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sábado, 18 de septiembre de 2021

La Rendición de Breda

Nuevamente, QPH radio ha puesto voz a unos comentarios míos sobre un cuadro velazqueño. Continúa así la serie de colaboraciones que comencé con La Fragua de Vulcano.

Más que hacer una crítica de arte, me interesa el análisis socio-psicológico de las situaciones representadas en estos cuadros. El artista revela en ellos muchas cosas sobre lo que expone, pero quizá mucho más sobre la personalidad del propio Velázquez.



La Rendición de Breda

Para celebrar una de las efímeras victorias de la guerra de Flandes, le fue encargado a Velázquez un cuadro de circunstancias. Y lo resolvió con una de sus composiciones más raras, un esquema insólito para la época. Y hay en la pintura muchas otras cosas, que darían para hablar de ellas durante horas.

No conozco ningún otro cuadro suyo, ni de otros contemporáneos, que se pueda descomponer tan claramente en tres. Al primer golpe de vista, se destacan tres rectángulos, que, siguiendo la doctrina militar sobre los elementos del combate, podríamos titular como “hombre, armamento y terreno”. El hombre ocupa los tres quintos del cuadro, pero en la franja superior el armamento victorioso roba dos quintos de protagonismo al terreno en que se desarrolló la batalla.

Hay por lo tanto tres cuadros en uno. El convencional, en el que un conjunto variopinto de personajes no hacen demasiado caso al momento histórico y el gesto caballeresco. El paisajístico, que sitúa la escena. Y el tempranamente abstracto de las lanzas victoriosas, en el que un imposible paralelismo es disimulado por dos que no mantienen la vertical. ¿Sería creíble la perfecta disposición de todas? Y en sentido contrario, ¿sería la natural disposición caótica expresiva de una victoria militar?

En La Fragua de Vulcano cada personaje mantiene un complejo diálogo psicológico con los demás. Aquí solo hablan los generales, cuyos rostros ocupan el centro exacto del cuadro. Velázquez, como sabemos, establece numerosas disposiciones dialógicas (“dialécticas”) entre sus personajes. Lo hizo en La Fragua, también en Las Meninas, con relaciones de armonía (las dos solícitas damas con la infanta), o de contraste (la belleza de esta, contrapuesta a la grotesca figura de la enana Mari Bárbola); y sobrevolando sobre la obra, su propia efigie contemplativa los juzga a todos.

En Las Lanzas hay contraposiciones, como los armamentos dispares de vencedores y vencidos, o sus figuras: los unos, cansados; orgullosamente indiferentes los otros. Los únicos que interactúan son el vencedor y el vencido ¿Se comunicarán también los dos caballos enfrentados, ajenos a las disputas entre los hombres?

Se ha discutido si el hombre que asoma aislado en el extremo derecho del cuadro es el propio Velázquez. Contra esta hipótesis se argumenta que no parece posible que tuviera la osadía de incluirse en un cuadro oficial sobre una guerra en la que, además, no estuvo. Pero sabemos de su relación estrecha, casi familiar, con el rey Felipe IV, que no sólo lo hizo caballero sino que tras su muerte hizo pintar en su pecho la cruz de Santiago. Si se podía permitir el protagonismo inquisitivo en una escena de la familia real, ¿por qué no iba a hacerlo en este cuadro, siempre en su papel de observador sagaz e independiente?

Se ha escrito mucho sobre la geometría de sus composiciones, diagonales barrocas, círculos de personajes y masas de color; los detalles que resolvían dificultades estructurales, llenaban vacíos y equilibraban masas. Pero a mí me gusta más destacarlo como el juez benevolente de una época, más indulgente con la corte de lo que luego fue el mordaz Goya. Velázquez psicólogo, que analizó a los retratados y se autoanalizó él mismo.

Sus autorretratos no son tan numerosos como los del otro gran psicólogo que fue Rembrandt, pero a Rembrandt no le robaron tanto tiempo los compromisos cortesanos. No podemos seguir a través de los escasos del sevillano su trayectoria vital, como sí lo hacemos con el gran neerlandés. Pero cada artista se retrata a sí mismo en su obra.

sábado, 10 de julio de 2021

La Fragua de Vulcano

Mi querido primo Federico Fernández Porredón, ecijano como yo de nación, pero tan canario de adopción como yo gallego, y desde luego mucho mejor astrónomo que yo, me propuso colaborar en la página audiovisual canaria QPH radio para hacer una crítica de arte. En mi vida me he visto en tal aprieto; burla burlando, va esta por delante.

Burla burlando, porque en ella he querido destacar aspectos sin duda humorísticos que hay en este cuadro. Encontraréis la audición, leída por Tomás Delgado Medinilla, que la interpreta con admirable prosodia, en este enlace.

Antes de empezar, fijaos en los personajes y preguntaos ¿en qué estarían pensando?



Presentación

  Ecijano de nación, desterrado a Madrid a los diez años, lleva cerca de medio siglo acomodado en Pontevedra. Fue arquitecto en ejercicio y acabó abandonando la profesión por la enseñanza. Ahora es profesor jubilado de la Universidad de Vigo. Autor de algunas casas, dos hijos (en colaboración), tres libros y una tesis doctoral, también plantó una vez un árbol. Otros muchos proyectos se perdieron por el camino.

  Su preocupación política viene de tiempos tormentosos y llega a estos, por lo menos encapotados, y persiste erre que erre, aunque con modestas actividades prácticas. Publica un blog, esencial o menos, en que ha querido tratar de lo divino y lo humano. Allí ha dejado sus escritos, principalmente sobre geometría y diseño, pero también comentarios sobre literatura y humanidades. A día de hoy lo llenan casi en exclusiva sus preocupaciones sobre el futuro, probablemente imperfecto, de la humanidad, convencido de que el cambio climático y la crisis de la energía y los recursos frenarán sin remedio el incierto “crecimiento sostenible”.

  Cuando se tercia participa en charlas y debates sobre lo que le echen, y espera que la “nueva anormalidad” lo permita pronto. 

  Se propone colaborar en este medio, tratando un tema mucho más divertido.


La fragua de Vulcano

Buenos días. Para inaugurar esta sección divulgativa estuve pensando en cuadros que ya han sido estudiados hasta la saciedad. El primero que se me ocurrió fueron Las Meninas. Hay magníficos ejemplos de análisis de esta obra, muchos de los cuales podéis encontrar en Internet, y otros menos conocidos, como el de mi amigo y colega José Roselló Valle. También el Guernica de Picasso ha sido estudiado y explicado a exhaustivamente.

Entonces, al volver a las Meninas como referencia, pensé en otras obras de Velázquez. ¿Qué tienen en común, qué las hace únicas?

Una característica del arte español, desde el Renacimiento, es el realismo. Frente a composiciones fantásticas o enfáticas del arte de otros países, lo que aparece en los cuadros podría ser una escena cotidiana, detenida en el tiempo.

Eso, que en cuadros de Velázquez como el citado, Las Meninas, fija un momento sin especial grandilocuencia, lo encontramos en sus obras mitológicas, en las que lo sobrenatural se desplaza a un segundo plano, si es que lo hace, como ocurre en Las Hilanderas.

Los  Borrachos, por ejemplo, transforman la fiesta divina en una alegre sesión de copas, como diríamos hoy. Y en ocasiones, un fino análisis psicológico desplaza el tema trascendente y nos hace interesarnos por la actitud de los personajes, más que por el relato mitológico.

Esto es lo que ocurre con La Fragua de Vulcano. Apolo se presenta cuando el dios del fuego está en plena faena, y sin discreción alguna le cuenta un chisme en presencia de todo su equipo de obreros. “Venus, tu mujer, te está poniendo los cuernos: te la pega con Marte, que es mucho más guapo que tú”.

El único personaje de toda la escena con un halo de divinidad, la única referencia fantástica, es Apolo. Los demás son hombres vulgares, incluyendo al desgraciado herrero, tan poco divino, que sin duda es en la escena el que tiene literalmente la sartén por el mango.

Está claro que el momento es explosivo, pero todavía no se ha producido la deflagración. Aunque la cara del patrón lo dice todo, mucho más nos expresa la de sus ayudantes. ¡La que se va a armar aquí!

El cabronazo de Apolo los coge a todos en plena faena. La instantánea fija a Vulcano en la tarea principal, mientras los demás están en las suyas. Dos, con martillos, golpearán alternativamente con el jefe el hierro caliente, otro corta metal, y al fondo un cuarto se supone que activa el fuelle. El que, de perfil, es la réplica asustada del tranquilo dios que tiene enfrente, exhibe una mezcla de estupor y verdadero miedo. El más alejado, y por ello menos expuesto a la que se va a armar, mira la escena desde su confortable distancia, con un gesto que, aunque velado, podría parecer de guasa, como el de los asistentes a un reality show televisivo.

La estudiadísima composición enfrenta a dos grupos. Es un escenario en que por la izquierda entra Apolo, todo un grupo en sí mismo con su majestuosa autoridad, y a la derecha lo recibe el grupo humano o humanizado, como ocurre en el teatro o en el cine. Entrando, la divina aparición, a la espera, el mundo terrenal. Una tira estrecha de fantasía mitológica, pretexto para explicar la situación.

Hasta la carne del bello dios es diferente, y sólo tras él vemos el cielo. La cuadrada parte derecha fija una escena terrenal de un realismo asombroso, que sin embargo, de cortar la parte izquierda, nos dejaría intrigadísimos: ¿”qué está pasando aquí, y por qué”? Hay toda una dialéctica entre ambas partes, porque ninguna tendría sentido sin su opuesta.

Realismo dialéctico a ultranza que se refleja en los objetos materiales: el óxido y el brillo se alternan en los yunques, triunfa el último en la pieza de armadura que recorta el personaje de la derecha, vencen el polvo y el óxido en el resto de la escena. Como en Las Meninas, un fondo oscurecido y difuminado permite, dialéctica otra vez, que las figuras y sus expresiones dominen la escena.

Y como en Las Meninas, Las Hilanderas o los cuadros tempranos del autor, algo importante está ocurriendo al fondo del cuadro, aunque aquí sea solo la presencia morbosa del espectador del reality…

viernes, 18 de octubre de 2019

Sostenibilidad, suelo y territorio

Acaba de publicarse el número 244 de Nuestra Bandera, la revista de debate que edita el Partido Comunista de España, dedicado a la búsqueda de respuestas a la crisis ecosocial ("crisis total", habrá que decir, sin que nos engañe la precaria estabilidad en que aún vivimos), que aquí se aborda desde una óptica anticapitalista, ecologista y feminista.

Colaboran en este número autores bien conocidos por su constante preocupación y búsqueda de alternativas, como Yayo Herrero, Joaquim Sempere, Manuel Peña-Rey, Carmen Madorrán, Pedro Marset, Salvador López Arnal, José Sarrión, Higinio Polo o Jorge Riechmann, por citar solo a algunos.

Se incluyen algunas reflexiones mías sobre el tema que tanto nos preocupa a tantos y del que tantos ignoran tanto, aunque muchos lo entienden en el fondo y prefieren no saber, apostando por quiméricas soluciones tecnológicas o por un epitáfico "no hay solución".

Para el número 242 de la misma revista escribí una breve reseña sobre el urbanismo en España. Señalaba la propiedad privada del suelo como causa principal del desorden y la corrupción reinante. Pero la escala no es solamente la de las estructuras urbanas. El planeta entero ha sido ocupado, un nuevo ecosistema global amenaza a todos los que conviven con él, y al final a su propia supervivencia.

No existen ecosistemas aislados. Todo está incluido en todo. La realidad la forma una inextricable maraña de relaciones. Por eso no se puede separar la sociedad de la naturaleza, como hacemos muchas veces, sobre todo cuando una sociedad pretende engullir lo que la sustenta. A estas alturas, todo está humanizado, y solo salvando ese todo puede salvarse la humanidad.

Lo que la isla de Cortegada me enseñó es que, aunque jamás podremos devolver un ecosistema a su estadio original, bastaría con "dejarlo en paz" para que se regenere, siempre desde un nuevo punto de partida.





Sostenibilidad, suelo y territorio
Juan José Guirado

Hace unos días tuve ocasión de conocer la isla de Cortegada. Está situada en la ría de Arousa, frente a la localidad de Carril. Hasta hace un siglo estuvo habitada, pero sus pobladores no eran propietarios, sino foreros (a censo perpetuo) que pagaban rentas al Pazo da Golpelleira; así que fueron fácilmente desplazados para hacer un regalo al rey Alfonso XIII. Se llegó a diseñar un palacio de verano para él, pero prefirió establecer su residencia estival  en Santander, y la isla ha permanecido desierta durante más de un siglo.

Estuvo a punto de convertirse en una urbanización de lujo, comunicada con la tierra firme por un puente, porque, heredada por Don Juan de Borbón, fue luego vendida a una sociedad constituida para la ocasión. Al no obtener permiso, exigieron los especuladores una indemnización prohibitiva (¡200 veces superior a lo pagado por ellos!) si eran expropiados. La situación se ha resuelto con la declaración de parque natural primero, y la incorporación luego al Parque Nacional de las Islas Atlánticas.

Esta historia es un ejemplo más del carácter ficticio, pero de efectos muy reales, del “valor” que otorgan a los suelos las decisiones administrativas sobre su uso.

El caso es que durante más de cien años la isla ha permanecido despoblada y la naturaleza ha recobrado el dominio, mostrando su gran capacidad de regeneración. Hoy es en su totalidad bosque, aunque las especies que han proliferado descienden de las llevadas por sus anteriores habitantes. Son formaciones muy uniformes, con tres grandes agrupaciones, robledal, pinar y uno de los mayores bosques de laurel de Europa.

Los bosques primarios están desapareciendo a toda velocidad. Hace ocho o diez millones de años cubrían la mitad de la superficie emergida. Actualmente queda una quinta parte, y su superficie disminuye cada año. La explotación forestal es una de las causas, pero no la única. Se eliminan a diario grandes extensiones de bosques para dedicarlos a pastos, cultivos de soja o palma, minas a cielo abierto, petróleo de esquisto o arenas asfálticas, por no hablar de las grandes obras hidráulicas y las vías de comunicación que los trocean. Las bárbaras políticas neoliberales de gobiernos como el de Bolsonaro en Brasil están acelerando un proceso que es irreversible. Nunca se volverá a la situación original.

Alegrémonos, de todas formas, de la capacidad de regeneración de la naturaleza en cuanto la dejan descansar, como muestra la pequeña isla de Cortegada.

La superficie de la Tierra está casi totalmente humanizada. Apenas  hay paisajes que puedan llamarse naturales, y la mayoría de ellos son desiertos de arena o hielo. El proceso ha sido parejo a la hominización.

Durante la mayor parte de la existencia humana la integración en los ciclos de la naturaleza fue total. Pequeñas bandas de cazadores-recolectores, cuya vida no era distinta de la de otras especies de mamíferos depredadores, no ponían en riesgo el equilibrio planetario, como tampoco lo hacen los pocos que practican aún esta forma de subsistencia en lugares remotos. La experiencia los hacía conscientes de la necesidad de limitar el despojo, porque a la desaparición de sus fuentes de alimento seguiría la suya propia. Aun así, la expansión por toda la Tierra y las situaciones límite a que hubieron  de enfrentarse, unida a la invención de técnicas de caza colaborativas y eficaces, ocasionaron la desaparición de muchas especies según iban llegando a sus hábitats los humanos.

Cuando la recolección directa fue sustituida por la horticultura y la caza por la domesticación aparecieron asentamientos permanentes, y alrededor de ellos el paisaje se transformó por completo. El paso a la agricultura y la ganadería a mayor escala facilitaron el aumento de las poblaciones, que como manchas de aceite fueron usurpando porciones cada vez mayores de tierra virgen.

Una red de vías de comunicación fue dividiendo el territorio, y en sus márgenes el paisaje se transformó progresivamente.

Algunos primitivos actuales practican todavía una agricultura de roza. Queman una porción de bosque y allí cultivan hasta que la tierra deja de ser productiva. Entonces emigran a otro lugar y repiten el proceso. Al ser grupos pequeños y aislados el bosque se regenera tras su paso. Se crea así un ciclo que permite reproducirse al paisaje natural, aunque ya no sea el primigenio.

También la ganadería nómada es un modo de vida estable, pero ha modificado el territorio sin lugar a dudas.

Las civilizaciones anteriores, aunque fueron modelando el planeta a su medida, mantuvieron durante tiempo cierto equilibrio con la naturaleza. Las que sobrepasaron sus límites lo pagaron con su desaparición. Parece una constante histórica, heredada en nuestro caso de la historia natural, en la cual se suceden cíclicamente el apogeo y la decadencia de depredadores y presas. La diferencia está en que se repiten indefinidamente los ciclos vitales, cosa que en nuestro caso, en los tiempos actuales, es mucho menos segura.

El elemento clave en todos estos procesos es el territorio como soporte de todos los elementos de la vida. Mientras existe en cantidad prácticamente ilimitada no constituye un bien económico, susceptible de acaparamiento, como no lo es el aire (actualmente pocas cosas más). Los límites aparecen en relación con los usos posibles y la cantidad de usuarios potenciales. Si los animales en libertad marcan su territorio frente al de posibles competidores, el territorio de la humanidad es el planeta entero. Y no hay más que uno.

No es de extrañar que los usos posibles entren en conflicto, como lo hacen los potenciales usuarios. Conforme los terrenos han sido conquistados para uso humano han surgido normativas (siempre conflictivas) para su apropiación, utilización y reparto. De grandes guerras a pequeños litigios sobre los lindes de las parcelas, el conflicto y los intentos de superación normativa han sido constantes. La desigualdad en el valor del suelo, sea por su riqueza en recursos o simplemente por su situación, se une a la desigualdad entre humanos, comenzando por la titularidad. La lucha de clases comienza siempre entre poseedores y desposeídos de los medios de producción, convertidos en medios de explotación. Y el primero es el suelo.

El suelo existe en dos dimensiones, pero sus usos aparecen con la tercera. En una primera fase se reparte la superficie en parcelas discontinuas, junto a un continuo de espacios sin titularidad, públicos por lo tanto. Toda parcela privada necesita un derecho de acceso, que normalmente se ejerce desde ese continuo de suelo común. La estructura de todos los poblamientos, sean aldeas o metrópolis, obedece a este esquema primario. La colmatación produce una estructura en red.

El hipotético dominio absoluto del suelo se ejercería sin límites sobre su superficie y bajo ella. En ambos casos, siguiendo un esquema geocéntrico, abarcaría el subsuelo hasta el mismo centro de la Tierra y el vuelo hasta el espacio infinito. Los límites reales de acceso impiden pasar de la corteza más superficial y, hasta tiempos recientes, superar la altura permitida por las técnicas edificatorias (desde que existen aparatos voladores, el conflicto de usos se extiende mucho más arriba).

Hay toda una jerarquía de dominios sobre el suelo, que limitan esos usos para posibilitar una mínima convivencia alejándose de ese ideal de propiedad absoluta. Los Estados y otras formas de organización social regulan los usos. Basta imaginar que cada propietario quisiera rellenar por completo su parcela con un rascacielos. Nueva York planificó en su momento su superficie con una parcelación racional, creando una trama muy bien ordenada, incluyendo el gran acierto del Central Park. En altura la cosa fue muy diferente, hasta que en 1916 no hubo más remedio que adoptar una Ley de Zonas, intentando evitar en el futuro que edificios como el entonces recién construido Equitable Building (el nombre, evidentemente, no hace a la cosa) ocultaran la luz y el aire a sus calles.

Si a escala urbana es necesario ordenar el suelo y regular su uso lo mismo pasa con todas las escalas territoriales. Como en las ciudades, los más poderosos imponen sus intereses, de ordinario buscando beneficios inmediatos, o siguiendo estrategias de dominación a más largo plazo. En pocas ocasiones obedecen a un “interés general” que sin embargo es la fachada que oculta sus fines.

Extraer ese “interés general” de la maraña de intereses particulares enfrentados es tarea ardua, siempre conflictiva. Las posiciones desiguales son el motor de las luchas. Desigualdades en el seno de cualquier grupo, que por lo tanto se manifiestan a todas las escalas en que se agrupan (y por ello mismo se segregan) los seres humanos. La omnipresente lucha de clases no siempre muestra su verdadera cara, porque la ocultan una infinidad de velos. Los individuos se autoidentifican a través de culturas, religiones, nacionalidades, ideologías diversas, pero en general todas estas características tienden a la segregación territorial. Del barrio al imperio, todos nos situamos en algún lugar que tendencialmente nos clasifica. Y dentro de todos ellos la tendencia es la segregación de clase entre poseedores y desposeídos, enmascarada por diferencias superficiales como la raza o la nación (pero ni Obama es un “negro” ni los sátrapas de Arabia son “moros”).

La que llamamos sostenibilidad se presenta desde muy diferentes perspectivas situacionales, de clase o de país. Se sostiene lo que no se cae, y si las caídas se producen en el espacio, sus dinámicas se desarrollan en el tiempo.
En el tiempo se han producido las transformaciones seculares que hemos causado en la naturaleza, acomodándola a nuestros intereses, particulares o de grupo. Las transformaciones se han producido de modo cuasi equilibrado, pero el motor siempre es la pérdida del equilibrio, menos estable de lo que piensan sus protagonistas. Cada nación y cada clase social han interpretado el equilibrio a su conveniencia. La dinámica se fue acelerando, primero de modo imperceptible, más tarde evidente, y ha desembocado en el modo de producción capitalista. A la reproducción simple sucedió obligadamente la reproducción ampliada del capital. Reproducción sin límite. Pero los límites existen, son sobre todo límites territoriales que hoy son planetarios.

Esta lógica de reproducción ampliada cristalizó en el concepto de “progreso”, que es hasta ahora mismo el soporte ideológico tanto del capitalismo como del socialismo. Esta metáfora de Campoamor lo define perfectamente:

–¡Alto el tren!
–Parar no puede.
–Ese tren ¿a dónde va?
–Por el mundo caminando, en busca del ideal.
–¿Cómo se llama?
–Progreso.
–¿Quién va en él?
–La Humanidad.
–¿Quién lo dirige?
–Dios mismo.
–¿Cuándo parará?
–Jamás.

Ese “jamás” es hoy más problemático que nunca.

Comparada esa dinámica con la mecánica de fluidos, podemos decir que la aceleración continua de los procesos hace pasar del régimen laminar al turbulento, y del orden al caos. Las salidas tradicionales hacia “nuevos mundos” se han cerrado. Poner rumbo al Polo Norte (que no es más que un punto) no nos salvará del cambio climático, y la huida hacia otros planetas es una quimera, cuando se nos acaba la materia prima para escapar. Necesariamente hay que resolver los problemas aquí (¡y ahora!).

Sin menospreciar el papel imprescindible de la ciencia y la técnica, las “soluciones tecnológicas” que algunos propugnan (interesadamente, las grandes empresas trasnacionales) conducen a problemas ampliados.

La única materia prima de que disponemos está en el suelo. En el suelo disponible. Que se empobrece a ojos vistas, y de muchas maneras. Ya Engels hacía notar cómo los sistemas de saneamiento urbano impedían el reciclado de la materia orgánica. Elementos imprescindibles para la vida escapan al océano. También la agricultura moderna, la llamada “revolución verde”, es insostenible tal como se plantea. El fósforo hay que robarlo en el Sáhara occidental, el nitrógeno, más allá del que proporcionan las leguminosas, a Chile. El petróleo (y también “comemos petróleo” a través de la agroindustria) a Venezuela y Oriente Próximo, las tierras raras, tan necesarias para la universalización de las nuevas tecnologías, a China (si se deja).

La única solución a este proceso desbocado está en aplicar el “freno de emergencia” del que hablara Walter Benjamin. Claro que para eso hace falta acabar con la lógica necesariamente crecentista del capitalismo, desbocada en esta su última fase neoliberal, de dominio financiero y tan imperialista como lo ha sido siempre.

Nos aguarda una inmensa labor de concienciación, dirigida en primer lugar a la clase obrera, la única que realmente produce y reproduce la sociedad. El decrecimiento está ya aquí, y las oligarquías tienen preparada su solución (¿”solución final”?).

viernes, 10 de mayo de 2019

Ley del Suelo, antes y después. ¿Y ahora qué?


Nuestra Bandera es una revista de debate político y teórico editada por el Partido Comunista de España. El número 242 está dedicado en su mayor parte al municipalismo como herramienta de transformación, coincidiendo con los cuarenta años de elecciones municipales democráticas y la próxima consulta del 26 de mayo.

En este último número aparece, con ligeras variantes, esta breve historia del planeamiento urbanístico en España, desde la primera Ley del Suelo elaborada en plena dictadura hasta la persistente crisis actual.

Sirva esta ilustración como símbolo de la batalla entre los árboles y las grúas.




Ley del Suelo, antes y después. ¿Y ahora qué?
Juan José Guirado

La ordenación de los asentamientos humanos ha sido siempre materia de regulación, desde que la aglomeración espontánea comenzó a requerir, para no colapsar, de medidas correctoras de las conductas individuales. Sin embargo, el tratamiento sistemático de la ordenación de todo el territorio de un país es mucho más reciente. Aunque su origen se halle en la experiencia de la revolución soviética, en occidente es un hecho mucho más reciente, en parte como respuesta a ese hecho, sin el cual no puede entenderse toda la historia posterior.
En España, la primera ley de este nombre se promulgó en plena dictadura, en 1956, y fue un paso muy importante para unificar criterios y normas de actuación urbanística, hasta entonces atomizados en ordenanzas municipales y planes decimonónicos de ensanche y reforma interior. Planes que eran específicos de cada ciudad, aunque con muchas similitudes.
Por esas fechas, la huida del campo a la ciudad empezaba a convertirse en desbandada. Un incipiente despegue industrial atraía a las ciudades a masas campesinas crecientemente empobrecidas. Las aglomeraciones informales de infraviviendas comenzaban a llenar las periferias. Esto obligaba a plantearse la necesidad de encauzar el crecimiento de los núcleos urbanos, más allá de los viejos planes de ensanche. Era imprescindible plantearse una metodología ordenada para modificar los usos del suelo.
El fenómeno migratorio no era nuevo, ni ha cesado donde se han dado condiciones similares. Las migraciones en busca de una vida mejor son de actualidad, tanto dentro de los países subdesarrollados como desde estos a los centrales.
Siempre ha habido dos modos de organizarse las aglomeraciones humanas, la espontánea y la planificada. Junto a las ciudades amuralladas crecieron los nuevos burgos, los focos de actividad en que comenzó el desarrollo de la moderna burguesía, sin que hubiera intervenido en su incipiente ordenación la autoridad intramuros.
Generalmente, un crecimiento espontáneo lento no ha sido conflictivo, pero en momentos en que se acelera se necesitan normativas reguladoras, hasta llegar a plantearse como necesidad que la expansión sea prevista y planificada.
Desde los comienzos del siglo XX, por no ir más atrás, los movimientos renovadores de la arquitectura se ocuparon del urbanismo, con planteamientos reformadores del hábitat que confundían efectos con causas. (Le Corbusier, en “arquitectura o revolución”, soñaba con lograr que el urbanismo redimiera a los oprimidos). Por el mismo tiempo, la Revolución de Octubre, con la construcción, no solo teórica, de la ciudad soviética, era un ejemplo de economía planificada, aplicada ante todo a la propiedad y usos del suelo, fuera de los dogmas del liberalismo.
Los fascismos de entreguerras adoptaron en parte la forma de actuar socialista y, como reacción defensiva de los dueños del capital, comenzaron a planificar muchos aspectos de la vida, procurando que no afectara, sino reforzara, sus derechos de propiedad.
Así, en plena guerra mundial, nace en Italia en 1942 la primera ley del suelo moderna. Según Fernando de Terán:
"...Se trata del primer texto de amplio enfoque general del problema urbanístico, donde el planeamiento tiene tratamiento protagonista. Toda la actividad urbanística debe estar realizada a través de un jerarquizado sistema de planes, acompañados de un conjunto de normas sobre la actividad constructiva…"
En España la legislación planificadora sobre el suelo fue impulsada por el arquitecto Pedro Bidagor desde la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Gobernación. Franco la apoyaba, a contrapelo de la Dirección General de Administración Local. Por el contrario, fue bien recibida en los ayuntamientos.
Entre los profesionales de la arquitectura, una minoría, incluso dentro del régimen, mantenía las ideas sobre arquitectura y urbanismo heredadas del movimiento moderno y del urbanismo socialista, pero la ley, como ocurrió en los demás fascismos de la época, favorecía con sus prácticas a los propietarios tanto de la tierra como del capital.
Esta Ley del Suelo y Ordenación Urbana pivota sobre el planeamiento, como herramienta fundamental, y limita profundamente el derecho absoluto a edificar, regulando los usos del suelo “conforme a la función social de la propiedad”. El dominio sobre el suelo dependerá desde entonces de su clasificación urbanística, se limitan sus usos y se imponen obligaciones que no dan lugar a indemnización.
Ninguna urbanización ni construcción será ya posible sin sujeción al planeamiento y autorización administrativa. Pero las plusvalías generadas por la actividad urbanística se reservan exclusivamente a los propietarios, sin participación social alguna. Como se ha visto en su aplicación y a través de sus sucesivas reformas, que nunca alteraron su esencia, se consagra en ella un capitalismo urbanístico al máximo nivel.

Regulaba el Régimen Urbanístico del suelo, considerando tres clases: urbano, aquel consolidado por la edificación o solamente urbanizado, para lo que debía contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, alcantarillado y suministro eléctrico; de reserva urbana, urbanizable mediante un plan parcial, y rústico, el resto del territorio municipal, edificable con un aprovechamiento de 1 m3 de volumen construido por cada 5 m2 de superficie.

El Suelo urbano y el de reserva urbana incluían el uso público (viales y plazas, parques y jardines, equipamientos) y edificación privada. El rústico se dividía en común y protegido. Se consideraban también normas para ligar la construcción al sistema agropecuario o limitar la segregación de parcelas.
Las figuras de planeamiento, los planes, estaban jerarquizados según su ámbito territorial. Plan nacional, planes provinciales, ninguno de los cuales llegó a ver la luz, y planes generales de ordenación, que podían ser municipales o comarcales. Los planes generales clasificaban todo el suelo de su ámbito, y son los únicos que llegaron a realizarse.
Además, se consideraban planes especiales, aplicables a casos muy concretos, como los conjuntos histórico-artísticos.
Descendiendo en jerarquía y aumentando en definición, los planes parciales regulaban de forma detallada la clasificación y uso del suelo de un sector. Su infraestructura y servicios debían ser desarrollados en un proyecto de urbanización.
Cuatro sistemas de actuación definía esta ley: expropiación, cooperación, cesión de viales y compensación. Los dos primeros reservados a la administración. La llamada cesión de viales por parte de los propietarios, que podía incluir también terrenos para parques y jardines, se premiaba con la posibilidad de construir en el suelo restante. En cuanto al sistema de compensación, la iniciativa pública, o la de un número suficiente de propietarios de la mayor parte del terreno, permitían crear una Junta de Compensación, figura con personalidad jurídica que realizaba la urbanización y repartía solidariamente los beneficios y cargas del planeamiento, pudiendo en su caso expropiar a aquellos que no se adhirieran a la junta. Y si era necesario, podían reparcelarse los terrenos, unificando las parcelas de un polígono y procediendo luego a una nueva división que compensara a todos los propietarios por igual.
Se establecía así un procedimiento igualitario para mantener la desigualdad inicial entre propietarios. El dueño de la mayoría de los terrenos era el más beneficiado por el proceso urbanizador. Y así ha seguido siendo a través de todas las sucesivas modificaciones de la ley, que siempre ha dejado fuera a los no propietarios de terrenos. Se pregonaba la “función social de la propiedad” siempre que no afectara a la propiedad socialmente consolidada.
Para la valoración de los suelos se establecían cuatro categorías, aplicables a cada una de sus clases. Valor inicial, para el rústico, expectante, para el de reserva urbana, urbanístico, para el suelo urbano en general, y el valor comercial aplicable a los cascos urbanos consolidados.
En 1975, en pleno proceso de transición política, se realizó la primera reforma de la ley, y el texto refundido de ambas se publicó al año siguiente. La ley reformada se desarrolló mediante varios reglamentos. Se mantuvo el de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares de 1964, y en 1978 se publicaron otros tres, el Reglamento de Planeamiento, el de Gestión Urbanística y el de Disciplina Urbanística.
De la simple clasificación se pasaba a la calificación del suelo. Se mantuvo la definición de suelo urbano, pero se añadió como tal el que tuviera un plan parcial aprobado. El suelo de reserva urbana pasó a ser suelo urbanizable, distinguiendo entre el programado, con plazos inmediatos de ejecución, y el no programado, reservado para desarrollarlo en el futuro por medio de Programas de Actuación Urbanística. El suelo rústico pasó a no urbanizable.
Siguiendo en parte las reformas políticas en curso, en el suelo urbano y el urbanizable se aumentaron los deberes de los propietarios de urbanizar y edificar, ampliando las cesiones de suelo para fines públicos. En suelo urbanizable se impuso la cesión del 10% del aprovechamiento medio. Con ello creció la participación de la comunidad en las plusvalías urbanas, intensificándose la aplicación del principio de reparto de beneficios y cargas, más allá de la mera reparcelación.
Se perfeccionaron los instrumentos de planeamiento, introduciendo la obligación de realizar un estudio económico y financiero.
Las ideas que sobrevolaban la reforma política influyeron sin duda en algunos puntos de la nueva legislación. Aún no se había abandonado la idea de planificación de amplios vuelos, y se mantuvo la intención proclamada de llevar a efecto el Plan Nacional de Ordenación. Los planes provinciales anteriores, sin embargo, flexibilizaron su ámbito, pudiendo ser también supraprovinciales y comarcales. Se veía venir el desarrollo del Estado de las Autonomías. Pasaron a llamarse Planes Directores Territoriales de Coordinación (esto era el célebre “pedete”, pronto volatilizado).
En adelante los Planes Generales Municipales se desarrollarán, según los casos, por medio de Planes Parciales, Planes Especiales, Programas de Actuación Urbanística o Estudios de Detalle.
Una novedad de la ley la constituyen las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento, instrumentos pensados para municipios pequeños, exentos de la necesidad de estudio económico.
De los sistemas de actuación desaparece el de cesión de viales, poco preciso. También se modifican las valoraciones. El pintoresco “valor expectante” desaparece, y quedan solo otros dos, el urbanístico y el inicial de los suelos no urbanizables.
En 1990, el gobierno de Felipe González promueve una nueva ley, que sin tocar los derechos sobre el suelo regula el paso de unas situaciones a otras, ligando los derechos al nivel de desarrollo, y da armas a la Administración para intervenir en su seguimiento. El proceso es como sigue.
Se adquiere el derecho a urbanizar al aprobarse el planeamiento que convierte el suelo rústico en urbanizable. El planeamiento municipal marca el aprovechamiento tipo, y una vez cumplidos los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los plazos fijados, el suelo urbanizable pasa a ser urbano y el propietario a tener derecho al aprovechamiento urbanístico señalado.
El derecho a edificar se adquiere luego con la licencia y cesa por caducidad si la edificación no se materializa en el plazo previsto. Ejecutada la obra de acuerdo con la licencia, se obtiene el derecho de uso.
El suelo no urbanizable y el urbanizable no programado no confieren ningún derecho a edificar. En el urbano y el urbanizable programado el valor inicial se altera necesariamente, por cuanto se acepta para ellos el valor de mercado. Se intenta corregir desequilibrios mediante las técnicas de aprovechamiento tipo y las transferencias de aprovechamientos urbanísticos. Una de las mayores concesiones a lo público es la cesión al municipio de al menos el 15% del aprovechamiento tipo (la práctica hizo luego que en muchos casos los ayuntamientos prefiriesen monetizar estas cesiones; obtuvieron más posibilidades de crear infraestructuras y servicios… en menos terreno).
Pero esta legislación que ordenaba el régimen del suelo de arriba abajo en todo el territorio tenía un talón de Aquiles: chocaba con la Constitución del Estado de las Autonomías, que incluía la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda entre las competencias de las Comunidades Autónomas. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 (¡casualmente ya en el primer gobierno de Aznar, y no antes!) daba la razón a los recursos de muchas Comunidades y desmantelaba la ley del anterior gobierno socialista.
El proceso especulativo ya en marcha adquiere a partir de entonces velocidad de vértigo. Con el pretexto de abaratar el suelo incrementando la oferta se elimina la diferencia entre el suelo urbanizable programado y el no programado. Ahora todo será urbanizable sin más. Se simplifica el procedimiento y se acorta además la tramitación. El neoliberalismo rampante pretende que el problema de la vivienda se resuelva dejando hacer.
Al año siguiente una nueva ley del suelo, que estuvo vigente hasta 2007, convierte en urbanizable aquel terreno que no sea declarado expresamente no urbanizable,
“por estar sometido a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público, o aquellos terrenos que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano”.
Ya no había que justificar la necesidad de urbanizar, era necesario demostrar en su caso por qué no se debía urbanizar. La intención declarada de abaratar el suelo aumentando enormemente su disponibilidad tuvo como efecto disponer de suelo barato para actuaciones especulativas caóticamente dispersas por el territorio, sin que los suelos verdaderamente caros bajaran de precio.

Se aumentó la protección de los derechos de los propietarios, indemnizándose los cambios de planeamiento que afectaran a licencias en vigor:
"...Cuando se produzca la anulación de una licencia, demora injustificada en su otorgamiento o su denegación improcedente, los perjudicados podrán reclamar de la administración el resarcimiento de los daños y perjuicios causados..."
Pese a ello, seguía tratándose de una legislación estatal. Nuevamente, en 2001, interviene el Tribunal Constitucional para derogarla parcialmente, por invadir competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Se reinterpretaron los artículos relativos a la clasificación de suelo como urbanizable, dando un margen muy amplio a las administraciones territoriales, en contradicción con los pretendidos efectos liberalizadores de la ley.

La vuelta al poder del PSOE trajo en 2007 otra nueva Ley del Suelo. Ahora ya no se intentó clasificarlo al margen de su situación real de rural y urbanizado. Serán en todo caso las Comunidades Autónomas las que puedan mantener la clasificación como suelo urbanizable y la posterior ejecución del planeamiento que así lo prevea, aunque solamente podrá “clasificarse como urbanizable el suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen”.

Con un modesto giro social, además de garantizar una cierta protección a los propietarios frente a los grandes promotores, ordena que las Administraciones reserven el 30% del suelo residencial de las nuevas unidades de actuación para viviendas sujetas a un régimen de protección pública, aunque excepcionalmente esta reserva pueda ser inferior.

En esto llegó, bruscamente, la crisis de las crisis. En 2009 el gobierno de Zapatero, para hacerle frente, quiso modernizar la economía en los campos financiero, empresarial y medioambiental. En este sentido se promulgó la Ley de Economía Sostenible en 2011. Su reglamento, sin embargo, no pudo ser aprobado hasta 2012, ya bajo el nuevo gobierno del Partido Popular.

No podía dejarse de lado el tema urbanístico, buscando, como no podía ser de otra manera, el ansiado “crecimiento sostenible”. Por una parte, se potenciaba la rehabilitación, a la que se quería destinar el 35% de la inversión inmobiliaria, en un intento de canalizar a ella el empleo destruido por la parálisis de la obra nueva. También se quería aumentar el número de viviendas en alquiler, pasando del 13 al 20%.

Para socorrer a las entidades financieras y promotores de suelos en cartera se procuró, en sentido contrario a la anterior política de “abaratar suelo”, evitar su depreciación, ampliando los plazos de valoración para suelos con planeamiento aprobado y aplicándoles la ley anterior, más favorable porque permitía incluir expectativas urbanísticas.

Con la resaca de la crisis, a la que no fue en absoluto ajeno el estallido de la “burbuja inmobiliaria”, sistemáticamente alimentada por todos los gobiernos anteriores, el tema urbanístico propiamente dicho pasa a un segundo plano. Los múltiples desarrollos urbanísticos fallidos hacen prácticamente inoperantes los grandes proyectos desarrollistas del pasado reciente. Ya no tenía sentido una nueva Ley del Suelo específica que, como las anteriores, se centrara en nuevos desarrollos y en valoraciones crecientes que en definitiva fomentan la especulación con el precio de los terrenos.

Como alternativa, cobran impulso la rehabilitación, el equipamiento de barrios y la renovación urbana. El nuevo enfoque encaja bien con la humanización de los centros urbanos, la racionalización del transporte y la sostenibilidad en general. De todas formas no parece que estas actividades puedan sustituir al desmesurado crecimiento de la industria de la construcción de las décadas precedentes.

Aunque las ventajas del planeamiento parecen evidentes, el modelo seguido a lo largo de todos estos años presenta graves inconvenientes. Al ser expansivo, choca finalmente con las limitaciones de un territorio que no puede estirarse indefinidamente.

Pero hay algo más determinante aún. Es la idea, que ya estaba presente en la primera ley, del “valor expectante”. Los suelos “esperan” aumentar su valor por decisiones administrativas que permiten urbanizarlos. Recordemos que en la ley inicial se recogía el sistema de expropiación para obtener suelo público, y que ya existía una Ley de Expropiación Forzosa “por causa de utilidad pública o interés social”. Esta ley permitía a las administraciones obtener suelo público pagando un justiprecio, como indemnización al propietario que perdía la titularidad, para resarcirlo de las pérdidas ocasionadas en su patrimonio y en la actividad cesante (incrementado en un sentimental 5% como premio de afección). ¿Pudo utilizarse la expropiación como fórmula exclusiva para crear suelo urbano? La realidad es que en las circunstancias del momento no era posible. El omnímodo poder de los propietarios de la tierra y del capital pedía otras soluciones. Que además eran realistas y razonables.

Se trataba de una necesidad perentoria en un momento de penuria económica, el Estado no tenía capacidad para abordarla, y por eso se utilizaron las otras figuras impulsoras del planeamiento para dar entrada a la iniciativa privada en el proceso urbanizador, mediante la obtención de importantes plusvalías (aunque la propia ley y las sucesivas intentaron tímidamente recuperar parte de ellas mediante cesiones obligatorias).

Iniciado el camino, adquirió pronto proporciones grandiosas. El cambio de calificación de un suelo suponía (y supone) un impresionante aumento de valor. El sector inmobiliario y el financiero han sido los grandes beneficiarios del procedimiento, al menos hasta la estrepitosa caída del tinglado. Por contra, la pretendida recuperación de las plusvalías por la comunidad ha sido mucho menor.

Otro efecto importante ha sido el incentivo que supone el procedimiento como promotor de corrupción. Si la recalificación de un suelo puede producir una fabulosa ganancia, puede por eso mismo propiciar el pago de jugosas comisiones a elementos corruptos situados en lugares clave de la Administración, en el nivel preciso. Así es fácil el paso de la colaboración a la complicidad. ¿Habrá que citar ejemplos concretos?

Los diversos niveles de los órganos encargados del planeamiento son otros tantos puntos débiles que propician estas prácticas. El Estado central, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, han sido objeto de presiones diversas (y no únicamente se trata de sobornos) para favorecer los intereses del sector de la construcción y los capitales asociados a él. No olvidemos que no todo está en la ley. Alguien que sabía mucho de esto, el Conde de Romanones, dijo en una ocasión: “Dejad que ellos [los diputados] hagan las leyes, yo haré el reglamento”. En los reglamentos de la ley, más allá de sus declaraciones de intenciones, está la política real. Pero mucho más abajo, en los órganos encargados de su aplicación, están sus efectos prácticos.

No quiere decir esto que todas las decisiones de los ayuntamientos hayan sido venales. Muchas han sido tomadas con la mejor de las intenciones, pero con una mentalidad capitalista que ha hecho ver en el beneficio monetario inmediato lo más conveniente. La monetización de las cesiones de suelo citada más arriba es un claro ejemplo. Y muchos de los terrenos para edificios públicos, instalaciones deportivas, parques o jardines, han sido una migaja obtenida, incluso por las corporaciones progresistas, a cambio de enormes ventajas económicas para los dueños de los terrenos y del capital.

Hora es de un cambio fundamental en el abordaje del tema urbanístico, empezando por la propiedad del suelo.

¡Casi nada!

miércoles, 27 de julio de 2011

Sobre la Constitución Europea

Produce melancolía la correosa tardanza de la mayoría para percibir y comprender los procesos lentos, aunque se desarrollen delante de sus ojos. Debido a ella, los manipuladores de la opinión tienen tiempo suficiente para dirigirlos según su conveniencia. Siempre la causa lleva ventaja al efecto. La tortuga no puede alcanzar a Aquiles.

Lo que hace más de seis años se veía venir, ya está aquí. Pero la mayoría aún funciona con las viejas ideas. Como una gallina sin cabeza que aún corre por el patio.

Si leéis algunos de los subrayados de lo que entonces escribí (para poquísima gente, como ahora: muchos más siguen leyendo El País) no necesitaréis siquiera actualizarlo. Tal vez sea suficiente sustituir el nombre de Bush...

El pueblo español, que aprobó en referéndum esa fallida (pero no tan fallida) constitución, abre ahora los ojos. Lentamente...

Hay que comprender esto, hacérselo ver a los demás, ¡y corre prisa!

De lo contrario, solo nos quedará la definitiva tristeza de Luis Cernuda:
Un día, tú ya libre
de la mentira de ellos,
me buscarás. Entonces 
¿qué ha de decir un muerto?

Acto solemne de la firma de la "constitución europea"




















La cultura política del consenso, tal vez la única posible durante la transición democrática (Vázquez Montalbán decía que el motor de aquel proceso fue un equilibrio de debilidades, más que de fuerzas) tuvo como consecuencia que las cuestiones acordadas por una mayoría de fuerzas políticas hayan adquirido desde entonces para casi todos la categoría de verdades indiscutibles. Y desde el golpe del 23 F estas cuestiones incuestionables, que hasta esa fecha mantuvieron un cierto equilibrio entre propuestas de izquierda y de derecha, se escoraron inexorablemente hacia estas últimas posiciones, sobre todo tras la victoria electoral del PSOE y su deriva subsiguiente: sólo por recordar lo más sobresaliente, pensemos en el referéndum de la OTAN, la reconversión industrial y la reforma laboral, presentadas todas como inevitables y como un seguro para evitar males mayores. En todos estos temas, el consenso PSOE-PP, disfrazado de confrontación en temas menores o de reparto de poder, ha constituido la verdadera pinza (¿se acuerdan de la otra?) que ha conducido insensiblemente a la mayoría a aceptar, siquiera como mal menor inevitable, el pensamiento único neoliberal.

En lo que se refiere a Europa, el “europensamiento” hegemónico establece tres cosas que aparecen fuera de todo debate posible. En primer lugar, el proceso de integración es intrínsecamente beneficioso, al margen de cualquier consideración sobre cómo se realice. En segundo lugar, no hay alternativa posible. En tercer lugar, todo el que se oponga es un colaborador objetivo de la extrema derecha (valen para esto tanto Le Pen como Bush). En este contexto no cabe la distinción izquierda-derecha, sino la que se da entre “euroescépticos” y “europtimistas”, y no afecta a la dirección del proceso, sino únicamente a la velocidad, porque cualquier cuestionamiento se aleja de la corrección política establecida.

El tratado que establece la mal llamada Constitución busca sobre todo resolver (amarrar) problemas vitales para los poderes económicos, burocráticos, mediáticos y políticos que la impulsan. Las clases dirigentes pretenden obtener así un cheque en blanco para sus políticas, mediante la deliberada confusión de sus intereses con los intereses generales. El imaginario colectivo atribuye a la palabra “constitución” unos valores positivos que evocan derechos, poderes y democracia. Lo real, sin embargo, es que en este caso los “señores del tratado”  nos otorgan una carta que en realidad expropia a las poblaciones el poder constituyente de definir las reglas, valores y principios para su autogobierno. Los procesos simultáneos de globalización e integración europea están propiciando una crisis de la democracia junto a la separación entre el pueblo y lo público.

Se puede decir que en este tratado, lo que queda de la socialdemocracia (restos devaluados) ha puesto lo declarativo y menos definido (lo modificable por mayoría), mientras la derecha liberal ha incluido lo vinculante y más detallado (lo que requiere en todo caso la unanimidad para cambiarlo).

Zapatero convoca este referéndum (no vinculante, por cierto), porque para él supone un plebiscito que puede reforzar su exigua mayoría, justo cuando la derecha política y económica y las burguesías nacionalistas, a las que también interesa, no van a oponerse al que propone. Al mismo tiempo, al plantearlo aquí, donde el euroescepticismo es tan menguado, el refrendo esperado será una ayuda para sus colegas de otros países, con opiniones públicas más divididas. Y además, el consentimiento de las poblaciones es un seguro que dificultará hablar más del real déficit democrático (a fin de cuentas, quien consiente, consiente).

Para terminar, expondremos algunas razones para decir NO a este tratado:

1º: rompe con el constitucionalismo social predominante tras la 2ª Guerra Mundial, y con la Constitución Española, supeditando lo social al mercado, en vez de organizar a éste y a la vida pública en función de la política y los derechos fundamentales.

2º: se constitucionalizan las políticas neoliberales, que en el largo, concreto y detallado apartado tercero precisan meridianamente los límites de aplicación de la Carta de Derechos. A partir de ahora, las políticas “socialdemócratas” serán más difíciles, uniéndose a los obstáculos políticos generales los jurídicos e institucionales. La lógica económica seguirá a toda prisa; la regulación política, laboral, social y económica no podrá alcanzarla. No en vano, justo cuando se amplía la Unión a países con gran desnivel económico, se reduce el presupuesto comunitario ¿qué convergencia se propone? 

3º: En el contexto internacional, pese a lo que se afirma, la Unión no supondrá ningún contrapeso a los EE.UU., al considerar a la OTAN complemento indispensable de la defensa europea, que se une estructuralmente a la Administración Norteamericana. Bastará una formal autorización de la ONU para intervenir en una guerra preventiva. Y al mismo tiempo se incrementan poderosamente los presupuestos militares y la investigación militar. Más que un contrapeso a los Estados Unidos, se proyecta un clon de los mismos.

Imposible matizar más: y en definitiva ¿quién matizará ese supuesto sí crítico que algunos piden?

Juan José Guirado Fernández
Febrero de 2005

Piolín: ¡tarde piaches!