En el último programa de La Noche Temática apareció un reportaje titulado El algoritmo contra el crimen. Desgraciadamente, las políticas de derechos de propiedad intelectual harán inaccesible el vídeo en el plazo de un mes.
Como el título indica, se estudiaba el tratamiento estadístico de ingentes cantidades de datos sobre las circunstancias en que se produce el delito para detectar los que probablemente se producirán en el futuro antes de que se cometan. Con tan loable propósito se analizan los tiempos y lugares en que se han cometido anteriormente y las características de todo tipo de los delincuentes, especialmente su inserción social, y así se pretende establecer una especial vigilancia sobre zonas, fechas y horas peligrosas, pero muy especialmente sobre aquellos individuos que por sus características parecen abocados al crimen.
En principio, el uso de los algoritmos se apoya en su carácter objetivo, pero esta objetividad ignora el aspecto subjetivo que tiene la elección de los campos de datos, así como el empleo de informaciones del pasado que de forma recurrente congelan situaciones y cristalizan estereotipos.
Así, aunque no se expliciten como factores de riesgo la raza o el origen, otras variables consideradas enfocan de modo abrumador la vigilancia sobre colectivos estigmatizados, como negros e hispanos, hasta el punto que, a igualdad de peligrosidad real, un miembro de estos grupos será sospechoso, y en consecuencia resultará acosado, en un grado diez o más veces mayor que el arquetípico wasp.
Este hecho es uno de los argumentos más fuertes contra la supuesta neutralidad de la inteligencia artificial. Los sistemas expertos no pueden separarse de las bases sobre las que fueron diseñados y sufren sesgos sistemáticos que ni siquiera se les plantean. Las famosas leyes de la robótica de Asimov no dejan de ser un buen deseo, y en sus mismas novelas la inteligencia del robot se funde cuando afronta contradicciones insuperables.
El sistema hereda los prejuicios de su creador, y son estos los que debemos combatir.
Los miembros del grupo estigmatizado sufren la condena antes de llegar a cometer el hipotético delito. Pero incluso en un mundo determinista, un poder omnisciente no condenaría por un crimen aún no cometido, sino que directamente lo evitaría.
Lo que hace el algoritmo es perpetuar la exclusión social, esa que sirve a los nacionalismos racistas o xenófobos cuando tocan poder para justificar la persecución al diferente. Condenado de hecho por ser diferente, no por delincuente, aunque se lo considere tal en potencia.
El comportamiento del Estado polaco con el periodista Pablo González es buena muestra de esta represión preventiva en manos de la "justicia". No es por lo que hace, sino por lo que es.
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| Fotografía de Pablo González tomada por su amigo el fotoperiodista Juan Teixeira. - Cedida |
El secuestro de Pablo González
Teresa Aranguren
Pasó el verano, pasó la Navidad, entró un nuevo año, llegaron las vacaciones de Semana Santa, asoma la primavera... Y Pablo González continúa encerrado en una cárcel polaca. Lleva encarcelado un año y casi dos meses y no hay ninguna garantía de que el próximo 24 de mayo, fecha en la que supuestamente se revisará el mantenimiento de la prisión preventiva, ésta no sea prorrogada una vez más.
Pablo González, hay que recordarlo una y otra vez porque el silencio es una forma de olvido, fue detenido en la localidad polaca de Przemysl, fronteriza con Ucrania, cuando cubría la llegada de refugiados ucranianos a los pocos días de la invasión rusa de su país. La acusación era de espionaje para el GRU, los servicios de inteligencia rusos, y el argumento que la sustentaba era que disponía de dos pasaportes uno español a nombre de Pablo González y otro ruso con el nombre de Pavel Rubtsov. Porque Pablo o Pavel es nieto de uno de aquellos niños que se llamaron "de la guerra", hijos de republicanos españoles acogidos en la Unión Soviética para escapar del horror de la guerra de España; Pablo o Pavel nació y creció en Moscú hasta los nueve años cuando tras el divorcio de los padres vino con su madre a España. Tanto él como su madre, hija de uno de aquellos niños de la guerra, obtuvieron la doble nacionalidad, rusa y española. Por eso Pablo o Pavel tiene dos pasaportes, habla ruso perfectamente y se especializó como periodista en el llamado espacio "postsoviético". Todo esto se aclaró de inmediato al poco de su detención, pero no sirvió de nada. En realidad, son esos datos de su biografía los que le han convertido, a ojos de la policía polaca, en sospechoso no de espionaje sino de ser "prorruso" y ese es un delito imperdonable en una sociedad en la que la hostilidad a Rusia tiene hondas raíces históricas y poderosas razones actuales. Pablo González tiene en su contra no sólo haber nacido en Moscú, hablar ruso y tener un pasaporte ruso, sino también haber informado como periodista de la guerra del Donbas y por lo tanto haber tenido contacto con los secesionistas ucranianos "prorrusos" que se enfrentaban al ejército de su país. De hecho, en aquellos ocho años de guerra de la que apenas se hablaba, circuló una lista vinculada a la Fundación Soros con los nombres de prácticamente todos los periodistas que cubrían o habían cubierto la guerra del Donbas, a los que se calificaba de "prorrusos". Pablo González, junto a muchos otros, estaba en esa lista.
A diferencia del espía, el periodista busca difundir la información, contar lo que sabe y lo que otros le cuentan, su terreno es el de la exposición pública con su firma a la vista de todos, el del espía es el secreto y el anonimato. Son campos opuestos, pero en tiempo de guerra la verdad importa poco y el periodista a veces es un testigo incómodo al que conviene acallar.
Pablo González lleva ya más de trece meses en prisión, en régimen de casi total aislamiento, sin poder comunicarse por teléfono con sus hijos que en todo este tiempo no han podido oír su voz, con sólo una visita de su esposa, Oihana, cuando ya llevaba nueve meses en prisión y, hace poco más de un mes, la de su abogado, Gonzalo Boye, al que, tras un año de impedimentos, la fiscalía polaca ha reconocido finalmente como tal.
El ministro Albares sin embargo asegura que los derechos de Pablo González están siendo respetados por las autoridades polacas, claro que la credibilidad y la eficacia de nuestro inefable ministro de exteriores no es muy alta, basta recordar el giro de timón de nuestra política exterior respecto al Sahara cuyo mayor rédito hasta el momento, dejando de lado toda cuestión ética, consiste en haber envenenado las relaciones con un país amigo, Argelia, nuestro principal proveedor de gas hasta entonces y que lógicamente ha dejado de serlo, o la desastrosa preparación del viaje del presidente Sánchez a Marruecos sin garantizar siquiera que sería recibido por el rey Mohamed VI. En lo que respecta al caso de Pablo González, más que velar por la defensa de un ciudadano español encarcelado en un país extranjero en condiciones sumamente duras, el ministro Albares se ha comprometido con la defensa del buen hacer de la fiscalía polaca. O eso parece.
Se diría que la guerra de Ucrania que ha convertido a Polonia en eje y vanguardia de la política de la UE y por supuesto de la OTAN, elimina toda sospecha sobre los más que dudosos estándares democráticos de su sistema judicial y le confiere categoría de irreprochable.
El pasado 29 de marzo en la ciudad rusa de Ekaterimburgo fue detenido el periodista estadounidense Evan Gershkovich, corresponsal del Wall Street Journal en Rusia. Se le acusa de espiar para el gobierno estadounidense y, según el comunicado de Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, cuando fue detenido le pillaron "con las manos en la masa". La masa es el complejo militar industrial Uralvagonzavod dedicado a la producción intensiva de tanques, tema espinoso en tiempo de guerra sobre el que Gershkovich estaba preparando un reportaje. Por lo que ha trascendido hasta ahora las condiciones de su encarcelamiento son aceptables, pudo entrevistarse con sus abogados poco después de su detención y está en una celda con televisión, radio y un refrigerador. Y por supuesto cuenta con el apoyo de las autoridades de su país y de los países de la OTAN que se han apresurado a pedir su liberación, desde el Secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. "Los periodistas deben poder ejercer su profesión libremente y se les debe proteger", ha dicho Josep Borrell tras condenar lo que califica, y sin duda lo es, de grave ataque a la libertad de prensa. Pero tan loable contundencia a la hora de denunciar la detención de un periodista contrasta demasiado con el silencio del Sr Borrell y de muchos otros políticos españoles y europeos respecto al caso de Pablo González. Entiendo que Polonia es un país miembro de la UE y de la OTAN al que, a diferencia de Rusia, se le supone un comportamiento respetuoso con los valores que en teoría conforman la Unión Europea. Pero mucho me temo que ese es precisamente el problema: Polonia es Unión Europea y es OTAN, más aún, en estos momentos, es un miembro determinante de la política europea y atlántica hacia Rusia, pero no es un país fiable en términos de libertad de prensa, derecho a la información y sobre todo independencia del poder judicial. Y esto lo saben muchos políticos europeos que llevan más de un año mirando para otro lado mientras un periodista español y por lo tanto ciudadano de la Unión Europea languidece en una cárcel polaca. Como si hubiera caído en un agujero negro de silencios cómplices y olvido.
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