Ley del Suelo, antes y después. ¿Y ahora qué?

Nuestra Bandera es una revista de debate político y teórico editada por el Partido Comunista de España. El número 242 está dedicado en su mayor parte al municipalismo como herramienta de transformación, coincidiendo con los cuarenta años de elecciones municipales democráticas y la próxima consulta del 26 de mayo.

En este último número aparece, con ligeras variantes, esta breve historia del planeamiento urbanístico en España, desde la primera Ley del Suelo elaborada en plena dictadura hasta la persistente crisis actual.

Sirva esta ilustración como símbolo de la batalla entre los árboles y las grúas.

Ley del Suelo, antes y después. ¿Y ahora qué?

Juan José Guirado

La ordenación de los asentamientos humanos ha sido siempre materia de regulación, desde que la aglomeración espontánea comenzó a requerir, para no colapsar, de medidas correctoras de las conductas individuales. Sin embargo, el tratamiento sistemático de la ordenación de todo el territorio de un país es mucho más reciente. Aunque su origen se halle en la experiencia de la revolución soviética, en occidente es un hecho mucho más reciente, en parte como respuesta a ese hecho, sin el cual no puede entenderse toda la historia posterior.

En España, la primera ley de este nombre se promulgó en plena dictadura, en 1956, y fue un paso muy importante para unificar criterios y normas de actuación urbanística, hasta entonces atomizados en ordenanzas municipales y planes decimonónicos de ensanche y reforma interior. Planes que eran específicos de cada ciudad, aunque con muchas similitudes.

Por esas fechas, la huida del campo a la ciudad empezaba a convertirse en desbandada. Un incipiente despegue industrial atraía a las ciudades a masas campesinas crecientemente empobrecidas. Las aglomeraciones informales de infraviviendas comenzaban a llenar las periferias. Esto obligaba a plantearse la necesidad de encauzar el crecimiento de los núcleos urbanos, más allá de los viejos planes de ensanche. Era imprescindible plantearse una metodología ordenada para modificar los usos del suelo.

El fenómeno migratorio no era nuevo, ni ha cesado donde se han dado condiciones similares. Las migraciones en busca de una vida mejor son de actualidad, tanto dentro de los países subdesarrollados como desde estos a los centrales.

Siempre ha habido dos modos de organizarse las aglomeraciones humanas, la espontánea y la planificada. Junto a las ciudades amuralladas crecieron los nuevos burgos, los focos de actividad en que comenzó el desarrollo de la moderna burguesía, sin que hubiera intervenido en su incipiente ordenación la autoridad intramuros.

Generalmente, un crecimiento espontáneo lento no ha sido conflictivo, pero en momentos en que se acelera se necesitan normativas reguladoras, hasta llegar a plantearse como necesidad que la expansión sea prevista y planificada.

Desde los comienzos del siglo XX, por no ir más atrás, los movimientos renovadores de la arquitectura se ocuparon del urbanismo, con planteamientos reformadores del hábitat que confundían efectos con causas. (Le Corbusier, en “arquitectura o revolución”, soñaba con lograr que el urbanismo redimiera a los oprimidos). Por el mismo tiempo, la Revolución de Octubre, con la construcción, no solo teórica, de la ciudad soviética, era un ejemplo de economía planificada, aplicada ante todo a la propiedad y usos del suelo, fuera de los dogmas del liberalismo.

Los fascismos de entreguerras adoptaron en parte la forma de actuar socialista y, como reacción defensiva de los dueños del capital, comenzaron a planificar muchos aspectos de la vida, procurando que no afectara, sino reforzara, sus derechos de propiedad.

Así, en plena guerra mundial, nace en Italia en 1942 la primera ley del suelo moderna. Según Fernando de Terán:

"...Se trata del primer texto de amplio enfoque general del problema urbanístico, donde el planeamiento tiene tratamiento protagonista. Toda la actividad urbanística debe estar realizada a través de un jerarquizado sistema de planes, acompañados de un conjunto de normas sobre la actividad constructiva…"

En España la legislación planificadora sobre el suelo fue impulsada por el arquitecto Pedro Bidagor desde la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Gobernación. Franco la apoyaba, a contrapelo de la Dirección General de Administración Local. Por el contrario, fue bien recibida en los ayuntamientos.

Entre los profesionales de la arquitectura, una minoría, incluso dentro del régimen, mantenía las ideas sobre arquitectura y urbanismo heredadas del movimiento moderno y del urbanismo socialista, pero la ley, como ocurrió en los demás fascismos de la época, favorecía con sus prácticas a los propietarios tanto de la tierra como del capital.

Esta Ley del Suelo y Ordenación Urbana pivota sobre el planeamiento, como herramienta fundamental, y limita profundamente el derecho absoluto a edificar, regulando los usos del suelo “conforme a la función social de la propiedad”. El dominio sobre el suelo dependerá desde entonces de su clasificación urbanística, se limitan sus usos y se imponen obligaciones que no dan lugar a indemnización.

Ninguna urbanización ni construcción será ya posible sin sujeción al planeamiento y autorización administrativa. Pero las plusvalías generadas por la actividad urbanística se reservan exclusivamente a los propietarios, sin participación social alguna. Como se ha visto en su aplicación y a través de sus sucesivas reformas, que nunca alteraron su esencia, se consagra en ella un capitalismo urbanístico al máximo nivel.

Regulaba el Régimen Urbanístico del suelo, considerando tres clases: urbano, aquel consolidado por la edificación o solamente urbanizado, para lo que debía contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, alcantarillado y suministro eléctrico; de reserva urbana, urbanizable mediante un plan parcial, y rústico, el resto del territorio municipal, edificable con un aprovechamiento de 1 m³ de volumen construido por cada 5 m² de superficie.

El Suelo urbano y el de reserva urbana incluían el uso público (viales y plazas, parques y jardines, equipamientos) y edificación privada. El rústico se dividía en común y protegido. Se consideraban también normas para ligar la construcción al sistema agropecuario o limitar la segregación de parcelas.

Las figuras de planeamiento, los planes, estaban jerarquizados según su ámbito territorial. Plan nacional, planes provinciales, ninguno de los cuales llegó a ver la luz, y planes generales de ordenación, que podían ser municipales o comarcales. Los planes generales clasificaban todo el suelo de su ámbito, y son los únicos que llegaron a realizarse.

Además, se consideraban planes especiales, aplicables a casos muy concretos, como los conjuntos histórico-artísticos.

Descendiendo en jerarquía y aumentando en definición, los planes parciales regulaban de forma detallada la clasificación y uso del suelo de un sector. Su infraestructura y servicios debían ser desarrollados en un proyecto de urbanización.

Cuatro sistemas de actuación definía esta ley: expropiación, cooperación, cesión de viales y compensación. Los dos primeros reservados a la administración. La llamada cesión de viales por parte de los propietarios, que podía incluir también terrenos para parques y jardines, se premiaba con la posibilidad de construir en el suelo restante. En cuanto al sistema de compensación, la iniciativa pública, o la de un número suficiente de propietarios de la mayor parte del terreno, permitían crear una Junta de Compensación, figura con personalidad jurídica que realizaba la urbanización y repartía solidariamente los beneficios y cargas del planeamiento, pudiendo en su caso expropiar a aquellos que no se adhirieran a la junta. Y si era necesario, podían reparcelarse los terrenos, unificando las parcelas de un polígono y procediendo luego a una nueva división que compensara a todos los propietarios por igual.

Se establecía así un procedimiento igualitario para mantener la desigualdad inicial entre propietarios. El dueño de la mayoría de los terrenos era el más beneficiado por el proceso urbanizador. Y así ha seguido siendo a través de todas las sucesivas modificaciones de la ley, que siempre ha dejado fuera a los no propietarios de terrenos. Se pregonaba la “función social de la propiedad” siempre que no afectara a la propiedad socialmente consolidada.

Para la valoración de los suelos se establecían cuatro categorías, aplicables a cada una de sus clases. Valor inicial, para el rústico, expectante, para el de reserva urbana, urbanístico, para el suelo urbano en general, y el valor comercial aplicable a los cascos urbanos consolidados.

En 1975, en pleno proceso de transición política, se realizó la primera reforma de la ley, y el texto refundido de ambas se publicó al año siguiente. La ley reformada se desarrolló mediante varios reglamentos. Se mantuvo el de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares de 1964, y en 1978 se publicaron otros tres, el Reglamento de Planeamiento, el de Gestión Urbanística y el de Disciplina Urbanística.

De la simple clasificación se pasaba a la calificación del suelo. Se mantuvo la definición de suelo urbano, pero se añadió como tal el que tuviera un plan parcial aprobado. El suelo de reserva urbana pasó a ser suelo urbanizable, distinguiendo entre el programado, con plazos inmediatos de ejecución, y el no programado, reservado para desarrollarlo en el futuro por medio de Programas de Actuación Urbanística. El suelo rústico pasó a no urbanizable.

Siguiendo en parte las reformas políticas en curso, en el suelo urbano y el urbanizable se aumentaron los deberes de los propietarios de urbanizar y edificar, ampliando las cesiones de suelo para fines públicos. En suelo urbanizable se impuso la cesión del 10% del aprovechamiento medio. Con ello creció la participación de la comunidad en las plusvalías urbanas, intensificándose la aplicación del principio de reparto de beneficios y cargas, más allá de la mera reparcelación.

Se perfeccionaron los instrumentos de planeamiento, introduciendo la obligación de realizar un estudio económico y financiero.

Las ideas que sobrevolaban la reforma política influyeron sin duda en algunos puntos de la nueva legislación. Aún no se había abandonado la idea de planificación de amplios vuelos, y se mantuvo la intención proclamada de llevar a efecto el Plan Nacional de Ordenación. Los planes provinciales anteriores, sin embargo, flexibilizaron su ámbito, pudiendo ser también supraprovinciales y comarcales. Se veía venir el desarrollo del Estado de las Autonomías. Pasaron a llamarse Planes Directores Territoriales de Coordinación (esto era el célebre “pedete”, pronto volatilizado).

En adelante los Planes Generales Municipales se desarrollarán, según los casos, por medio de Planes Parciales, Planes Especiales, Programas de Actuación Urbanística o Estudios de Detalle.

Una novedad de la ley la constituyen las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento, instrumentos pensados para municipios pequeños, exentos de la necesidad de estudio económico.

De los sistemas de actuación desaparece el de cesión de viales, poco preciso. También se modifican las valoraciones. El pintoresco “valor expectante” desaparece, y quedan solo otros dos, el urbanístico y el inicial de los suelos no urbanizables.

En 1990, el gobierno de Felipe González promueve una nueva ley, que sin tocar los derechos sobre el suelo regula el paso de unas situaciones a otras, ligando los derechos al nivel de desarrollo, y da armas a la Administración para intervenir en su seguimiento. El proceso es como sigue.

Se adquiere el derecho a urbanizar al aprobarse el planeamiento que convierte el suelo rústico en urbanizable. El planeamiento municipal marca el aprovechamiento tipo, y una vez cumplidos los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los plazos fijados, el suelo urbanizable pasa a ser urbano y el propietario a tener derecho al aprovechamiento urbanístico señalado.

El derecho a edificar se adquiere luego con la licencia y cesa por caducidad si la edificación no se materializa en el plazo previsto. Ejecutada la obra de acuerdo con la licencia, se obtiene el derecho de uso.

El suelo no urbanizable y el urbanizable no programado no confieren ningún derecho a edificar. En el urbano y el urbanizable programado el valor inicial se altera necesariamente, por cuanto se acepta para ellos el valor de mercado. Se intenta corregir desequilibrios mediante las técnicas de aprovechamiento tipo y las transferencias de aprovechamientos urbanísticos. Una de las mayores concesiones a lo público es la cesión al municipio de al menos el 15% del aprovechamiento tipo (la práctica hizo luego que en muchos casos los ayuntamientos prefiriesen monetizar estas cesiones; obtuvieron más posibilidades de crear infraestructuras y servicios… en menos terreno).

Pero esta legislación que ordenaba el régimen del suelo de arriba abajo en todo el territorio tenía un talón de Aquiles: chocaba con la Constitución del Estado de las Autonomías, que incluía la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda entre las competencias de las Comunidades Autónomas. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 (¡casualmente ya en el primer gobierno de Aznar, y no antes!) daba la razón a los recursos de muchas Comunidades y desmantelaba la ley del anterior gobierno socialista.

El proceso especulativo ya en marcha adquiere a partir de entonces velocidad de vértigo. Con el pretexto de abaratar el suelo incrementando la oferta se elimina la diferencia entre el suelo urbanizable programado y el no programado. Ahora todo será urbanizable sin más. Se simplifica el procedimiento y se acorta además la tramitación. El neoliberalismo rampante pretende que el problema de la vivienda se resuelva dejando hacer.

Al año siguiente una nueva ley del suelo, que estuvo vigente hasta 2007, convierte en urbanizable aquel terreno que no sea declarado expresamente no urbanizable,

“por estar sometido a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público, o aquellos terrenos que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano”.

Ya no había que justificar la necesidad de urbanizar, era necesario demostrar en su caso por qué no se debía urbanizar. La intención declarada de abaratar el suelo aumentando enormemente su disponibilidad tuvo como efecto disponer de suelo barato para actuaciones especulativas caóticamente dispersas por el territorio, sin que los suelos verdaderamente caros bajaran de precio.

Se aumentó la protección de los derechos de los propietarios, indemnizándose los cambios de planeamiento que afectaran a licencias en vigor:

"...Cuando se produzca la anulación de una licencia, demora injustificada en su otorgamiento o su denegación improcedente, los perjudicados podrán reclamar de la administración el resarcimiento de los daños y perjuicios causados..."

Pese a ello, seguía tratándose de una legislación estatal. Nuevamente, en 2001, interviene el Tribunal Constitucional para derogarla parcialmente, por invadir competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Se reinterpretaron los artículos relativos a la clasificación de suelo como urbanizable, dando un margen muy amplio a las administraciones territoriales, en contradicción con los pretendidos efectos liberalizadores de la ley.

La vuelta al poder del PSOE trajo en 2007 otra nueva Ley del Suelo. Ahora ya no se intentó clasificarlo al margen de su situación real de rural y urbanizado. Serán en todo caso las Comunidades Autónomas las que puedan mantener la clasificación como suelo urbanizable y la posterior ejecución del planeamiento que así lo prevea, aunque solamente podrá “clasificarse como urbanizable el suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen”.

Con un modesto giro social, además de garantizar una cierta protección a los propietarios frente a los grandes promotores, ordena que las Administraciones reserven el 30% del suelo residencial de las nuevas unidades de actuación para viviendas sujetas a un régimen de protección pública, aunque excepcionalmente esta reserva pueda ser inferior.

En esto llegó, bruscamente, la crisis de las crisis. En 2009 el gobierno de Zapatero, para hacerle frente, quiso modernizar la economía en los campos financiero, empresarial y medioambiental. En este sentido se promulgó la Ley de Economía Sostenible en 2011. Su reglamento, sin embargo, no pudo ser aprobado hasta 2012, ya bajo el nuevo gobierno del Partido Popular.

No podía dejarse de lado el tema urbanístico, buscando, como no podía ser de otra manera, el ansiado “crecimiento sostenible”. Por una parte, se potenciaba la rehabilitación, a la que se quería destinar el 35% de la inversión inmobiliaria, en un intento de canalizar a ella el empleo destruido por la parálisis de la obra nueva. También se quería aumentar el número de viviendas en alquiler, pasando del 13 al 20%.

Para socorrer a las entidades financieras y promotores de suelos en cartera se procuró, en sentido contrario a la anterior política de “abaratar suelo”, evitar su depreciación, ampliando los plazos de valoración para suelos con planeamiento aprobado y aplicándoles la ley anterior, más favorable porque permitía incluir expectativas urbanísticas.

Con la resaca de la crisis, a la que no fue en absoluto ajeno el estallido de la “burbuja inmobiliaria”, sistemáticamente alimentada por todos los gobiernos anteriores, el tema urbanístico propiamente dicho pasa a un segundo plano. Los múltiples desarrollos urbanísticos fallidos hacen prácticamente inoperantes los grandes proyectos desarrollistas del pasado reciente. Ya no tenía sentido una nueva Ley del Suelo específica que, como las anteriores, se centrara en nuevos desarrollos y en valoraciones crecientes que en definitiva fomentan la especulación con el precio de los terrenos.

Como alternativa, cobran impulso la rehabilitación, el equipamiento de barrios y la renovación urbana. El nuevo enfoque encaja bien con la humanización de los centros urbanos, la racionalización del transporte y la sostenibilidad en general. De todas formas no parece que estas actividades puedan sustituir al desmesurado crecimiento de la industria de la construcción de las décadas precedentes.

Aunque las ventajas del planeamiento parecen evidentes, el modelo seguido a lo largo de todos estos años presenta graves inconvenientes. Al ser expansivo, choca finalmente con las limitaciones de un territorio que no puede estirarse indefinidamente.

Pero hay algo más determinante aún. Es la idea, que ya estaba presente en la primera ley, del “valor expectante”. Los suelos “esperan” aumentar su valor por decisiones administrativas que permiten urbanizarlos. Recordemos que en la ley inicial se recogía el sistema de expropiación para obtener suelo público, y que ya existía una Ley de Expropiación Forzosa “por causa de utilidad pública o interés social”. Esta ley permitía a las administraciones obtener suelo público pagando un justiprecio, como indemnización al propietario que perdía la titularidad, para resarcirlo de las pérdidas ocasionadas en su patrimonio y en la actividad cesante (incrementado en un sentimental 5% como premio de afección). ¿Pudo utilizarse la expropiación como fórmula exclusiva para crear suelo urbano? La realidad es que en las circunstancias del momento no era posible. El omnímodo poder de los propietarios de la tierra y del capital pedía otras soluciones. Que además eran realistas y razonables.

Se trataba de una necesidad perentoria en un momento de penuria económica, el Estado no tenía capacidad para abordarla, y por eso se utilizaron las otras figuras impulsoras del planeamiento para dar entrada a la iniciativa privada en el proceso urbanizador, mediante la obtención de importantes plusvalías (aunque la propia ley y las sucesivas intentaron tímidamente recuperar parte de ellas mediante cesiones obligatorias).

Iniciado el camino, adquirió pronto proporciones grandiosas. El cambio de calificación de un suelo suponía (y supone) un impresionante aumento de valor. El sector inmobiliario y el financiero han sido los grandes beneficiarios del procedimiento, al menos hasta la estrepitosa caída del tinglado. Por contra, la pretendida recuperación de las plusvalías por la comunidad ha sido mucho menor.

Otro efecto importante ha sido el incentivo que supone el procedimiento como promotor de corrupción. Si la recalificación de un suelo puede producir una fabulosa ganancia, puede por eso mismo propiciar el pago de jugosas comisiones a elementos corruptos situados en lugares clave de la Administración, en el nivel preciso. Así es fácil el paso de la colaboración a la complicidad. ¿Habrá que citar ejemplos concretos?

Los diversos niveles de los órganos encargados del planeamiento son otros tantos puntos débiles que propician estas prácticas. El Estado central, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, han sido objeto de presiones diversas (y no únicamente se trata de sobornos) para favorecer los intereses del sector de la construcción y los capitales asociados a él. No olvidemos que no todo está en la ley. Alguien que sabía mucho de esto, el Conde de Romanones, dijo en una ocasión: “Dejad que ellos [los diputados] hagan las leyes, yo haré el reglamento”. En los reglamentos de la ley, más allá de sus declaraciones de intenciones, está la política real. Pero mucho más abajo, en los órganos encargados de su aplicación, están sus efectos prácticos.

No quiere decir esto que todas las decisiones de los ayuntamientos hayan sido venales. Muchas han sido tomadas con la mejor de las intenciones, pero con una mentalidad capitalista que ha hecho ver en el beneficio monetario inmediato lo más conveniente. La monetización de las cesiones de suelo citada más arriba es un claro ejemplo. Y muchos de los terrenos para edificios públicos, instalaciones deportivas, parques o jardines, han sido una migaja obtenida, incluso por las corporaciones progresistas, a cambio de enormes ventajas económicas para los dueños de los terrenos y del capital.

Hora es de un cambio fundamental en el abordaje del tema urbanístico, empezando por la propiedad del suelo.

¡Casi nada!

¿Qué significa "nosotros"?

Esta conferencia, pronunciada en la XXXVI Semana de Filosofía de Pontevedra por el catedrático José Solana Dueso, que se especializó en Filosofía Antigua atraído por el magisterio de Emilio Lledó, puso de relieve el papel que los sofistas, poco apreciados por la filosofía posterior, heredera de los grandes Platón y Aristóteles, tuvieron en la formación de la idea básica de la democracia: la igualdad esencial de todos los humanos, dotados universalmente de capacidad política, por encima de sus diferentes capacitaciones técnicas.

No es que los griegos fueran consecuentes con esta idea, porque en la práctica la ciudadanía estaba muy restringida, manteniendo fuera de su democracia a extranjeros, esclavos y mujeres, y paliando muy parcialmente, entre los mismos ciudadanos, las diferencias entre ricos y pobres, pero sentaron las bases para la negación del carácter natural de las fronteras entre humanos.

La frontera que separaba a los ciudadanos ("nosotros") de los demás ("ellos"), era solo una entre otras muchas, las que había entre griegos y bárbaros, ricos y pobres, libres y esclavos, hombres y mujeres, sabios e ignorantes. Cada frontera establece un "nosotros" que excluye a los demás.

Pese a sus limitaciones prácticas, este planteamiento teórico es de enorme importancia, porque socava la creencia en cualquier origen "divino" o "de orden natural" de las desigualdades. En nuestro tiempo ese "nosotros" se ha diversificado enormemente, repartido caóticamente entre toda clase de tribus: tribus urbanas, tribus ideológicas, nacionales, de género, de clase, de lengua y cultura, de interés corporativo...

Cada cual oscila entre esas pertenencias múltiples, y es bueno recordar el "nosotros" fundamental, desarrollando la "conciencia de especie", y recordando que, ahora más que nunca, olvidarlo nos conduce a conflictos que pueden llevarnos a la autodestrucción.

Esa conciencia necesaria de la igualdad fundamental entre los humanos es lo que falta a las democracias realmente existentes, que siempre se dan en el seno de alguno de los nosotros subalternos. En la práctica, el nosotros que funciona se reduce casi siempre a una oligarquía dominante en el seno de una clase dominante, dentro de algunas sociedades privilegiadas.

Sigue el resumen de la conferencia facilitado por el Aula Castelao, y el vídeo de la misma:

LOS SOFISTAS: DEMOLIENDO FRONTERAS

Protágoras es el iniciador de la filosofía política. Su teoría más conocida, expuesta en alguna obra suya que no podemos precisar, fue resumida por Platón en el Protágoras. En síntesis, el sofista afirma que la humanidad llegó al estado actual tras haber andado un largo proceso en el que experimentó dos tipos de aprendizaje: el primero es el aprendizaje técnico, el regalo de Prometeo, gracias a lo que la especie humana es capaz de suplir sus carencias mediante el desarrollo de una serie de técnicas y conocimientos (agricultura, construcción, navegación, astronomía, etc.) que le permiten encarar los problemas de la supervivencia. Dada la insuficiencia del regalo de Prometeo, la especie se vio forzada a realizar un segundo aprendizaje, el de sentar las bases de la convivencia, necesario para la cooperación que las antedichas técnicas exigían y evitar los conflictos que, derivados de esa convivencia, desembocarían en la autodestrucción. Esa experiencia de convivir de manera armoniosa es el regalo de Zeus, y consiste en desarrollar entre los miembros de la especie la justicia (Díke), el respeto y el autocontrol (aidós).

La experiencia política, común a todos los miembros de la especie, es diferente de la experiencia en las técnicas y las artes, donde son muy pocos los que poseen las distintas capacidades.

En consonancia con estas bases teóricas, la democracia se convierte en la forma de gobierno y de organización social más acorde con la experiencia formadora de la especie humana y su doble proceso de hominización y humanización.

Esta teoría, en el mundo griego, tuvo un efecto demoledor para algunos de los marcadores vigentes en su época, que dividían y fragmentaban la humanidad, como son:

• La frontera entre sabios e ignorantes, al afirmar que todos los hombres son sabios, e incluso que la multitud, los denostados polloí de Sócrates y Platón, se equivocan menos que los expertos individuales.

• La frontera entre ricos y pobres también se conmueve, no solo por el acceso que se les reconoce a los pobres a las magistraturas, con el consiguiente salario, sino también por el acceso a medidas de protección para los desfavorecidos instituídas por la democracia.

• La frontera entre libres y esclavos, aunque se muestra más resistente, por constituir la base económica de la sociedad escravista, se debilita, como lo prueba un texto de Alcidimante (escrito alrededor del 360 la.C.), discípulo de Gorgias, en el que podemos leer la primera sentencia explícita contra la esclavitud: "Dios creó la todos los hombres libres; la naturaleza no hizo a nadie esclavo".

• La frontera más firme de todas, la que se da entre hombres y mujeres, la base de la sociedad patriarcal, comenzó también a ser cuestionada, al surgir un notable movimiento de emancipación femenina que, por desgracia, rematado el tiempo de las ciudades democráticas, cayó en el olvido.
  

Emigrantes, refugiados y terroristas

Ángeles Díez es profesora de sociología en la Universidad Complutense. Dentro de la XXXVI Semana Galega de Filosofía pronunció esta conferencia. Traduzco del gallego el texto introductorio.

Tres consignas de la propaganda de guerra

El 18 de marzo de 2016, los veintiocho miembros europeos ratificaron por unanimidad el acuerdo firmado por Alemania y Turquía para la expulsión de refugiados. En junio de 2008, el Parlamento Europeo ya aprobó una directiva que permitía la detención durante dieciocho meses de emigrantes "no oficiales", incluida la deportación de menores a países distintos del origen. Pero años antes, en 2005, ya se había cread Frontex, la agencia europea de gestión de fronteras. Después de los ataques a París, Francia suspendió el acuerdo de Schengen, aumentó el presupuesto policial y militar y lanzó una ley para permitir el espionaje telefónico y el control de Internet como una especie de Patriot Act europea.

Todas estas políticas y leyes europeas deben entenderse dentro de la lógica de la guerra mundo en la que estamos inmersos. Son políticas que, al tiempo que ocultan las verdaderas causas de las emigraciones masivas y los ataques terroristas, justifican las medidas totalitarias que restringen nuestros derechos y nos deshumanizan.

La política exterior europea hacia Oriente, África y América Latina no es más que la continuación de la política imperial que desde la Segunda Guerra Mundial está hegemonizada por los Estados Unidos. Es una guerra de recolonización en la que hay intereses particulares, por ejemplo, de Francia en África o de España en América Latina, y reparto de papeles: a veces interviene la OTAN, otras son una coalición internacional, pero en la que no hay grandes discrepancias. La nueva fase de expansión y acumulación de capital a escala planetaria se hace mediante la guerra, llevando el conflicto armado a aquellos lugares en el planeta donde corren peligro sus intereses económicos (petróleo, dólar, corporaciones financieras, comunicaciones…) o donde encuentran resistencia de gobiernos o pueblos que defienden su soberanía. Las formas de guerra contemporánea son diversas y más complejas, incluyen todas las formas de guerra anteriores y desarrollan nuevos métodos de intervención (golpes parlamentarios, golpes blandos, ejércitos interpuestos, operaciones encubiertas, guerra económica, bloqueos, etc.).

También se ha transformado la propaganda de guerra, adaptándose a nuevas sensibilidades y nuevas herramientas tecnológicas. Se han sofisticado los mecanismos de influencia y manipulación, apoyándose en una base ideológica y cultural crecientemente reaccionaria que realimenta el mito de la superioridad de la civilización occidental.

Si la guerra es el acontecimiento espectacular por excelencia, el que capta mejor las emociones, lo que más conmueve y más nos desarma, lo que nos deja inermes y dispuestos a aceptar cualquier medida por inútil o aberrante que sea, la emigración, con miles de seres humanos que arriesgan sus vidas para sobrevivir, es la imagen contemporánea más útil para el sistema actual de propaganda de guerra; es la imagen que mejor capta el sentimiento de amenaza. Representa la pesadilla de las "invasiones bárbaras" que justificarán las medidas más brutales del Occidente desarrollado hacia el interior y el exterior de sus fronteras.

Los caparazones del imperio americano

Mostrando una salud de hierro, acaba de celebrarse en Pontevedra, por trigésimo sexta vez, la Semana Galega de Filosofía. El tema elegido en esta ocasión como eje temático ha sido "Filosofía e Fronteira". Un tema para hacernos pensar, como todos los que ha planteado la Semana en su larga trayectoria. Si el año pasado nos ocupábamos de las amenazas sobre "lo común", la alarma salta ahora ante el auge de las barreras fronterizas, tanto físicas como administrativas, tan fáciles de atravesar para los capitales y sus dueños como difíciles de franquear para tanta gente a los que les va en ello la vida y no la capacidad de acumular.

Esta crisis que muchos tememos terminal (y esperemos que lo sea únicamente  para el modo de producción capitalista en esta su fase más depredadora) aconsejaba ocuparse de ellas.

Las fronteras que limitan estados existen como una separación más entre personas y entre colectivos, y no tendrían razón de ser sin la existencia de otros muchos límites. Al igual que una membrana semipermeable deja pasar un disolvente en una sola dirección cuando a ambos lados de la misma las concentraciones de la sustancia disuelta son diferentes, los límites entre personas o colectividades crean flujos direccionales. Dejan pasar a unos y se lo impiden a otros.

Fronteras que separan países, pero también fronteras de clase, de género, de raza, cultura o lengua; de riqueza, en suma. Entre naciones o dentro de cada nación, de cada ciudad; de cada casa, incluso.

El límite puede ser fijo o móvil, transparente o infranqueable. La frontera como límite puede plantearse como defensiva o expansiva. Los imperios se construyen con fronteras en movimiento. El Limes romano o la Gran Muralla fueron límites físicos defensivos, estabilizados cuando llegó a "su límite" la frontera en expansión.

El Imperio Americano es el imperio de nuestros días. En su crecimiento desde las trece colonias originales dio a la frontera el sentido de superación incesante de los límites. "La Frontera" era el Lejano Oeste de las películas. Para los norteamericanos, la expansión infinita se convirtió no solo en una aspiración física sino en un ideal metafísico: su destino manifiesto. La Nueva Frontera de John F. Kennedy fue una marca de los programas nacionales y extranjeros durante su administración:

"Hoy nos encontramos al borde de una Nueva Frontera: la frontera de la década de 1960, la frontera de las oportunidades y peligros desconocidos, la frontera de las esperanzas no cubiertas y las amenazas sin cubrir. ... Más allá de esa frontera hay áreas desconocidas de ciencia y espacio, problemas no resueltos de paz y guerra, problemas no conquistados de ignorancia y prejuicio, preguntas sin respuesta de pobreza y excedente."

Aunque planteara el futuro como un viaje a parajes desconocidos, el mensaje envolvía una esperanza ilusionante. Ahora no resulta tan fácil mantener ese entusiasmo expansivo. Suena a hueco, pero se sigue utilizando como consigna propagandística.

Es difícil separar las realidades materiales de sus correlatos ideológicos. Para eso hace falta un sentido crítico que desmitifique creencias fuertemente arraigadas en el inconsciente colectivo.

Frontera de Mexico con Estados Unidos

Ellos y nosotros. La frontera separa un "nosotros" compartido de los "ellos" de que como poco se desconfía. La pertenencia se enfrenta a la extrañeza, a  la extranjería.

Vivimos encapsulados en caparazones. El urbanismo ha teorizado sobre esto. El primero es la piel, seguida del vestido, el gesto inmediato, el alcance de la mano, de la vista, de la voz. Así se van marcando distancias entre el yo y el entorno. Inevitablemente, en algún momento estos caparazones dejan de pertenecerme en exclusiva y han de ser compartidos con "el otro". Frente a los más extraños aparece el nos-otros. La arquitectura y el urbanismo saben mucho de eso, y así hay espacios más o menos públicos, más o menos privados, en la casa, el barrio, la ciudad, el paisaje... pudiéndose extender hasta lo que, un tanto poéticamente, se ha llamado "el vasto mundo". 

Las distancias en un principio las marcaban el tiempo de los recorridos y el alcance de los medios de comunicación. Hoy la tecnología ha distorsionado tiempo y comunicación. Lo próximo en el espacio puede resultar lejano en el tiempo, y viceversa.

Si esto ocurre en el mundo material, tanto o más profundamente se manifiesta en los mundos imaginarios, pero no por eso menos reales, de lo virtual. Y en el mundo un tanto performativo de las ideas. Enunciados que acaban convertidos en realidades, como demuestra el poder de las encuestas para contribuir a conformar mayorías parlamentarias.

Cada grupo humano, a grandes rasgos, marca su territorio. El territorio del poder por excelencia es el Estado, y los estados más poderosos son los imperios.

Sin ser omnipotente, el imperio estructura todo lo que contiene. También las ideas dominantes y el imaginario colectivo. En algunos campos se extiende más allá de sus fronteras convencionales, en otros no llega siquiera hasta ellas. Por eso importa pararse a ver los sucesivos caparazones del imperio de nuestros días, alguno de los cuales tiene alcance mundial. Esta extension imperfecta e irregular dificulta percibirlos correctamente.

El caparazón más amplio es el económico. Tiene alcance mundial. Al dominio del dólar como referente universal del dinero, propiciado por tres instituciones a su servicio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, se unió su desconexión del oro como garantía. Es la moneda en que se compra y vende el petróleo, y ya hemos visto como reacciona el país emisor cuando algún otro intenta sustituirlo por otra divisa. Para ellos los pagos son cuestión de imprenta. Aunque eso también tiene sus limitaciones, y quienes pueden hacerlo tratan de deshacerse de esa dependencia, que les da la capacidad de imponer sanciones y hundir economías.

La verdadera frontera de los Estados Unidos es la militar. Ningún país con soldados norteamericanos establecidos regularmente en su territorio puede ser considerado independiente. La frontera real del imperio es mucho mayor que la oficial, y países como el nuestro no pueden ser realmente independientes. Podría usarse sin exagerar el término colonial de protectorado para definirlos.

Estamos acostumbrados a considerar que un país está ocupado cuando vemos en sus calles soldados extranjeros armados controlando a la gente. Pero eso solo ocurre donde y cuando es estrictamente necesario. Por eso no nos damos cuenta de que soportamos una ocupación. Digámoslo alto y claro: España forma parte del Imperio Americano.

Si formalmente Estados Unidos tiene su propio ejército, como imperio es la OTAN su auténtica fuerza militar. Es absoluto su control sobre la organización. Pero ni siquiera necesitan de ella en todos los casos: Franco era demasiado fascista para ser admitido, y les cedió bases de enorme valor estratégico. Desaparecido el dictador, la entrada en el aparato militar era casi inevitable. El chantaje ejercido para lograrlo lo confiesa ahora José Manuel Otero Novas, que fue mano derecha de Adolfo Suárez, en 'Lo que yo viví. Memorias políticas y reflexiones'. Dice el que fuera entonces ministro de la Presidencia: "Estados Unidos nos envió el mensaje de que si no entrábamos en la OTAN se harían con Canarias".

¿Es Corea del Sur un país ocupado? Desde el armisticio que puso fin a la guerra se ha convertido en una potencia industrial. Corea del Norte, en cambio, es mucho más pobre. Pero el norte no está ocupado por ninguna potencia extranjera. Los coreanos desean poner fin a su separación. Han iniciado conversaciones para propiciar un acercamiento. ¿Quién puede estar interesado en que las conversaciones no prosperen sino la potencia ocupante?

El deseo de los coreanos se ha hecho patente el pasado sábado, cuando en una cadena humana de 500 kilómetros casi medio millón de personas se tomaron de las manos en Corea del Sur para conmemorar la reunión del 27 de abril de 2018 entre los líderes de ambas Coreas. Pero no es fácil escapar de este caparazón militar.

 Cadena humana en la frontera entre ambas Coreas

El caparazón ideológico es mucho más difuso pero no menos envolvente. Bastará un ejemplo. Aunque nunca conocimos casi nada de las músicas de Oriente, sí era habitual, hace muchos años, la presencia en radio y televisión de música sudamericana, francesa o italiana. Ahora es absoluto el predominio de la actualidad musical de Estados Unidos.

Y es asfixiante la propaganda imperial en los medios de información. Tanto que sus criterios pasan ya a formar parte de un cierto "sentido común".

Nos quedan las redes, pero nos atrapan en círculos muy cerrados. Porque los algoritmos que emplean te ofrecen siempre lo que deseas ver u oír. Acabamos hablando entre nosotros, y lo mismo hacen los fieles de todas las capillas posibles. Así que la difusión de ideas fuera de esos círculos se hace muy difícil. Límites: fronteras.

Una vez más, fronteras. Fronteras que contienen fronteras, y más fronteras...

"Nosotros" y "ellos". Separados.

¿Y quiénes somos "nosotros"?