del proceso. Y quien tiene mucho capital encuentra el modo de adquirir, con discreción, suelo a bajo precio a propietarios menores desconocedores de una información que él suele tener. Así se hace con el negocio. El reparto de cargas desplaza además a los insolventes.

La facilidad de enriquecerse más del que ya era rico es enorme. No hablemos de la capacidad corruptora, bien demostrada al sobornar a encargados de la gestión de los planes, urbanistas o ayuntamientos. Se supone que los casos descubiertos son sólo una parte de los habidos.

Se inició así el proceso de desarrollo urbano más devastador que ha conocido la historia, con resultados a la vista.

Los mejores suelos agrícolas, perdidos; las costas, destrozadas; bosques talados; ocupación de barrancos y zonas inundables, que han provocado luego daños previsibles. Las disfunciones causadas hacen después necesarias grandes obras de infraestructura.

Los causantes de esos problemas no tienen que responder de ellos. Tuvieron además la bendición de las autoridades y se les consideró creadores de riqueza.

Ahora, lo peor del sistema urbanístico implantado es la dificultad para financiar actuaciones correctoras, que se hacen necesarias para remendar nuestras estropeadas ciudades. Porque según este modelo la financiación se logra mediante más desarrollos especulativos, que dejarán a los ayuntamientos solamente una parte de las plusvalías obtenidas por los promotores. Esa gente que sigue teniendo la sartén por el mango.

El sistema, más pronto que tarde, tiene que colapsar. Hay que tomar conciencia antes de que el daño sea mayor, y atreverse a lanzar propuestas lúcidas y radicales, lejos de este desarrollismo faraónico, que cura los problemas creando otros.

Propuestas que obligatoriamente han de apuntar al corazón de este modo de producción capitalista, motor que, además de otras muchas cosas, ha producido también estas difíciles ciudades.

Juan José Guirado
Diario de Ferrol
ant. 2007


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