 |
| arquireal.com |
No es nueva, desde luego, la discusión entre los defensores de la planificación y los que abogan por la desregulación y liberalización de las actividades humanas, y sobre todo de las actividades productivas. Los primeros, desde mucho antes del nacimiento de la ciencia económica, han argumentado que los esfuerzos que no se coordinan se obstaculizan mutuamente, y resultan estériles en gran parte. Los liberales, por el contrario, señalan que un exceso de reglamentación impedirá el desarrollo de muchas iniciativas particulares capaces de crear riqueza y bienestar.
Planteado el debate en estos términos, ambas partes tienen razón; tanto la coordinación de esfuerzos como la libre competencia forman parte de la historia de nuestra especie (también de la Historia Natural): si solamente uno de estos enfoques favoreciera el desarrollo humano hace ya mucho tiempo que el otro habría sencillamente desaparecido.
El factor que esteriliza habitualmente esta discusión es el hecho de que no se produce en un terreno meramente teórico y sin consecuencias prácticas inmediatas, sino en el seno de sociedades cargadas de antagonismos y de intereses contrapuestos, por lo que en buena medida se sale del terreno firme del análisis honesto, dirigido a conocer la verdad, para entrar en el pantano de la ideología, empleando aquí la palabra en su peor sentido: cada parte, más que conclusiones ciertas, trata de obtener conclusiones favorables que puedan arrastrar al propio campo al mayor número posible de aliados, desarmando y neutralizando a la vez a cuantos adversarios sea posible.
El ejemplo de las sociedades de desarrollo planificado lo han constituido durante la mayor parte del siglo que termina los países llamados socialistas. La caída de sus regímenes políticos y el desmantelamiento de sus sistemas económicos y sociales ha supuesto, en sentido estricto, el fracaso de un modelo de desarrollo en unas sociedades determinadas históricamente, en un marco global en el que, además de errores y defectos estructurales, han influído otros factores que no es nuestro propósito abordar ahora. Pero los ideólogos liberales lo han presentado ante todo como el fracaso definitivo de cualquier posibilidad, de ahora en adelante, de planificar el desarrollo. Se supone agotado el debate: carece ya de sentido plantear restricciones al capital y controlar sus movimientos, porque cualquier obstáculo que se le oponga determinará simplemente su huida. Según la célebre frase de Fukuyama, la Historia ha terminado.
Pensamos, contrariamente a esto, que en este momento es más necesario que nunca poder planear nuestro futuro: de hecho, si no lo planificamos nosotros nos lo van a planificar, y no precisamente considerando nuestro beneficio; y la aceleración de los procesos de cambio en todo el entorno hace urgente actuar si queremos evitar estragos de muy difícil, o imposible, solución.
Que estas reflexiones de carácter general son atinadas se puede comprobar a diferentes escalas y niveles. Tomemos, como más próximo y fácil de entender, el nivel municipal.
En el territorio de un municipio se desarrollan las más diversas actividades, en zonas delimitadas que son, necesariamente, de uso público o de uso privado.
Mientras las zonas públicas constituyen un continuo, las privadas están divididas y subdivididas en unidades separadas e independientes, y obligadamente son limítrofes con el continuo de uso público. Todos los asentamientos humanos de todos los tiempos responden a este esquema básico. Así está organizado el espacio rural y también el espacio urbano, como un continuo público con islas privadas.
La necesidad elemental que da este carácter tan uniforme a la organización humana de cualquier territorio es la de moverse, circular por todo él, unida a la de cada individuo o conjunto de ellos de utilizar en exclusiva algunas porciones del mismo para sus fines particulares. Cuando la evolución y el crecimiento de una colectividad aumentan la densidad de su población, el esquema evoluciona bajo la presión de dos fuerzas contrapuestas: por una parte, los individuos y grupos presionan para aumentar sus dominios privados a expensas del suelo público; de otra, la necesidad creciente de espacios para la circulación, la relación y otros usos nuevos de carácter general presionan para desarrollar el tejido público, lo que obliga de diversos modos a desafectar y expropiar suelos antes privados. De modo general, puede decirse que la tendencia, para el suelo urbano más escaso y valioso, es la de crear cada vez más suelo público, que constituye una necesidad, al tiempo que aumenta la densidad de utilización del suelo privado.
Surge de aquí uno de el conflicto más habitual y que más dificulta la gestión racional del suelo, porque, dejando al margen las divergencias de intereses entre propietarios y no propietarios, también entre los propietarios de suelo se dan situaciones muy diferentes. A saber: la administración de la ciudad necesitará obtener suelo público, expropiándolo al precio más bajo posible, mientras que el propietario contiguo que se libre de esta expropiación podrá venderlo al precio más alto posible. Esta contradicción es una más que probable fuente de presiones, tráfico de influencias y diversas corruptelas.
Que se trata de un problema que tiene solución es un hecho. Que los propietarios con más poder económico y capacidad de maniobra están poco dispuestos a facilitarla es otro.
Medite el lector sobre estas circunstancias y estaremos en condiciones de seguir desarrollando el interesante tema del Urbanismo.
Juan José Guirado
ant. 2003
No hay comentarios:
Publicar un comentario