Desmontar las patrañas no es difícil: "la mentira tiene las patas cortas", "se coge antes a un embustero que a un cojo"... La dificultad empieza cuando el mentiroso repite su cuento una y otra vez, con un potente altavoz, mientras los desmentidos, por muy razonados que estén, son prácticamente inaudibles. El desinformado llega a acusar al objetor de "no decir nada al respecto", y "quien calla otorga".
El ruido mediático ahoga la verdad en un mar de voces. Los medios más influyentes, a cuya influencia es imposible sustraerse, los posee el capital. Los públicos no son en la misma medida controlados por el gobierno. Cosas de la democracia cuando convive con el capitalismo.
Cuando el capital se ve mínimamente amenazado moviliza todos sus medios. Prensa, radio, televisión, partidos de la derecha, y toda una clase social alarmada, que ve un peligro en que la izquierda del PSOE y la de más allá del PSOE tenga una mínima cuota de poder.
Contribuye a facilitar la labor de zapa el patético espectáculo parlamentario, con un chantaje permanente en que todos (gobiernos autonómicos, nacionalistas del centro y de la periferia, partidos de la derecha) juegan su propia partida de póquer, mientras un gobierno acosado por todos lados es el único que lucha para mantener el estado de alarma, única forma en democracia de limitar la libertad de circulación.
Cualquier acuerdo con unos escandaliza a los otros, mientras es elogiado por los primeros como un tanto que se apuntan ante "su público".
Bildu presume de defender a los trabajadores al exigir la derogación de la reforma laboral, pero la exigencia era un brindis al sol, porque eso formaba ya parte de los acuerdos de gobierno. Sin añadir nada se apunta un éxito ante los suyos, y de paso la derecha se apunta otro con su gente.
Escandalizarse por declaraciones cargadas de razón es otra práctica innoble pero eficaz. Los suyos no descienden a un análisis objetivo.
Ahora toca ir a por otro ministro, por su reacción ante un polémico informe de la Guardia Civil, muchos de cuyos detalles encontraréis aquí:
Más cuestiones tergiversadas. Sobre la derogación de la última reforma laboral, esta es la opinión generalizada entre los sindicalistas:
Aunque esa redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores no es posible hacerla totalmente "aquí y ahora", se han dado pasos importantes, dada la urgencia que exigía la situación. Los adoradores de la simultaneidad no entienden de tiempos ni espacios.
La revista Nuestra Bandera ha dedicado su número 246 al mundo del trabajo. Convendrá señalar que su contenido es anterior a todas las polémicas que han generado tanto las declaraciones de Yolanda como el numerito montado entre de Bildu y la derecha parlamentaria.
Un artículo introductorio de Enrique Santiago historia la génesis y las sucesivas modificaciones sufridas por dicho Estatuto. Y sobre el acuerdo de gobierno acordado afirma expresamente:
El acuerdo programático alcanzado entre Unidas Podemos y el PSOE para poner en marcha el Gobierno de coalición incluye expresamente la derogación de la reforma laboral de 2012, además de establecer como principales y urgentes objetivos derogar el despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, eliminar las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo recuperando la ultraactividad, limitar los «descuelgues empresariales» de los convenios y derogar la prioridad de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. También se contempla la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, previo diálogo con los agentes sociales y puesta en marcha de un grupo de trabajo para su redacción integrado por expertos del ámbito académico y profesional. El nuevo Estatuto de los Trabajadores deberá recuperar los derechos laborales y sociales arrebatados a la clase trabajadora durante los últimos años e incluso incorpora mecanismos de exigibilidad automática de los derechos sociales, económicos y laborales propios del mundo del trabajo. El acuerdo programático también contempla modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios ajenos a la actividad principal de la empresa, la continuación de la subida paulatina del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar al final de la legislatura el 60% del salario medio en España, aproximadamente 1.240 euros, y otras medidas sobre políticas activas de empleo, causas de despido y potenciación de la formación profesional, con el fin de reducir sustancialmente el desempleo juvenil y mejorar las condiciones salariales y laborales de la juventud en España.Y en el mismo número la profesora de derecho del trabajo Adoración Guamán hace estas consideraciones sobre un nuevo estatuto del trabajo:
En estas complejas circunstancias, la llegada del primer Gobierno de coalición desde la II República ha abierto los años veinte del presente siglo con una promesa electoral compartida por los dos socios del ejecutivo: la nueva década tendrá un nuevo ET. La ambición de la propuesta es enorme por varias razones. En primer lugar, por la complejidad técnico/política que supone abordar la redacción de un nuevo marco normativo que sea capaz de orquestar las relaciones de trabajo en el país respondiendo a los nuevos retos y a los viejos lastres; en segundo lugar, por las divergencias en cuanto al modelo de partida que existen no solo entre los socios de Gobierno, sino también, y principalmente, entre estos y los lineamientos que desde la Unión Europea (o desde el propio Banco de España) llevan años predicándose como recetas laborales para España; y, en tercer lugar (y sobre todo) por la compleja y urgente situación de partida en la que se encuentra nuestra realidad sociolaboral tras el azote de una década de regresión en los derechos sociolaborales.
Esta compleja situación aconseja, o más bien exige, efectuar una digresión en el camino hacia la elaboración de la nueva norma para responder con la urgencia necesaria a una emergencia social clara: la extensión de la precariedad, de la desigualdad y de las trabajadoras y trabajadores pobres (algo que hasta el propio FMI ha aceptado).
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