Acuerdo de pensiones

Historia, derrota de clase y perspectivas de futuro

Artículo de Pedro Mª De Palacio en Rebelión, con datos de mucho interés que no me resisto a trascribir

"La lucha de clases existe, de acuerdo; pero es mi clase, la de los ricos, la que da la batalla... y vamos ganando".

 Warren Buffet

España estaba y está a la cola de la media de la Unión Europea (UE) en materia de gasto y protección social: 

1. La pensión media contributiva en España es el 68% de la pensión media contributiva de la Unión Europea de 15 países (UE-15), y la no contributiva el 46%.
2. El gasto público en pensiones en el año 2007 (Último dato disponible) está 3 puntos por debajo (9% del PIB) del promedio de la UE-15 (12%). Países como Francia gasta el 13,3% del PIB.
3. El gasto público en protección social es el 7% inferior a la media de la UE-15, lo que equivale alrededor de 70.000 millones de euros al año.
4. El fondo de reserva de la Seguridad Social tiene un superávit de 62.500 millones. Incluso en el año 2010, con entre cuatro millones y medio y cinco millones de parados reales ha habido superávit. En Francia, por ejemplo, ni se dispone de un fondo de este tipo. Por otra parte, la viabilidad del sistema tal y como está en la actualidad está garantizado por lo menos hasta el año 2029, lo que evidencia que las intenciones de la reforma van en el sentido descrito en este artículo y no el que declaran sus impulsores. Y en cualquier caso las reformas necesarias son en el sentido contrario, y más en la crisis sistémica que vivimos que va a cambiar en gran medida el mapa social de Europa en el sentido negativo.
5. Desde 1995 el PIB español se ha multiplicado 2,3 veces (Lo que, por cierto, anula los argumentos relativos al envejecimiento de la población, porque excluyen la productividad -Por ejemplo un 2% de la población produce hoy 10 veces más alimentos que el 18% hace cincuenta años-, el que mientras por ejemplo en los países nórdicos el porcentaje de la población activa es del 72% en España es del 52%, eliminan la posibilidad de una fiscalidad progresiva, etcétera.) mientras que el gasto en pensiones o no ha crecido o incluso ha descendido un punto porcentual.
6. El 71,75% de los pensionistas tienen pensiones por debajo de los 1000 euros, y el 58% por debajo de los 600 euros. Datos que evidencian el grado de precariedad y precarización de nuestro sistema de pensiones. Simplemente elevar a 650 euros mensuales la pensión a los cuatro millones y medio de pensionistas que cobran por debajo de dicha cantidad supondría un gasto anual de poco más de 6.000 millones de euros, que por cierto es una cantidad similar a la que recibe del Estado la Iglesia entre exenciones fiscales, dinero de los fondos públicos, etc. Gastando la proporción del PIB que gastan países como Italia o Francia se podrían elevar de media las pensiones en alrededor de 500 euros mensuales.
7. La presión fiscal en España tiene un diferencial con la UE-15 del 6% menos. Esta a su vez ha tenido la mayor caída de los países de la OCDE entre los años 2007 y 2009. España es un país en el que las rentas del trabajo soportan una gran carga fiscal y las rentas del capital una de las menores de la Ue-15. Por ejemplo el pasado año el Banco Santander Central Hispano tributó el 11.39% de impuestos sobre resultados del ejercicio, el BBVA el 19,9% o el Banco Sabadell el 7,88%. Según un informe reciente de la OCDE el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el PIB bajó del 37% al 30,7% y no sólo por los efectos de la crisis (Que también padecen otros países) sino por los denominados planes de “estímulo” a la banca y empresas (Es decir, aumento de la tasa de extracción de las rentas del trabajo al capital), la eliminación del impuesto de Patrimonio y Sucesiones o la bajada de impuestos directos (Sociedades y IRPF). La presión fiscal de por ejemplo Francia está en el 41,9%.

La reforma de las pensiones, en términos generales, representa un recorte del 20% de la pensión media, llegando al 3% el recorte de gasto en pensiones públicas. El recorte se reparte de manera desigual, siendo el impacto más grave para las generaciones más jóvenes. 

1. Generalización de la edad legal de jubilación a los 67 años . Sólo aquellos que acumulen 38,5 años cotizados podrán jubilarse a los 65 años o, en su caso, a los 66 años con el 100% de la pensión. Este es el colectivo que ya se está generalizando y que se generalizará en las próximas décadas. La situación se agrava si tenemos en cuenta que el paro juvenil en nuestro país es un elemento estructural y no coyuntural, ligado a nuestro modelo de desarrollo (900.000 jóvenes con menos de 25 años están desempleados en nuestro país), con lo que se condena a la mayoría de la población a no tener una pensión digna. El hecho de fijar en los 38,5 años la cotización exigida para cobrar el 100% de la pensión es el mecanismo que en la práctica fija para la mayoría de la población el alargamiento de la jubilación a los 67 años. El impacto de la reducción de la pensión por el retraso de la edad legal de jubilación se estima en más de un 14,4% de recorte. Así jubilarse a los 65 años será un hecho muy minoritario.
2. El hecho de pasar de 35 años de cotización a 37 para jubilarse a los 67 años para obtener el 100% de la pensión implica un recorte del 4,56%. Además cada pensionista con menos años cotizados que los exigidos descenderá tantos escalones de su base reguladora como meses le falten para ese máximo –a un precio entre 0,21% y 0,18% cada mes-. Se estima que sólo el 20% de la población actual podrá jubilarse a los 65 años sin merma de pensión.
3. El periodo de cómputo para el cálculo de la pensión pasa de 15 a 25 años, lo que supone un recorte del 7%.
4. Se modifica la jubilación anticipada , pudiendo acceder a ella con 61 años pero con una sustancial penalización en la cuantía de la pensión. Será voluntaria a los 63 años (Hasta los 67, con 33 años cotizados) pero con una alta penalización al quedarse sólo con el 62% de la pensión.
5. El reparto del recorte del que hablábamos según los colectivos se resume en que a unos se les limita la baja y a otros se aumenta el recorte previsto. Ponemos unos ejemplos concretos de Antonio Antón. “Asalariados con 65 años de edad y 35 de cotización antes percibían el 100%; con el acuerdo el 74% con un recorte de 26 puntos. Con 65 años de edad y 38,5 de cotización, antes el 100%, con el acuerdo el 93%, con 7 puntos de penalización. Con 63 años de edad y 33 años de cotización antes el 80%, y con el acuerdo el 62% con 18 puntos adicionales de penalización”.
6. Como aspectos positivos mencionar el caso de los becarios con la obligatoriedad empresarial de aportar sus cotizaciones sociales, aunque hay que matizar que esto está supeditado a que se hagan cargo ellos mismos (No la institución en la que han trabajado) de las cotizaciones, vía convenio especial con la Seguridad Social. Otro elemento es el reconocimiento a la madre de nueve meses de cotización, hasta un límite de dos años, aunque sólo si está empleada en ese momento y pida excedencia para el cuidado del hijo, lo cual por una parte contribuye a profundizar el patriarcado en nuestra sociedad y a la vez teniendo en cuenta la realidad de nuestro mercado laboral es un riesgo para sus carreras laborales además de no percibir salario ni prestación de desempleo.
7. Finalmente, como elemento especialmente peligroso para el futuro se incluye la revisión del sistema cada cinco años en función de la esperanza de vida, lo que está encaminado a futuros recortes porque se acepta en el acuerdo la variable de la esperanza de vida a los 37 años para adecuar los “parámetros fundamentales del sistema”, lo que ya incluye de por sí un recorte adicional del para el año 2027 del 2,5%.

Todo esto es, en definitiva el mayor ataque a los asalariados desde la Transición del régimen franquista a nuestro actual modelo de democracia capitalista.