Muchos, inocentemente, caen en la trampa de oponerse como consumidores, a ellos mismos como trabajadores. Si uno no es capitalista y se opone por sistema a las huelgas en los servicios públicos, más que gafas para la miopía, necesita una operación de cataratas.
Más consumidores que trabajadores son los dueños del capital. Cualquiera de los otros, aún los bien pagados, da algo a cambio de su trabajo que para el capitalista vale más que lo que le paga. El capitalista lo tiene claro, entiende la dinámica de la lucha de clases e intenta siempre aumentar la brecha. Primero, la suya con los currantes. (También, de paso, la brecha salarial entre currantes).
Aunque el currelante no lo sepa ni se lo crea, produce plusvalor. Porque si deja de interesar lo que hace... ¡a la puta calle!
Han comenzado a prestar declaración ante los juzgados, varios controladores aéreos de Barajas y Torrejón de Ardoz imputados por abandonar las torres de control en un paro imprevisto que, a principios de diciembre del año pasado, provocó el cierre del espacio aéreo español y un caos en los aeropuertos.
Cuando nos posicionamos a favor de ellos no fue por su (bajo nuestro punto de vista) corporativismo y pertenencia a la aristocracia obrera, fue porque, objetivamente, les estaban modificando sus condiciones laborales a base de decretos y, para colmo, les obligaron a trabajar a punta de pistola según denunciaron. Eso sentaba un peligroso precedente para otros colectivos.
Cuando nos posicionamos a favor de ellos no fue por su (bajo nuestro punto de vista) corporativismo y pertenencia a la aristocracia obrera, fue porque, objetivamente, les estaban modificando sus condiciones laborales a base de decretos y, para colmo, les obligaron a trabajar a punta de pistola según denunciaron. Eso sentaba un peligroso precedente para otros colectivos.
Pues bien, Luis Vericat, abogado que representa a unos ocho mil afectados por aquel paro, ha indicado que reclamarán que indemnicen a los damnificados con 10.000 euros. Y no se ha quedado ahí porque a continuación, realizó toda una declaración de intenciones, a saber: "A partir de ahora todos aquellos colectivos que pretendan pisotear los derechos de los ciudadanos no les va a salir gratis” (sic)
Esa “no gratuidad” puede ir desde pagar multas inalcanzables para el bolsillo o, incluso, penas de prisión. Una advertencia para, por ejemplo, los trabajadores de la limpieza, de los astilleros o de otros gremios, que pretendan cortar una carretera o un puente, exigiendo que cesen los abusos de la patronal.
Los ciudadanos que entonces, empujados por una gigantesca campaña mediática, se cebaron con los controladores pueden ser, cualquier día, los siguientes de la lista.
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